Concluidas las negociaciones en París de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 21, hemos visto encendidas y jubilosas declaraciones de los representantes de los distintos gobiernos. Estos, encabezados por el ministro francés de Exteriores y presidente de la COP, Laurent Fabius (conocido del ecologismo por tener que reconocer la responsabilidad de Francia en el hundimiento del Rainbow Warrior en 1985), se mostraron exultantes, calificando el acuerdo como “histórico”. Por el lado de Chile, los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente también se sumaron al júbilo de la burocracia internacional.
Pero si se revisa el acuerdo, no se vislumbran motivos sinceros de celebración. El mismo texto señala que los compromisos de reducción de emisiones adoptados hasta ahora por los países en sus “Contribuciones Nacionales”, llevarían a que las emisiones globales se empinaran por sobre las 55 gigatoneladas, siendo necesario que estas no sobrepasen las 40 con el objetivo de que la temperatura no supere los 2°C de aumento, límite catastrófico. Para más remate, estos compromisos de reducción de emisiones tampoco son obligatorios, de manera que si los países no los cumplen, no pasa nada. El contraste con los acuerdos comerciales, donde si un país no cumple puede ser demandado ante tribunales internacionales, no puede ser más evidente. Pero claro, en este caso se trata “solo” del clima del planeta.
¿Y cuál fue el aporte de Chile a estas negociaciones? El gobierno difundió, a través de los medios de comunicación y por videos en la página del Ministerio del Medio Ambiente, que Chile se comprometía a “reducir en un 30% sus emisiones de aquí al año 2030”.
Sonaba interesante: reducir prácticamente un tercio de las emisiones de un país aparece como una contribución relevante. Pero tuvimos que denunciar a la Contraloría General de la República dicha publicidad por engañosa y faltar al principio de veracidad que debe ordenar los actos del Estado. En efecto, el compromiso de Chile consiste en “… reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30%…”. Como cualquier observador comprenderá de inmediato, al reducir las emisiones por unidad de PIB, atendido el hecho que el PIB crece, las emisiones totales también crecen.
[cita tipo= «destaque»]El Gobierno ha optado por la publicidad engañosa y por sumarse a la teatral celebración de la burocracia internacional en París. No sabemos, sin embargo, si los ministros podrán haber mirado tranquilamente a los ojos a sus hijos o a sus nietos al volver a sus hogares.[/cita]
Calculando un modesto crecimiento económico de 2,5% anual, las emisiones el 2030 no van a ser en absoluto menores a las actuales, sino mayores. En realidad, Chile no se compromete a reducir ni una sola tonelada de CO2. Intentará que su PIB sea algo menos intenso en carbono que el actual, pero al clima del planeta no le interesa qué tanto crece el PIB de Chile, sino si se reducen o no las emisiones de CO2 para evitar sus desquiciamiento.
La falta de voluntad del Gobierno de Chile de reducir las emisiones nacionales contrasta con el “escenario requerido por la ciencia” del Informe Maps Chile, Fase 2, encargado por el propio Gobierno, que señala que las emisiones chilenas en términos absolutos deben estabilizarse a partir de ahora y comenzar a reducirse a partir del año 2020. Ello, para que Chile asuma su justa parte de la responsabilidad en materia de cambio climático.
Chile es un país pequeño y sus emisiones son marginales en el contexto mundial. Sin embargo, políticamente nuestro país podría haber jugado un rol muy positivo en las negociaciones, dando ejemplo al asumir su responsabilidad. Como país altamente vulnerable al cambio climático, dada la extensión de sus costas amenazadas por una elevación del nivel del mar y dada su dependencia de los glaciares cordilleranos para el abastecimiento de agua, debimos hacerlo. En lugar de ello, el Gobierno ha optado por la publicidad engañosa y por sumarse a la teatral celebración de la burocracia internacional en París. No sabemos, sin embargo, si los ministros podrán haber mirado tranquilamente a los ojos a sus hijos o a sus nietos al volver a sus hogares.
Frente a este cuadro, a la ciudadanía no le queda más que presionar al Gobierno para que asuma compromisos efectivos y, desde ya, impulsar políticas a nivel nacional, pero también regional y comunal que nos permitan reducir emisiones. Reducir emisiones no tiene que significar el sacrificio del bienestar. Solo debe significar acabar con el derroche y con las formas de producción y consumo insustentables a las que muchas veces nos hemos acostumbrado. He ahí el mayor desafío para la humanidad en esta época, desafío que es también un imperativo de justicia con los que vienen.
La palabra de orden ya no puede ser más “expansión”. Hoy, como una necesidad de sobrevivencia, la palabra de orden debe ser “adaptación”, adaptación a los límites de un planeta generoso, pero vulnerable.
