La Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto de ley que perfecciona la Alta Dirección Pública y el Sistema de Servicio Civil. Pocos se dan cuenta de la importancia crucial de esta materia. A diferencia de lo que ocurre en Chile, profesionalizar los cargos de dirección y jefaturas de división de las instituciones públicas es, hace años, la forma corriente de trabajar en las sociedades democráticas más desarrolladas. Frente a ciudadanos informados e interesados en las políticas públicas y en lo político, pero desconfiados de la política, las democracias avanzadas procuran fortalecer la capacidad del Estado para responder a exigencias crecientes: transparencia, eficiencia y eficacia institucional, participación y rendición de cuentas de los resultados de la acción gubernamental.
Algo hemos avanzado en Chile. Corría el año 2003 y como salida a una crisis política de enorme envergadura, el gobierno y la oposición de la época acordaron profesionalizar la función pública. Establecieron para ello un sistema técnico de selección de altos directivos que permitiría escoger a las personas más idóneas para la función, con independencia de sus opiniones políticas y mitigando el riesgo de nominaciones clientelares. Solo al final del proceso la autoridad política podía –de entre quienes hubieran superado con éxito las fases de selección– escoger al profesional de su preferencia para ocupar la posición disponible. Poco más de una década después, nuestra Alta Dirección Pública (ADP), es considerada modelo a nivel Latinoamericano según múltiples indicadores de buen gobierno.
Sin embargo, es necesario y urgente que pasemos a una segunda etapa que nos permita ir al fondo de los objetivos que nos trazamos como país al crear esta institucionalidad. Hasta hoy, un indicador inequívoco sobre las limitaciones de nuestra ADP es la alta rotación de cargos tras los cambios de gobierno. Mientras al asumir Michelle Bachelet su primer gobierno, esta alcanzó 20%, luego del traspaso a Sebastián Piñera la rotación se elevó sobre 80%, confirmando que la sensibilidad de los gobiernos de turno se impone por lejos sobre la idoneidad de los postulantes. A ello se agrega la dificultad de dar un tratamiento adecuado a los cargos Transitorios y Provisionales, los que, pese a su importancia en contingencias complejas, han tendido más de la cuenta a prolongar la conducción de un servicio en manos funcionales al gobierno de turno. Qué decir de las limitaciones salariales que, en sectores como la salud, vuelven inútil el ejercicio de búsqueda de candidatos idóneos.
[cita tipo=»destaque»] Quiero afirmarlo con claridad: la crisis de confianza institucional que se ha instalado en Chile no se superará volviendo a la designación política y el cuoteo de los cargos de dirección superior del Estado. Los problemas de gestión política de este u otro Gobierno no se resolverán desprofesionalizando al Estado, sino que con más liderazgo político, rigurosidad técnica y disposición al diálogo.[/cita]
El proyecto que aprobamos en la Cámara es una buena noticia en la dirección de profesionalizar la marcha del Estado. El texto que ahora deberá conocer el Senado aumenta el número de servicios que forman parte del sistema de Alta Dirección Pública, perfecciona los convenios de desempeño y centra la evaluación de los altos directivos en su capacidad de gestión, así como permite al Consejo de Alta Dirección Pública pedir explicaciones a los ministros o subsecretarios ante peticiones de renuncia. El trámite en la Cámara permitió además establecer que los funcionarios de planta podrán acceder a la alta dirección sin perder su cargo actual, lo que puede incentivar la postulación de muchos de ellos. Una indicación de mi autoría, aprobada en la Sala, permitirá a quienes poseen títulos técnicos y profesionales computar, para el cumplimiento de requisitos ligados a la duración de sus carreras, los estudios de postgrado que hayan realizado. Por último, el proyecto reconoce un dato de realidad: el Presidente de la República tiene derecho a enfatizar ámbitos de acción en los cuales espera cumplir su programa de gobierno. Para eso, se le faculta a nombrar en forma directa a 12 altos directivos de primer nivel en los tres meses iniciales de su mandato.
Quiero afirmarlo con claridad: la crisis de confianza institucional que se ha instalado en Chile no se superará volviendo a la designación política y el cuoteo de los cargos de dirección superior del Estado. Los problemas de gestión política de este u otro Gobierno no se resolverán desprofesionalizando al Estado, sino que con más liderazgo político, rigurosidad técnica y disposición al diálogo.
Para servir mejor a los chilenos, el Estado debe avanzar en desterrar el clientelismo y en consolidar la excelencia técnica y la vocación de servicio en los niveles jerárquicos más altos de la administración. Para otorgar legitimidad a nuestras instituciones, necesitamos garantizar a los ciudadanos que el Estado cumplirá permanentemente sus funciones fundamentales, con independencia de quienes se encuentren en el Gobierno. En definitiva, para enfrentar los desafíos del futuro necesitamos más y mejor Alta Dirección Pública.
