¿Cómo disipar la sospecha –evidente a esta altura– para un chileno normal y corriente, a quien se le prometió una reforma laboral que emparejaría la cancha, de que la redacción de esta agenda laboral –que consolida el Plan laboral de la dictadura– fue el ámbito donde se expresó con mayor crudeza el sometimiento de la política al tutelaje empresarial del que por estos días hemos sabido tantos amargos detalles? ¿No es acaso el tema de la regulación del trabajo un área de interés sustancial para los grandes empresarios en Chile –esos poderes fácticos que dan créditos especiales y que pagan campañas políticas–, como para ver aquí un espacio de influencia prioritario alejado de las urnas y los votos?
¿Qué diríamos de una reforma al sistema educacional que no mejorara la situación de más de la mitad de los estudiantes? ¿O de una reforma a la salud que dejara afuera a la mayoría absoluta de los chilenos?
Obvio. Que no se trata de reforma alguna. O al menos de una que valga la pena ser llamada como tal.
Y eso es, precisamente, lo que ocurre con la reforma laboral propuesta por el Gobierno.
No hay aquí nada que se parezca a una reforma como las que este Gobierno ha comprometido llevar adelante. A diferencia de la reforma a la educación, que en algún sentido intenta un cambio que desafía el paradigma neoliberal en el área, el proyecto propuesto en materia de trabajo supone todo lo contrario: la consolidación definitiva del Plan laboral de la dictadura.
De ahí –en una muestra de mínimo pudor– que ni el propio Gobierno la llame reforma. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, la llama agenda laboral.
¿Qué diferencia a la agenda de Javiera de una Reforma laboral?
Veámoslo.
De partida, el proyecto no modifica el nivel de negociación colectiva, corazón del Plan laboral de Pinochet/Piñera: los trabajadores deben conformarse con negociar de modo colectivo en la empresa y nada más que en la empresa.
Si la negociación colectiva queda encapsulada en la empresa y para esa negociación se necesita un sindicato –y, por tanto, por ley a lo menos ocho trabajadores–, ¿cómo van a negociar colectivamente más de la mitad de los trabajadores chilenos que trabajan en empresas que no alcanzan ni siquiera ese número?
La solución es obvia y es la más común en buena parte de los países de la OCDE: la negociación colectiva se desarrolla en un nivel superior de la empresa y desde ahí baja –fijando las condiciones mínimas– para todos los trabajadores de un área o un sector determinado.
[cita] ¿Cómo disipar la sospecha –evidente a esta altura– para un chileno normal y corriente, a quien se le prometió una reforma laboral que emparejaría la cancha, de que la redacción de esta agenda laboral –que consolida el Plan laboral de la dictadura– fue el ámbito donde se expresó con mayor crudeza el sometimiento de la política al tutelaje empresarial del que por estos días hemos sabido tantos amargos detalles? ¿No es acaso el tema de la regulación del trabajo un área de interés sustancial para los grandes empresarios en Chile –esos poderes fácticos que dan créditos especiales y que pagan campañas políticas–, como para ver aquí un espacio de influencia prioritario alejado de las urnas y los votos?[/cita]
De más está decir que esa es la doctrina de la propia Organización Internacional del Trabajo la que señala que los trabajadores “tienen el derecho a elegir, por sí mismos y sin cortapisas de las autoridades, el nivel en que ha de celebrarse la negociación (nivel central, por rama de actividad o por empresa), y que deben poder suscribir convenios las organizaciones de base, las federaciones y las confederaciones (OIT, 1994a, párrafo 249, y OIT, 1996a, párrafo 783).
¿Cuál es el riesgo político que el Gobierno quiere eludir al no reformar el nivel de la negociación colectiva?
Obvio: que los trabajadores chilenos y el movimiento sindical que los represente adquieran, como en los países citados, agencia política y social propia –¿qué sería en ese “desgraciado caso” de algunos partidos que históricamente han pretendido controlar a dicho movimiento?–.
Los trabajadores chilenos –ilusos ellos– podrían acceder a niveles de negociación colectiva como las mejores democracias del mundo: sobre el 80% de cobertura colectiva en países como Suecia, Alemania o Francia, y en nuestro continente de 90%, como en Uruguay.
La pregunta es ¿por qué los trabajadores chilenos no pueden disfrutar del mismo trato legal por parte del sistema político que el que disfrutan los trabajadores de las mejores democracias del mundo, incluyendo casos latinoamericanos como el uruguayo?
La agenda de Javiera ni intenta una respuesta en este punto. El sonido de grillos, que le llaman.
Ahora, para evitar el bochorno de una reforma que no es reforma se ha inventado una excusa que suponíamos se la escucharíamos a la derecha: que eso sería inconstitucional. Raro, por decir lo menos, no hay una sola norma constitucional que obligue al legislador a mantener como único nivel obligatorio la negociación colectiva en la empresa.
Una gran tranquilidad, entonces, la agenda de Javiera para el empresariado chileno, porque la reforma laboral que “iba a hacer historia para emparejar la cancha” no se aplica a más de la mitad de los trabajadores chilenos, los que –por definición– seguirán sin acceder a un derecho fundamental reconocido en la Constitución: el derecho a la negociación colectiva (artículo 19, número 16, CPE).
Ahora, no solo lo que “olvidó” esta agenda hace que no sea una reforma laboral. De hecho, en lo que sí regula la cuestión, es igualmente ofensiva para los trabajadores. En una clara concepción hostil de la huelga –el Proyecto llega al ridículo de sancionar a los trabajadores que utilicen la fuerza moral en la huelga–, se establecen servicios mínimos potencialmente universales cuando la huelga pueda dañar los bienes o las instalaciones de la empresa. Es decir, se mantiene disfrazadamente el reemplazo en la huelga, pero ahora los reemplazantes –en el colmo de la ironía– deben ser provistos por los propios trabajadores.
Ni hablar de las normas de flexibilidad laboral que el proyecto consagra y que vienen a colmar un anhelado deseo del mundo empresarial chileno (el lector perplejo e incrédulo puede leer del artículo 377 en adelante de la agenda de Javiera).
El día de la presentación de esta agenda muchos dirigentes sindicales celebraron alborozados y exultantes. Obvio, nadie había leído ni una coma del proyecto. Eran como esos invitados a una tarde de té que, como en el mejor cuento de Allan Poe, no sabían que la inocente torta tenía su dosis de maldad.
Hoy, una vez que el sabor amargo ha sido digerido, la agenda que no es reforma ha logrado algo inédito: la casi total unidad sindical en Chile. Ya no quedan dirigentes sindicales independientes que no rechacen esta agenda laboral.
Ni la presidenta de la CUT –en su conmovedor oficialismo– ha podido defender tamaño despropósito y ha tenido que salir a decir que el proyecto requiere cambios sustantivos, cuando se suponía, tan solo meses atrás, que en esta fecha solo habría abrazos y celebraciones.
¿Qué ocurrirá con este presente griego del Gobierno al movimiento sindical chileno?
Salvo una acción enérgica del movimiento sindical, probablemente nada. En un Gobierno torpe en materias laborales, atrapado por la ideología neoliberal que reniega del conflicto laboral como una forma legítima de disenso social –“con mi reforma ya no harán huelgas”, decía Javiera hace poco en una entrevista– y con la necesidad desesperada de anotarse algún éxito político, esta agenda podría ser ley en poco tiempo más.
No es difícil predecir que en los días que vienen serán sometidos a un maquillaje sus aspectos más groseros –el proyecto está plagado de torpezas y agresiones al movimiento sindical–, pero se mantendrá la estructura central de la agenda de Javiera que hemos señalado. De ahí, a celebrar a Palacio –con trabajadores de fondo–, tratando de olvidar rápidamente el trago amargo de que se está aprobando una reforma que tiene un amplio rechazo en el mundo de los trabajadores.
Pero no nos engañemos, esto será un aparente –y solo aparente– éxito para la Nueva Mayoría. El éxito tendrá un costo mayor: ¿cómo disipar la sospecha –evidente a esta altura– para un chileno normal y corriente, a quien se le prometió una reforma laboral que emparejaría la cancha, de que la redacción de esta agenda laboral –que consolida el Plan laboral de la dictadura– fue el ámbito donde se expresó con mayor crudeza el sometimiento de la política al tutelaje empresarial del que por estos días hemos sabido tantos amargos detalles? ¿No es acaso el tema de la regulación del trabajo un área de interés sustancial para los grandes empresarios en Chile –esos poderes fácticos que dan créditos especiales y que pagan campañas políticas–, como para ver aquí un espacio de influencia prioritario alejado de las urnas y los votos?
La agenda laboral que sólo pretende abarcar a menos de la mitad de los trabajadores quedará inevitablemente atrapada por la sospecha del tutelaje empresarial y por venir, con bombos y platillos, a consolidar, ahora en democracia, el Plan laboral de esa dupla inolvidable: Pinochet/Piñera.
A todo esto, ¿y los trabajadores?
Salvo que asuman un nivel inédito de movilización por sí mismos –¿hasta dónde durará la paciencia oriental exhibida por los trabajadores desde el retorno a la democracia?–, deberán seguir esperando a que alguien, vaya a saber quién, pague esa “deuda histórica” que nuevamente quedará pendiente.
Igual, mientras esperan, pueden seguir disfrutando del mismo espectáculo desde el retorno a la democracia: el de las sirenas cantando a una sola y afinada voz.
