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La agenda de probidad del Gobierno EDITORIAL

La agenda de probidad del Gobierno

Pese a las críticas que recibió la propuesta, especialmente del mundo parlamentario, lo sustantivo y valioso es que objetivó un debate sobre las enfermedades más sensibles del sistema político, a estas alturas convertidas en amenazas graves a la democracia, tal como lo expresó la propia Presidenta. Sin embargo, absorbido el primer impacto, en diversas áreas de la vida nacional existe preocupación por los avances experimentados desde entonces. Parte de la inquietud proviene de la resistencia de los partidos políticos a algunas de las medidas propuestas, y a las presiones de parte del empresariado, amén de una cierta debilidad y falta de pericia legislativa en los ámbitos de gobierno. Nuevas colusiones han venido a agravar la percepción negativa de los ciudadanos sobre el mercado y la ética empresarial, y la sensación de impunidad de los infractores en materia de abusos. 


Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Tal fue el impactante nombre de la mesa que presidió el economista Eduardo Engel a petición de la Presidenta Michelle Bachelet, en el momento en que el país se sorprendía con escándalos sucesivos de financiamiento ilegal de la política.

Los juicios de tono dramático usados por la Presidenta de la República al momento de presentar la iniciativa, dan cuenta de un diagnóstico grave acerca de la enfermedad del sistema político: “Hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia (…) también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos (…) para obtener ventajas personales; (…) hemos dejado que el poder del dinero colonice la convivencia social”. Y agregó: “Hoy es mucho lo que está en juego para todos nosotros. Está en juego la democracia (…). Está en juego la legitimidad de los negocios y del mercado (…). Está en juego el rol del Estado (…) y el esfuerzo de millones y millones de hombres y mujeres de nuestra patria”.

Cuarenta y cinco días después de esa ceremonia el mencionado Consejo entregó sus propuestas. Ellas se centran en cinco puntos: I. Prevención de la Corrupción; II. Regulación de Conflictos de Interés; III. Financiamiento de la Política para Fortalecer la Democracia, Órganos de Control y Cumplimiento de la Ley; IV. Confianza en los Mercados; y V. Integridad, Ética y Derechos Ciudadanos. A partir de ese momento, el tema volvió a sede política y quedó radicado en la voluntad gubernamental y los consensos parlamentarios posibles en torno a la lista de 236 medidas planteadas.

Pese a las críticas que recibió la propuesta, especialmente del mundo parlamentario, lo sustantivo y valioso es que objetivó  un debate sobre las enfermedades más sensibles del sistema político, a estas alturas convertidas en amenazas graves a la democracia, tal como lo expresó la propia Presidenta.

Sin embargo, absorbido el primer impacto, en diversas áreas de la vida nacional existe preocupación por los avances experimentados desde entonces. Parte de la inquietud proviene de la resistencia de los partidos políticos a algunas de las medidas propuestas, y a las presiones de parte del empresariado, amén de una cierta debilidad y falta de pericia legislativa en los ámbitos de gobierno. Nuevas colusiones han venido a agravar la percepción negativa de los ciudadanos sobre el mercado y la ética empresarial, y la sensación de impunidad de los infractores en materia de abusos.

En materia política, crece la sensación, si no la convicción, de que las infracciones corruptoras de la democracia no traerán consecuencias penales para nadie y que los partidos políticos no solo pueden oponerse a la transparencia democrática y la fiscalización de sus finanzas sino también mantener los aportes financieros secretos a la política y levantar barreras de entrada a nuevos competidores políticos.

[cita tipo= «destaque»]Es evidente que las propuestas del Consejo Asesor debían traducirse en propuestas legislativas nuevas, o acoplarse en la tramitación legislativa de proyectos en curso. Se  trata de un conjunto de temas que forman un todo institucional sistémico y requiere de una coherencia legislativa enorme, además de la voluntad  política de legislar sobre escándalos e infracciones recientes, para intentar que no se repitan, muchos de ellos protagonizados por parlamentarios en ejercicio, los mismos que deben adoptar sanciones ejemplificadoras. [/cita]

Es evidente que las propuestas del Consejo Asesor debían traducirse en propuestas legislativas nuevas, o acoplarse en la tramitación legislativa de proyectos en curso. Se  trata de un conjunto de temas que forman un todo institucional sistémico y requiere de una coherencia legislativa enorme, además de la voluntad  política de legislar sobre escándalos e infracciones recientes, para intentar que no se repitan, muchos de ellos protagonizados por parlamentarios en ejercicio, los mismos que deben adoptar sanciones ejemplificadoras.

El avance legislativo, en todo caso, sin mayor juicio por ahora acerca de la calidad de las propuestas, ni un análisis más detallado de los principales debates políticos y doctrinarios que se han producido –y que merecen otro editorial–, muestra cierta lentitud en lo medular, pero pone un horizonte de cambio significativo en materia de probidad y lucha contra la corrupción en el país.

Si se hace un recuento lineal de los temas ingresados al debate, se debe constatar que varios de ellos inevitablemente se traslaparán con las elecciones de los próximos dos años. Y si se mide el peso político, además del económico y social de la agenda legislativa global del Gobierno, este aparece sobrepasado en su capacidad. Más aún si tiene una Secretaría General de la Presidencia sin mayor habilidad ni gestión efectiva en el Parlamento.

En materia de probidad los proyectos principales se desenvuelven en torno a:

Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (Boletín legislativo: 9790-07), proyecto de diciembre de 2014, antes del Informe del Consejo Asesor, con Suma urgencia desde noviembre del 2015, en segundo tramite constitucional, referido al financiamiento de las campañas políticas y de los Partidos Políticos. Este es quizás uno de los proyectos emblemáticos, pues se relaciona directamente con las normas de la Ley sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral infringidas en los escándalos y con las eventuales sanciones, como pudiera ser la pérdida del cargo parlamentario y/o la prohibición para repostular (Boletines legislativos 10000-07 y 9860-07).

Fortalecimiento del Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y facilitación de su Modernización (Boletín: 10154-07). Mensaje de mayo de 2015, hoy en Primer Trámite en Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, con Suma Urgencia desde noviembre de 2015. Otro proyecto importante por la coyuntura y el papel creciente de los partidos como estructuras permeadas por el lobby y los vínculos entre dinero y política. Este fue un punto importante del Informe del Consejo Asesor, y tiene que ver con la existencia de barreras para el ingreso de la competición política y la participación de los independientes.

Modificación de las leyes que regulan las responsabilidades de los agentes de Mercado (leyes N° 18.045 y 18.046). Boletín: 10162-05. Mensaje  de julio de 2015, en Primer Trámite en Comisión de Hacienda del Senado. Tal vez uno de los puntos críticos del país en materia económica, sin la existencia del delito de administración desleal, y con una secuela de escándalos en los mercados financieros que han afectado gravemente la imagen del país en el exterior, resulta extraño que esta materia no tenga Urgencia. Las modificaciones a las leyes que se pretenden introducir a las leyes de Mercado de Valores y la de Sociedades Anónimas, debieran perfeccionar el marco regulatorio vigente para sancionar conductas abusivas, dar mayor protección a los accionistas minoritarios y seguridad a los inversionistas, además de clarificar las responsabilidades de los auditores externos y fortalecer el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Ella es fundamental para los contenidos de otras iniciativas en curso, como el de la Fiscalía Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público (Boletín 9608-07), en Primer Trámite en la Comisión de Constitución del Senado; o la creación de la Comisión de Valores y Seguros (Boletín 9015-05), en el Congreso desde julio de 2013, actualmente en Segundo Trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Tiene Suma urgencia desde principio de noviembre de 2015, pero es inevitable que ambas se vean tocadas unas a otras.

Existe un conjunto amplio de otras iniciativas legislativas en curso, vinculadas directa o indirectamente con las anteriores, que resultaría largo detallar, como la tipificación del delito de corrupción entre particulares (Boletín: 10155-07); la del  derecho de protección de los datos personales (Boletín 9384-07); la sanción a conflictos de intereses y normas sobre Inhabilidades e Incompatibilidades en el ejercicio de la Función Pública (Boletín: 10140-07), entre otras, varias de ellas referidas al tema municipal y la corrupción en este ámbito de administración, y que el Consejo Asesor puso como primer punto de su Informe final.

Dado el peso de la agenda legislativa global, conviene recalcar que sería conveniente que el Gobierno evaluara y priorizara entre los proyectos, para centrar sus esfuerzos en alcanzar a poner –a lo menos– un piso de probidad y transparencia que trace una línea divisoria firme entre política y negocios.

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