Gran controversia provocó en días recientes la decisión del Poder Judicial de otorgar la libertad condicional a cerca de 1.900 reos recluidos en distintos recintos carcelarios del país. Los cuestionamientos surgieron por varios motivos: el sustancial aumento en la entrega de este beneficio en lo que va del año (en relación con el mismo período del 2015), sin que existan argumentos que justifiquen tal incremento; que varios de los delincuentes que pudieron optar a esta medida alternativa no cumplían con los requisitos que establece la ley para ello, donde incluso algunos derechamente representan un grave peligro para la sociedad; y que el argumento dado por la Corte Suprema para aplicar masivamente la medida es el alto nivel de hacinamiento que existe en las cárceles.
Independientemente de la posición que cada uno tenga en esta materia, resulta importante entender que las dificultades que exhibe el país para enfrentar la delincuencia no es responsabilidad exclusiva de una institución en particular –en este caso el Poder Judicial–, sino que se trata de un problema sistémico que atañe a diversas entidades públicas vinculadas a este tema, que cumplen distintos roles, ya sea en la prevención, sanción o reinserción.
La falla más evidente en este sentido es la ausencia de una política de Estado integral de largo plazo que aborde este fenómeno, a partir de la cual exista una institucionalidad robusta, eficiente y bien coordinada que aborde la delincuencia en sus distintas dimensiones y que trascienda a los gobiernos de turno. Se trata de un problema tan profundo que no se resolverá con “agendas cortas antidelincuencia” ni con medidas parche.
Como hasta ahora se ha mantenido un enfoque cortoplacista, no es casualidad que la delincuencia continúe siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos según la última encuesta CEP. La dificultad para enfrentar esta problemática es que hasta ahora el énfasis ha sido reactivo y no proactivo. A esto se agrega el incremento en la percepción de inseguridad que exhibe la población, en especial por la ocurrencia de delitos de alta connotación pública, como los denominados “portonazos”.
En este escenario, el Ejecutivo anunció el año pasado la inversión de más de 3.500 millones de pesos en la implementación del plan cuadrante 2.0, con la finalidad de lograr una mayor integración entre Carabineros y la comunidad en materia de prevención. Aun cuando en el combate del crimen resulta fundamental un mayor involucramiento de la ciudadanía, mientras los esfuerzos se sigan desplegando de manera centralizada, y sin una política integral que coordine a las instituciones vinculadas a este tema, los resultados seguirán siendo infructuosos.
[cita tipo=»destaque»]Como hasta ahora se ha mantenido un enfoque cortoplacista, no es casualidad que la delincuencia continúe siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos según la última encuesta CEP. La dificultad para enfrentar esta problemática es que hasta ahora el énfasis ha sido reactivo y no proactivo. A esto se agrega el incremento en la percepción de inseguridad que exhibe la población, en especial por la ocurrencia de delitos de alta connotación pública, como los denominados “portonazos”.[/cita]
En primer término, se requiere atacar el problema desde su origen, logrando ampliar las oportunidades de los sectores más desposeídos, evitando que muchos niños y adolescentes encuentren en la delincuencia su única alternativa de sobrevivencia. En este sentido, continúa penando una reforma de fondo al Servicio Nacional de Menores que, como se ha podido apreciar, no está cumpliendo adecuadamente su tarea de proteger a los niños y adolescentes en riesgo social, ni tampoco su rol de reinsertar a aquellos que participan del circuito de la delincuencia, entregándoles herramientas concretas que les permitan abandonar ese mundo.
A su vez se requiere de una mayor colaboración entre las policías y los municipios para combatir la delincuencia, fortaleciendo el trabajo de inteligencia mediante un sistema que permita que estas entidades intercambien información y complementen sus respectivas funciones en la prevención del delito.
También es clave capacitar de forma permanente a la comunidad para que cuente con los conocimientos necesarios que le permitan evitar ser víctimas de la delincuencia, o al menos disminuir los riesgos. El éxito del combate a la delincuencia dependerá en gran medida de que estos tres aspectos se ejecuten de manera conjunta.
Finalmente, se hace muy necesario fortalecer la política penitenciaria, mejorando la infraestructura de aquellos recintos que carecen hoy de las condiciones mínimas para rehabilitar a los reos, y la construcción de nuevos centros penitenciarios que permitan terminar con el hacinamiento actual del sistema carcelario.
