En una entrevista concedida a CNN Chile a propósito del debate que se ha generado sobre los altos ingresos de los sueldos y las dietas parlamentarias, el diputado independiente Joaquín Godoy argumentó la defensa del salario mediante una tesis que resulta bien particular: un sueldo elevado de los parlamentarios permite independencia económica y en consecuencia libertad en la toma de decisiones.
Esta tesis guarda una estrecha relación con aquello que se encuentra actualmente en debate en nuestra sociedad. ¿Qué tipo de democracia es la que tenemos y cuál es la que deseamos?
Una nota interesante al respecto de la tesis del diputado Godoy implica preguntarnos acerca de qué tipo de político tenemos –o aspiramos–. Para el diputado, un buen político implica tener ciertas capacidades y condiciones, tales como: conocimientos técnicos, títulos universitarios, postgrado (deseable), además de capacitación continua, vale decir, un político debe ser experto. La experticia involucra no solamente certificación para tener personas de “primer nivel” en la política, sino que al mismo tiempo –y de manera audaz, sostiene– estos hombres de primer nivel (¡¿y cuya preparación lo es?!) tomarán las mejores decisiones para el país.
La audacia de esta aseveración va de la mano con una jugada digna de final de campeonato de Copa América: por todo lo anterior, un buen sueldo es necesario porque tiene dos efectos que debe perseguir. El primero tiene que ver con la dedicación completa; mientras que el segundo tiene como condición “equiparar la renta acorde al mercado”. Este segundo punto es sustancial, equiparar la renta en el mercado plantea la necesidad de que la política deba relacionarse con las lógicas de mercado.
Al ser los políticos especialistas, atraer a los mejores a la esfera pública requiere seducirlos con sueldos competitivos a los que se encuentran en el sector privado, pues de lo contrario existiría una fuga de este “capital humano avanzado”. Los periodistas, con justa razón, preguntan al diputado dos cuestiones fundamentales en torno a la política: “¿Los políticos deben ser expertos?» y «¿postularía algún político actual a trabajar en su cargo por la mitad de su sueldo, esto es, y como se ha escuchado a lo largo de esta semana, ‘por un sueldo reguleque’?”.
[cita] El problema del diputado Godoy es que entiende la idea de depósito no como proyecto común sino como fin instrumental: el depósito es en cuenta corriente, rut, de ahorro o depósito a plazo, donde poseer un sueldo alto le permitirá una cierta autonomía (económica) y libertad para tomar decisiones. El proselitismo y la burocratización en la razón instrumental con olor a mercado identifica al político experto con el gerente y el ejecutivo de empresa, su analogía estriba en la paradoja misma de las democracias modernas ante el peligro constante de la tecnocracia y el despotismo ilustrado del certificado. [/cita]
¿Debemos recordar hasta el cansancio (hastío) que los diputados chilenos están entre los mejor pagados en los países que conforman la OCDE?
Si bien la respuesta a esta pregunta ha sido ampliamente debatida, y sigue ese proceso aún, llama la atención esta forma tan peculiar de entender la política. Ante esto podemos establecer dos consideraciones que nos permitirán diagnosticar a qué tipo de democracia se está haciendo referencia:
1.- Desde esta visión la democracia platea un estrecho vínculo con una acepción bien particular del liberalismo. La puesta en escena planteada por el diputado concibe a la política como un espacio de movimiento racional y universal, donde la economía cumplirá un rol preponderante en lo que a política se refiere.
Racional porque las personas son entendidas como individuos particulares guiados por sus propios intereses y por la satisfacción de estos. En este sentido, el móvil que los llevará a relacionarse y a actuar en el mundo político será, básicamente, de una manera instrumental.
Universal, debido a que este espacio se presentaría neutro, pues el Estado garantizaría que los individuos puedan perseguir sus propios intereses entrometiéndose lo menos posible en ello (Estado mínimo), pero resguardando que unos individuos de manera arbitraria no solapen la libertad de otros; el móvil por el que se mueven los individuos sería el interés, idea que surge con los liberales-demócratas anglosajones, donde el comercio cumple un rol fundamental en los proyectos de vida. Cómo se traduce esta premisa hoy en día: una democracia económica toma las ideas del mercado y las aplica en la política, entendiendo a esta como un constructo de conceptos tomados y aplicados a partir de la economía.
Por lo tanto, no es rara la premisa planteada por el señor Godoy: personas de primer nivel serán aquellas con conocimientos técnicos certificados y evidenciados (capacidades y condiciones), pues son personas preparadas para tomar decisiones. No existe ninguna diferencia con un gerente o alto ejecutivo de empresa, el sector público se sustrae instalando en él las lógicas que mueven el sector privado, mezclándose hasta la (con)fusión estas dos esferas. La competitividad –base de relación propia del sector privado- sería el mecanismo de interacción tanto de la política como de la empresa, a tal punto que uno y otro no difieran, es decir, hablar de empresa o de Estado es lo mismo porque ambos se rigen bajo las lógicas económicas del mercado. La empresa prestará servicios de orden privado, la política prestará servicios de orden público, lo que difiere no es la lógica prestamista de los servicios sino su especificidad.
2.- Los políticos son aquellos que poseen conocimientos técnicos y son al mismo tiempo los expertos capacitados para tomar las decisiones. ¿Qué ocurre con el ciudadano?, al parecer no le quedará más remedio que buscar algún tipo de identificación acorde a su propio interés, convirtiéndose en su único móvil.
Políticamente, el ciudadano exigirá a la política y particularmente al Gobierno de turno, que se desempeñe como deseablemente esperamos que se comporte el árbitro en la final de la Copa América: imparcial. La imparcialidad concebida en términos puramente instrumentales, tanto neutral como eficaz. Este principio debe velar sobre todos por igual, por lo que debe tener un carácter universal.
Estas exigencias son las mismas que nosotros hacemos a una empresa como consumidores, ya sea en negocios o en créditos. Para ello, la política –al igual que las empresas– deben tener grupos que compitan: si a mí no me satisfacen los servicios prestados por una empresa me voy a otra; la política operaría bajo estas lógicas: los partidos políticos en pugna son apreciados como empresas que buscan captar consumidores en su calidad de votantes.
Esta forma de entender las lógicas del ciudadano/consumidor está cargada de aroma schumpeteriano. Esta óptica concibe una doble relación del ciudadano. Por una parte, los ciudadanos cumplirían un rol pasivo en el que se limitarían a concebir objetivos netamente individuales, estableciendo relaciones con los demás bajo fines puramente instrumentales; por otra parte, la política concebiría al Estado como un instrumento común, eficaz y neutro en el que se garantizarían las libertades de los individuos para realizar sus propios fines, entrometiéndose lo menos posible (libertad negativa).
Esta imagen de la democracia nos da varias luces de acuerdo a las preguntas que plantearon los periodistas de CNN Chile: ¿Los políticos deben ser expertos o deben ampararse en los principios de representatividad?
Uno de los problemas centrales de la premisa “políticos expertos” son las consecuencias que conlleva en torno a la democracia. Una democracia plateada de esta manera se encuentra cercenada. Una concepción de políticos expertos, competentes, de primer nivel, encuentra su sentido en una gran parte de individuos inexpertos, incompetentes y de segundo orden en el que se encontraría desplegada la mayoría de la sociedad. Una élite racional y rica fue el anhelo de los positivistas ilustrados del siglo XIX, donde el mito del progreso indefinido, tarde –bien tarde– o temprano, se ampliaría a toda la esfera social.
Vivir amparado en esos ideales en pleno siglo XXI es un despropósito. Por otro lado, esta visión omite algo desgarrador: el saber técnico cada vez más especializado, progresivamente se asocia a un saber de élite, en consecuencia, no es accesible a la mayoría. Este saber técnico cobra sentido en su eficacia: entre menos sean los especialistas mayores serán los resultados. La masa “ignorante” no posee las competencias para tomar decisiones, así se atribuye este conocimiento especializado exclusivo para unos pocos.
El espacio político es desgarrado entre una élite tecnócrata que toma las decisiones y la esfera pública que es su destinatario natural. De esta manera existiría una especie de dimensión oracular. Las deliberaciones y toma de decisiones que deben ser vigiladas y controladas por la esfera pública, concretamente los ciudadanos, son publicitadas, pero poseen un carácter oculto: tal como el lenguaje de la pitonisa, la sibila o el chamán, vemos y oímos el ritual, sin embargo, el mensaje es indescifrable o en su defecto no lo llegamos a comprender en su totalidad. En el caso de la política será la distancia insalvable que existe entre el experto y el ciudadano a pie.
En este sentido se corre un peligro, el ciudadano progresivamente deja de tener incidencia en las deliberaciones y pierde potestad en la toma de decisiones. Se aleja de la participación porque sería erróneo inmiscuirse en asuntos que le resten eficacia al Estado –recordando las palabras de senador Andrés Zaldívar: “Al momento de tomar decisiones no se debe escuchar a la calle”–. ¿Qué rol cumple el político experto? El de guiar y ordenar el gran cúmulo de conocimientos, es decir, ser coaching de los especialistas.
Para Taylor una democracia viable debe ser aquella en que los ciudadanos se sientan correspondidos por las instituciones políticas al considerarlas bienes públicos: una propiedad plural, no singular; una propiedad común a la que “nosotros” consideremos constitutiva y legítima porque posee valor para “nosotros”. La política encuentra en la articulación de bienes comunes y no convergentes un discurso de dignidad que deposite el baluarte y el carácter de la sociedad, porque es la sociedad en su conjunto la que proyecta y persigue fines comunes.
El problema del diputado Godoy es que entiende la idea de depósito no como proyecto común sino como fin instrumental: el depósito es en cuenta corriente, rut, de ahorro o depósito a plazo, donde poseer un sueldo alto le permitirá una cierta autonomía (económica) y libertad para tomar decisiones. El proselitismo y la burocratización en la razón instrumental con olor a mercado identifica al político experto con el gerente y el ejecutivo de empresa, su analogía estriba en la paradoja misma de las democracias modernas ante el peligro constante de la tecnocracia y el despotismo ilustrado del certificado.
