El artículo 19 de nuestra Constitución señala:
“La Constitución asegura a todas las personas: Nº 13. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía”.
Como se aprecia, el texto no deja dudas: el derecho está asegurado, por lo que le corresponde al Estado hacer todo lo necesario para que quienes quieran ejercer este derecho, puedan hacerlo sin cortapisas y para que el resto no sufra ningún tipo de consecuencias. En otras palabras, las autoridades políticas, administrativas y las de Orden, deben adoptar las medidas necesarias para que todos estemos seguros.
Que no mueva a confusión: los delincuentes deben pagar por sus delitos, no hay más vuelta. Pero resulta evidente que el Estado, a través de los órganos pertinentes, no hace su pega. ¿Alguien puede creer que no estén identificados los que causan destrozos? ¿Es que no se ha hecho trabajo de inteligencia? La fuerza pública debe desplegarse para proteger de los delincuentes a los manifestantes, a los transeúntes y a todas las personas que pudiesen resultar afectadas. Si esto no se logra, la responsabilidad es única y exclusivamente de las autoridades, no de quienes convocan. Claro, salvo que el que convoque lo haga incitando a la violencia.
[cita] Así, la responsabilidad recae evidentemente en el Estado, y más claramente en quienes administran el Estado, es decir, el Gobierno de turno. Es por eso que resulta llamativo que ni más ni menos el subsecretario de Interior, el Sr. Mahmud Aleuy, haya lanzado la afirmación de que el 30% de los manifestantes en una marcha son delincuentes, más allá de las disculpas que posteriormente expresara, indicando que se trató de un error. [/cita]
Así, la responsabilidad recae evidentemente en el Estado, y más claramente en quienes administran el Estado, es decir, el Gobierno de turno. Es por eso que resulta llamativo que ni más ni menos el subsecretario de Interior, el Sr. Mahmud Aleuy, haya lanzado la afirmación de que el 30% de los manifestantes en una marcha son delincuentes, más allá de las disculpas que posteriormente expresara, indicando que se trató de un error.
Como es sabido, el Sr. Aleuy es un antiguo personaje de la política nacional; su currículo es extenso y conocido por quienes nos interesamos en la política. Desde esta perspectiva es que lo afirmado por el subsecretario merece un poco más de atención, puesto que, por lo menos a mi parecer, resulta improbable que se haya tratado de un error.
En efecto, es cosa de poner un poco más de atención en los últimos acontecimientos para darse cuenta que existe un propósito escondido en sus palabras. La Presidenta ha informado al país que el programa no se cumplirá, por lo menos en la extensión que se había prometido, y que se “priorizará” aquellas áreas donde sea posible avanzar. La gratuidad en la educación, ya sabemos, no será universal; la reforma laboral será menos intensa que lo ofrecido en campaña; la construcción de hospitales se verá mermada; la reforma previsional no será siquiera discutida. Aún queda ver qué otras materias serán puestas en segundo plano en virtud de la “priorización” anunciada. O sea, asuntos en que la población se ha movilizado masivamente serán postergados, generando obviamente una desilusión y, por qué no decirlo, una indignación que debiera traer como consecuencia nuevas y quizá mayores movilizaciones. Entonces el 30% de Aleuy es una anticipación al discurso que se utilizará para deslegitimar estas nuevas movilizaciones: se trata de delincuentes que se toman las calles y quienes llaman a estas movilizaciones se transforman en cómplices del lumpen.
En otras palabras, el mensaje de Aleuy es que la movilización social estará deslegitimada por la infiltración masiva de delincuentes, y cualquiera que convoque u organice manifestaciones públicas buscará instalar el caos en nuestro pacífico país. A no engañarnos, el mensaje de Aleuy no fue un error; fue fríamente calculado (incluso las disculpas), y tiene un objetivo: desmovilizar al país.
