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Interrupción voluntaria del embarazo: un dilema ético

por 1 marzo, 2016

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El gobierno ha anunciado la pronta reiniciación del debate legislativo acerca del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo para la vida de la mujer, letalidad fetal y violación.

Chile es uno de los cinco países del mundo en el que se prohíbe el aborto en toda circunstancia. Desde el año 1931 el aborto terapéutico estuvo permitido en gobiernos de distinta orientación política y el país fue pionero en las políticas de planificación familiar. Su prohibición en 1989, fue uno de los últimos actos autoritarios de la dictadura militar, una suerte de “ley de amarre” para controlar los derechos de las mujeres.

Sucesivas recomendaciones por parte de los organismos internacionales de DD.HH. han planteando a Chile la necesidad de adoptar medidas para cumplir con los compromisos contraídos por nuestro país en estas materias y despenalizar el aborto en caso de violación, incesto y peligro para la salud de la madre.

La propuesta de despenalización por causa de violación ha sido la que ha generado mayor resistencia en el debate legislativo. Los detractores han argumentado que el proyecto de ley sumaría a la violencia sexual vivida por la mujer, la violencia sobre un hijo debiéramos decir sobre un feto– al impedirle nacer. Lo que este argumento desconoce es que en realidad la doble violencia es la que se ejerce actualmente, ya que a las que han vivido la violencia del sexo forzado se les impone la maternidad forzada.

Según el proyecto de ley, la mujer tiene derecho a no desear un hijo concebido de esa manera brutal, porque obligarla a asumir la maternidad en esas condiciones es una doble vulneración de sus derechos humanos. La mujer debe tener la libertad de decidir.

No podemos sino rechazar el hecho de que, así como en décadas pasadas a las mujeres se les negó el derecho a voto, hoy detenten menos derechos que el 94% de las mujeres en edad reproductiva del planeta y que se les niegue su derecho a decidir sobre su propia vida. Por eso aprobar el proyecto del gobierno es ineludible.

La violación es la forma más extrema de violencia de género, las mujeres y las niñas de sectores pobres son sus principales víctimas. Según el Ministerio Público, en nuestro país se cometen 17 violaciones y 34 abusos sexuales diariamente. Y esta cifra esconde un enorme subregistro, ya que se estima que la gran mayoría de los casos no se denuncia. Asimismo cerca de un millar de hijos(as) de adolescentes de 14 años o menos años que nacen anualmente, son productos en su mayoría de prácticas sexuales no consentidas.

Se ha argumentado también que las mujeres podrían engañar respecto a haber sido violadas para acceder a la interrupción legal del embarazo. Frente a esta hipótesis, bastante improbable a mi juicio por los costos personales que implica una denuncia de este tipo, es necesario señalar que la configuración de casos “fabricados” no es razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el ejercicio de sus legítimos derechos, o que constituyen riesgos para su salud.

Respecto al eventual “aumento explosivo” que tendrían los abortos en Chile, como algunos afirman, amplia evidencia muestra que la creencia de que las leyes liberales aumentan el aborto es tan falaz como el que las leyes restrictivas lo impidan” (Montero A., 2014). Según la Organización Mundial de la Salud, una vez que una mujer ha tomado la decisión de abortar lo hará independientemente de si este es o no legal. La ilegalidad actual en Chile, no pesa en la decisión de interrumpir el embarazo sino que dificulta el procedimiento, los obstáculos se abordan con mayor o menor facilidad de acuerdo a los recursos socioeconómicos y las redes con que se cuente.

Por esto, me identifico plenamente con el manifiesto que nos hicieron llegar al Parlamento y que plantea que las leyes sólo determinan las condiciones en que se realiza el aborto. Las mujeres han hecho y hacen abortos en todas las sociedades y en todos los tiempos. Las diferencias se traducen en desigualdades y riesgos... En clandestinidad las desigualdades determinan si el aborto es seguro o inseguro. Más de diez mil mujeres son hospitalizadas cada año a causa de abortos en malas condiciones sanitarias. Son las mujeres más pobres”.

La demanda ciudadana es clara al respecto y debiera compromete el accionar de los legisladores: más de dos tercios de las personas de ambos sexos está de acuerdo en despenalizar el aborto en las tres causas específicas que contempla el proyecto de ley; en el caso de las mujeres, 84% está de acuerdo frente al riesgo de vida y 80% lo está en caso de violación o malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Dada esta esta situación no podemos sino rechazar el hecho que, así como en décadas pasadas a las mujeres se les negó el derecho a voto, hoy detenten menos derechos que el 94% de las mujeres en edad reproductiva del planeta y que se les niegue su derecho a decidir sobre su propia vida. Por eso aprobar el proyecto del gobierno es ineludible.

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