Pirañas y caimanes
He aquí en colores destacados, la soberbia y arrogancia de uno de los grupos empresariales más poderosos de Chile, que ha crecido protegido por normas dictadas en virtud de los aportes indebidos a políticos de todos los sectores. Con un agravante adicional. Usando para ello los Fondos de Pensiones de los trabajadores chilenos que debemos cotizar obligatoriamente a ellos.
En una entrevista en el programa ‘Hora 20’ de La Red, emitido el lunes 23 de febrero, expresé, entre otras ideas, mi más completa solidaridad con los pobladores de Caimanes, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Choapa de la hermosa Región de Coquimbo, donde las aguas han sido contaminadas por las acciones ilegales de Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, empresa que no ha cumplido cabalmente un fallo de la Corte Suprema.
Me sorprendió recibir, al día siguiente, un mensaje de un representante de la empresa Pelambres que planteaba la posibilidad de una reunión para darme a conocer antecedentes sobre el tema. Destinan a un funcionario para contactar a una persona que no tiene ningún poder, como yo, ¿se imaginan cómo lo hacen con los que sí tienen poder de decisión o están cerca de los que deciden?
Probablemente nuestros lectores tienen muy fresca en la memoria lo que hizo Andrónico Luksic con el hijo de la Presidenta, pero no tienen idea de todos los recursos que los integrantes de uno de los grupos económicos más grandes de Chile, utilizan para imponer medidas que les sirven para hacer mejores negocios.
[cita]He aquí, en colores destacados, la soberbia y arrogancia de uno de los grupos empresariales más poderosos de Chile, que ha crecido protegido por normas dictadas en virtud de los aportes indebidos a políticos de todos los sectores. Con una agravante adicional. Usando para ello los Fondos de Pensiones de los trabajadores chilenos que debemos cotizarles obligatoriamente a ellos.[/cita]
Como me enseñaron mi madre, mis dos tías y la sociedad democrática, contesté amablemente que si eran antecedentes nuevos, me los enviaran a mi correo y aproveché de informarle que nunca doy opiniones privadas o públicas sin estudiar los hechos y que por ello conocía el fallo de la Corte Suprema de octubre del año pasado, los numerosos comunicados de prensa de la Minera y que, probablemente yo conocía Pelambres antes que él.
En efecto, fui senador entre 1990 y 1998, elegido con primera mayoría por los ciudadanos de Coquimbo y, por ello, me entrevisté con Andrónico Luksic padre, él acompañado de uno de sus hijos y sus técnicos, y yo, por mi amigo, camarada y experto Ingeniero de Minas, Juan Enrique Morales. En un ambiente cordial, conversamos sobre los aspectos positivos, los riesgos y los elementos negativos que un proyecto de esa envergadura produciría.
El dueño de la empresa se comprometió a respetar los derechos de los trabajadores, de los habitantes de la zona y a cuidar el medio ambiente. Como ha sido mi costumbre, visité el yacimiento a más de 3.400 metros de altura, ingresé a los túneles, conversé con los trabajadores en sus faenas reales y comí con ellos.
Posteriormente, durante los 8 años que fui senador, concurrí en numerosas ocasiones a la zona y advertí que había cumplimientos en algunas materias y algunos hechos negativos. Luego, en otras funciones, tuve conocimientos ocasionales de los problemas por la ampliación del proyecto y la búsqueda de ahorros económicos que aumentaban los riesgos de daños para el entorno.
En octubre del año pasado, la Corte Suprema enmendó los equivocados fallos de primera y segunda instancia, ¿el peso de la empresa en la zona quizás?, y acogió la demanda presentada contra Pelambres por representantes de los pobladores de Caimanes.
En sentencia definitiva, esto es, sin posibilidad de ser apelada por la Minera, la Corte Suprema de Chile acogió, por 3 votos contra 2, la demanda interpuesta por Cristian Flores en contra de Minera Los Pelambres por la operación del tranque de relaves «El Mauro», ubicado en la provincia del Choapa.
¿Qué constató la Corte Suprema?
El fallo señala, según esa publicación, que «las nuevas obras que se han ejecutado por la sociedad minera demandada, alteran y obstruyen el libre curso de las aguas y el flujo o cauce de las mismas. Con la construcción día a día de un nuevo muro de contención del tranque de relaves ‘El Mauro’ y con el vertimiento de desechos en el citado depósito se contaminan las aguas, todo lo cual impide a los actores y a todo el pueblo de Caimanes captar desde el pozo de agua potable rural las aguas que llegan de su descenso natural, y produce contaminación del recurso hídrico y deterioro del medio ambiente con el consiguiente perjuicio para la comunidad local».
La Corte recuerda que es deber del Estado garantizar el derecho de las personas a vivir en un medioambiente libre de contaminación, lo que no se cumple para los habitantes de Caimanes, localidad más cercana a la operación del mencionado tranque, con el depósito de materiales contaminantes, ya que según los análisis del perito citado en el proceso, y las tomas de muestras de las aguas provenientes del estero Pupío, que abastece de agua a la localidad, se ha sobrepasado en varias ocasiones las normas permitidas para el consumo humano.
La sentencia menciona que «el daño ambiental por contaminación abarca un amplio terreno, incluso sitios distantes unos 45 kilómetros de las faenas mineras y que si bien es cierto que la citada empresa, en materia medioambiental, cuenta con un informe favorable de la Corema, resulta discutible tal autorización, pues se estimó por los Jueces muy difícil que se pueda afirmar con certeza que por la ejecución de las faenas mineras que desarrolla la empresa ‘Los Pelambres’ no vaya a existir contaminación en ese lugar durante el lapso de 40 años en que se proyectó la utilización del tranque de relaves».
En virtud de los antecedentes conocidos en el proceso, el fallo determinó: «Se acoge la denuncia interpuesta a fojas 102, sólo en cuanto se ha deducido en beneficio de un bien nacional de uso público y en favor de la comunidad y, en consecuencia, se ordena a la sociedad minera ‘Los Pelambres S. A.’, que debe permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro».
También la Corte Suprema ordenó: «Para el cumplimiento perentorio de dicha medida, es decir, para los efectos de reponer el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la aludida comunidad, la sociedad minera demandada ‘Los Pelambres S.A.’ deberá proponer al Tribunal de primera instancia, dentro del plazo de un mes, el plan de ejecución de la obras necesarias para llevar a cabo ese cometido, las que podrán ejecutarse por medio de la demolición o remoción, total o parcial, de la obra nueva singularizada en el proceso –el muro de contención del referido tranque– que embaraza y turba el goce del recurso hídrico a los habitantes del pueblo de Caimanes, o bien, a través de otras obras principales o complementarias de las indicadas, que sean idóneas para la consecución del propósito perseguido con la acción intentada».
Quiero destacar una conclusión de la sentencia aludida. La Corte Suprema llegó al convencimiento de que “la faena desde la cual se origina el desecho denominado relave, y la ubicación fue escogida teniendo en cuenta tan solo consideraciones de orden económico, que se traducen en menores costos para la empresa».
Una empresa tan grande no demoró en poner en marcha a sus asesores comunicacionales. El día 21 de octubre, emitió un comunicado. ¿Acatando el fallo y pidiendo perdón a la comunidad? No, sostuvieron que “la operación del tranque no ha afectado la cantidad ni la calidad de las aguas del estero Pupío, tal como lo han acreditado distintas fiscalizaciones de la Dirección General de Aguas y otros servicios públicos”.
He aquí, en colores destacados, la soberbia y arrogancia de uno de los grupos empresariales más poderosos de Chile, que ha crecido protegido por normas dictadas en virtud de los aportes indebidos a políticos de todos los sectores.
Con una agravante adicional. Usando para ello los Fondos de Pensiones de los trabajadores chilenos que debemos cotizarles obligatoriamente a ellos.
Es cierto, vivimos en democracia, probablemente semisoberana, según el cientista político Carlos Huneeus. Hemos logrado, como país, disminuir la pobreza dura en porcentajes muy importantes, pero nuestra élite política actual ha perjudicado a la clase media y ha fortalecido el poder de los grupos económicos.
Por eso, la abrumadora mayoría de los chilenos los tiene mal calificados y no les cree. Deberían escuchar esas voces, cambiar los que han sido capturados a la fuerza y sumarse al alejamiento de los que han olvidado que la política es una de las más hermosas expresiones de la caridad cristiana y no el camino más fácil al enriquecimiento económico personal a costa del sacrificio de la mayoría del país.
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