La semana que pasó fue relevante por el ingreso de dos iniciativas al Parlamento que son importantes para el Movimiento Social por la Educación: el proyecto de desmunicipalización y la implementación de gratuidad en educación superior para el 2016 vía Ley de Presupuesto.
La gratuidad es la medida que más ha levantado polémicas y donde se evidencia la improvisación del gobierno, cambiando la propuesta seis veces desde su anuncio el 21 de mayo, restringiendo la discusión a montos, porcentajes e instituciones. Mientras tanto, la Confech trabaja en mesas prelegislativas con el Mineduc, para conocer y contrastar las visiones de ambas partes; presentar y discutir los diferentes ejes de cada propuesta; para finalmente abogar por una Reforma a la Educación Superior que cambie las lógicas actuales y garantice la educación como un derecho social.
En cambio, con la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto el gobierno nos entrega una visión completamente distinta de la educación. No existe ninguna glosa para fortalecer la educación superior pública; se sigue inyectando recursos al mismo sistema sobre la base de la acreditación que ha demostrado ser incapaz de medir la pertinencia de los estudios; el Crédito con Aval del Estado aumenta en un 37% –casi el triple que el aumento para 2015–; se mantiene un sistema de financiamiento por alumno, que en la práctica es un voucher encubierto. En definitiva, desde Hacienda el ministro Valdés nos habla de austeridad mientras se gastan recursos ineficientemente en beneficio de instituciones con intereses privados y los bancos.
Esto no revierte las falencias actuales del sistema, eso es algo que solo será posible por medio de un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, significativamente distinto al actual. Un aumento del gasto público en educación pudo haber sido positivo, pero en la medida que fortaleciera la educación pública y avanzara en una gratuidad efectiva.
Lamentablemente, la transferencia de recursos sigue siendo hacia el mismo sistema actual que se continúa financiando según la cantidad de estudiantes y no por aporte directo de libre disposición, manteniendo la lógica del voucher. Es como si el Gobierno subsidiara el pasaje del Transantiago y, por ende, bajara el costo del pasaje. Eso no querría decir que el Transantiago en general va a funcionar mejor, porque hay otros elementos que hacen que el viaje en este medio sea bastante inhumano. Es decir, meter más plata a la educación de esta manera no implica una mejora al Sistema Educativo necesariamente, cosa que sí pasaría contando con un aporte basal directo, de libre disposición que financie tanto la docencia, como investigación y extensión.
El camino que adoptaron la ministra Delpiano, el ministro Valdés y la Presidenta Bachelet en definitiva fue crear una serie de expectativas a estudiantes y familias, sin responder a ellas, dejando primar el interés por cuadrar la caja. Como estudiantes nos preocupa esta actitud irresponsable del gobierno, poniendo en riesgo la posibilidad de una Reforma transformadora.
A su vez, se resolvieron los criterios que deben cumplir las instituciones para que sean consideradas dentro de la gratuidad. Nos parece que lo mínimo a cumplir debió ser: garantizar que las instituciones cumplan a cabalidad las funciones universitarias o técnicas –docencia, extensión e investigación/asistencia técnica– y no como sucede hoy con las instituciones netamente docentes; asegurar que los distintos estamentos participen democráticamente en las decisiones de las instituciones; que exija que las instituciones sean lo más pluralistas posibles y que estas no discriminen por condición socioeconómica o por otros motivos, en pos de que integren distintas visiones de la sociedad y que estas dialoguen dentro de las casas de estudio, y finalmente, que se asegure que los estudiantes provengan de distintos sectores de la sociedad, es decir, que cuenten con un acceso heterogéneo socioeconómica y culturalmente. Lo anterior no puede verse de forma aislada, ya que estos criterios serán vara de medición para la posterior Ley en Educación Superior.
Es precisamente en estas mesas, que ya han tratado temáticas como Marco Regulatorio, Calidad y Financiamiento y que está comenzando a debatir sobre Educación Pública y Gobierno institucional, donde hemos visto con más claridad las diferencias entre las propuestas del movimiento estudiantil y la del gobierno. Así, uno de los puntos centrales que hemos planteado los estudiantes es el fortalecimiento de la educación estatal, temática que no ha sido abordada aún por el gobierno y que debió ser la columna vertebral no solo de este proyecto, sino de la Reforma en su conjunto. Lamentablemente ya lo vimos el año pasado, evadir el debate de fondo es la tónica de la Reforma y postergar lo importante para resolver lo urgente.
[cita] Urge que este arco amplio de actores sociales e institucionales seamos capaces de volver a instalar la necesidad de un cambio profundo en Chile. Por eso el llamado es a volver a copar las calles con alegría y plantear, todos juntos, que el foco debe estar puesto en el fortalecimiento de la educación pública y no en los intereses de privados.[/cita]
Otro punto central es la urgencia de discutir un Plan Nacional o una Estrategia Nacional de Desarrollo en un proceso en que estén representados los distintos actores con presencia nacional –no solo educacional– en su elaboración, cuya función sea guiar el desarrollo las actividades de la Educación Superior, algo que hoy no existe y es fundamental para acabar con el desorden del sistema. Es aquí donde el Ministerio se ha mostrado más titubeante y sin definiciones claras. Sumado a lo anterior, se hace necesario que exista un nuevo marco regulatorio y nueva institucionalidad que asegure reglas comunes que coordinen al sistema educativo, el aseguramiento de una Educación de Calidad y que vigile el cumplimiento de criterios determinados por las nuevas reglas. En este contexto, es que se deben definir normas con criterios exigentes para la creación y funcionamiento de la totalidad de las Instituciones en Educación Superior, independiente de que reciban o no financiamiento del Estado, que parta por la prohibición del lucro.
Las fuerzas de cambio debemos darle un giro a este debate, no marearnos con anuncios grandilocuentes y mantener el centro en lo importante: una educación pública, gratuita y de calidad. Es por esto que es necesario que los diferentes actores que representamos y asumimos encarnar el fortalecimiento de la educación pública, seamos capaces de trabajar en unidad y plantear nuestras convergencias sobre la Educación que requiere nuestro país. Urge que este arco amplio de actores sociales e institucionales seamos capaces de volver a instalar la necesidad de un cambio profundo en Chile. Por eso el llamado es a volver a copar las calles con alegría y plantear, todos juntos, que el foco debe estar puesto en el fortalecimiento de la educación pública y no en los intereses de privados.
Este 15 de octubre invitamos a todos quienes estén por una Nueva Educación a marchar juntos, porque más financiamiento no genera un nuevo sistema. Estamos por que la educación sea un derecho, tenemos la oportunidad de avanzar: no desaprovechemos esta oportunidad.
