Lavado de activos y política en Chile

Por estos días, Chile y España ostentan dos vergonzantes similitudes: los escándalos por financiamiento irregular de los partidos políticos y la temeraria impudicia de los involucrados. En Santiago o en Madrid, en tribunales, fiscalías o agencias tributarias, los argumentos ‘todos lo sabían’ y ‘todos lo aceptábamos’ son una constante, lo que revela cómo la ética de la probidad ha abdicado en favor de una rentable connivencia con el empresariado más corrupto y que ello entrañe, entre otros delitos, el lavado de activos.

Sectores tanto de derecha como de izquierda se han convertido en depositarios de la confianza y del lobby de los controladores de las grandes empresas. Un modus operandi cuyo horizonte ya auguraba Tangentopolis, el gran proceso judicial de 1992 que devino en paradigma de la lucha anticorrupción y que pulverizó a los partidos italianos.

Así, aunque tipificado por igual en Europa y Chile —conforme a la Convención de la ONU contra la Corrupción y a las imposiciones de la Ocde—, la diferencia está en el celo persecutorio de los europeos, en especial del lavado de activos originado en el cohecho. Los casos Penta y SQM son una muestra: es evidente el ocultamiento o disimulación del origen y propiedad de dineros y/o bienes obtenidos como pago de sobornos, a los cuales se les da la apariencia legal de asesorías profesionales. La responsabilidad recae, por tanto, sobre personas expuestas políticamente, categoría que incluye, entre otros, desde la Presidenta hasta los parlamentarios y sus parientes en segundo grado de consanguinidad, quienes están obligados a reportar las operaciones mercantiles que comprometan el ejercicio de sus funciones. La Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público, son los encargados de vigilar, denunciar y sancionar las actuaciones sospechosas que revistan este carácter.

Por ello, no cabe la impunidad ni la negación del vínculo objetivo entre tales personas expuestas y las conductas delictivas que subyacen en las operaciones mercantiles que les han otorgado financiamiento. Lo contrario sería una flagrante vulneración de la democracia.