Señor Director:
Chile no pasó el examen ante el Comité de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU en Ginebra. En el informe –publicado el 25 de abril pasado– se enumeraron diversas áreas de preocupación, pero hay una que debería afligirnos a todos: pese a la reciente reforma educacional, preocupa que no existan esfuerzos de las autoridades para promover la educación inclusiva superior.
En el país, según el II estudio nacional de la discapacidad, hay un 20% de personas en situación de discapacidad y sólo un 6,6% accede a la educación superior. La ley establece normas sobre igualdad, pero orientadas a quienes requieren adaptaciones en metodología y accesibilidad, no en contenido. Por eso, aquellos que por discapacidad cognitiva no pueden acceder a las exigencias de la educación superior deben volver a la educación segregada para formarse para el mundo laboral.
Esta brecha educacional fue la que motivó a las universidades a implementar programas de formación socio-laboral dirigidos a estos jóvenes, como el diploma en habilidades laborales, que hoy cumple 10 años de existencia. Sin embargo, ellos, como estudiantes, siguen siendo discriminados: no pueden acceder al CAE ni tampoco a las becas que otorga Senadis, ya que no son carreras universitarias propiamente. Ellos merecen, como cualquier joven, acceder a los beneficios que otorga el Estado.
Entre sus recomendaciones, la convención de Ginebra propuso la implementación de un plan para avanzar hacia la educación inclusiva y asegurar la accesibilidad a instituciones de educación superior. Tenemos mucha tarea que hacer.
M. Theresa von Furstenberg
Directora Diploma en Habilidades Laborales
Universidad Andrés Bello
