Opinión
Está clarísimo que un Estado que permite la violencia hacia las mujeres en todos sus ámbitos, que es capaz de reprimir violentamente a parte de sus ciudadanas al pedir una alerta de género ante la seguidilla de hechos de violencia en dicho ámbito y de odio hacia las mujeres, con un ministerio que reacciona tardíamente a ellos y que no logra permear ni comprender la necesidad de asumir la violencia como un hecho político y prioritario, no está actuando a la altura de lo que necesitamos para sobrevivir.
Compleja tarea sobreponerse a un escenario de horror como el recreado por las informaciones provenientes de Coyhaique que hablaban del odio desatado contra el cuerpo de Nabila Rifo. El flagelo que representa la violencia contra las mujeres en Chile y el mundo se reedita a través del brutal ataque femicida en su contra. Golpeada hasta el cansancio, con fracturas múltiples, pérdida de piezas dentales y masa encefálica; con sus dos glóbulos oculares arrancados, torturada por su agresor.
Con similar horror, se asiste también a que se trata de uno de tantos otros ataques que fueron presenciados por testigos que no hicieron algo para detenerlo. Con horror, se sabe igualmente que será uno de otros tantos que se producen diariamente en nuestra sociedad, sin que se cree conciencia real de la espantosa realidad de la violencia hacia las mujeres: aquella que se vive y respira en Chile ante la incapacidad institucional de ponerle atajo.
Hace no tanto tiempo, esta forma de violencia era considerada como parte del espacio privado de la familia, parte de las dinámicas propias de una relación de pareja, por lo que el Estado no contemplaba garantías de protección en ese lugar. La consigna feminista “lo personal es político” fue una de las fuerzas sociales que obligó a mirar que la violencia sufrida por las mujeres no era un tema privado, sino que de responsabilidad pública. Así, avanzamos en Chile, pero poco. Primero, la ley de Violencia Intrafamiliar que permite al Estado hacerse parte de aquella violencia que ocurre entre cuatro paredes y, posteriormente, la tipificación en el Código Penal de femicidio, entendido como el asesinato de una mujer por parte de su pareja o ex pareja, previa convivencia.
[cita tipo= «destaque»]Para que la vida de las mujeres sea posible, necesitamos de intervenciones a todo nivel: en educación, cultura, política, economía, medios de comunicación. Necesitamos una intervención profunda, un cambio estructural en nuestra concepción de sociedad y de nuestra concepción sobre las mujeres como ciudadanas en plena dignidad, igualdad y derechos.[/cita]
Lo logrado dista de ser suficiente. La violencia hacia las mujeres sigue siendo considerada como un asunto entre privados, circunscrita a las relaciones “amorosas” y no se concibe como un hecho social que se sustenta en las bases que sostienen a nuestra sociedad tal y como la conocemos: una sociedad patriarcal y falocéntrica que sitúa a la mujer en un lugar de objeto, de propiedad. En ella, el femicidio es el resultado de un continuo de discriminación y violencia.
Esta es la base, la razón primordial que explica por qué las medidas que se toman han sido y siguen siendo insuficientes. Está clarísimo que las campañas y políticas que buscan impactar y mitigar la violencia no han sido del todo eficaces ni suficientes para generar la conciencia necesaria sobre el respeto hacia la vida e integridad de las mujeres. Ellas –nosotras– siguen siendo objetos descartables y prescindibles; sus demandas continúan siendo políticamente negociables y el lugar de la mujer sigue sin ser modificado porque contraviene el cómodo lugar que sostiene nuestro precario equilibrio social.
Está clarísimo que un Estado que permite la violencia hacia las mujeres en todos sus ámbitos, que es capaz de reprimir violentamente a parte de sus ciudadanas al pedir una alerta de género ante la seguidilla de hechos de violencia en dicho ámbito y de odio hacia las mujeres, con un ministerio que reacciona tardíamente a ellos y que no logra permear ni comprender la necesidad de asumir la violencia como un hecho político y prioritario, no está actuando a la altura de lo que necesitamos para sobrevivir. Un país que usa los estereotipos de género patriarcales como herramienta de consumo y que cuenta con medios de comunicación que replican y alimentan mensajes violentos, degradantes y banales hacia las mujeres, está lejos, muy lejos, de erradicar esta desgracia.
Judith Butler, en el inicio de su trabajo “Marcos de Guerra: vidas lloradas”, nos dice: “Una vida concreta no puede aprehenderse como dañada o perdida si antes no es aprehendida como viva. Si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el principio, no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerará ni vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras”. Mientras la vida de las mujeres sea concebida como lo es, mientras no se la considere como una igual, seguirá sin importar realmente la violencia que padezca.
Para que la vida de las mujeres sea posible, necesitamos de intervenciones a todo nivel: en educación, cultura, política, economía, medios de comunicación. Necesitamos una intervención profunda, un cambio estructural en nuestra concepción de sociedad y de nuestra concepción sobre las mujeres como ciudadanas en plena dignidad, igualdad y derechos.
Se está en un compás de espera a ratos eterno. Está costando demasiado escapar de una lógica que valida la violencia hacia las mujeres como un hecho natural, que las cosifica y denigra. Las niñas y mujeres no pueden seguir esperando, arriesgado sus vidas en el vivir. Las mujeres de Chile piden un estado de alerta de género nacional y debemos, todos y todas, estar a la altura de ello.
