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A propósito de la concesión de libertad condicional de reos en Chile

por Departamento de Ciencias Penales, Centro de Estudios Aurora 20 mayo, 2016

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Señor Director:

La delincuencia es un problema, nadie puede negarlo, es un problema que afecta a todos por igual, pero más crudamente a las familias pobres de nuestro país. Sin embargo, hemos de aceptar una realidad: no existe sociedad en la que no se cometan delitos. No existió, ni existe sociedad en la que no se cometan delitos. Entonces, la pregunta no es “cómo erradicamos el delito”, sino, “cómo disminuimos las tasas de delitos que se cometen”.
Ante esa pregunta, hace más de 30 años que en nuestro país la respuesta tradicional es una sola: “mano dura contra la delincuencia”. Esto se traduce en aumentos en la duración de las penas, excesivo hacinamiento debido a la falta de interés en la inyección de recursos y el consecutivo aumento de la población penal, disminución de las garantías para los imputados, etc. Con todo, frente a estas medidas, el problema sigue existiendo, y no parece disminuir.

Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que, al parecer, la mano dura no es eficaz en la disminución de la delincuencia. Y es así, subir las penas no va a solucionar el problema de la delincuencia, el derecho penal no lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque el derecho penal siempre va a llegar tarde: llega cuando la persona ya está muerta, cuando la casa ya fue robada, cuando la persona ya fue abusada. Y mientras sigamos pidiendo más “mano dura”, seguiremos eludiendo el problema de fondo, y seguiremos con las mismas tasas de delincuencia.

Cualquier estudio serio sobre la materia indica que la total desvinculación del "delincuente" de su medio social; es decir, tomar al “delincuente” y ponerlo en la cárcel, no hace sino acrecentar el problema: las tasas de reincidencia, una vez cumplida la pena, se disparan, siendo, en la mayoría de los casos, los años de cárcel directamente proporcionales a la probabilidad de reincidir.

Cuestión distinta es la que sucede cuando se permite a la persona, cumpliendo una pena, no desconectarse totalmente de su medio: la tasa de reincidencia baja considerablemente. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la libertad condicional.

Muchos han salido a criticar la medida, pues, a las pocas horas de ser liberado, uno de los beneficiados reincidió. Sin embargo, ¿qué ocurre con la otra mayoría de beneficiados? No conocemos a esas personas, pero aun así las prejuzgamos, somos irremediablemente duros con ellas, con su vida, con sus malas decisiones. Nos alzamos desde nuestro podio para apuntarlas con el dedo, sin siquiera saber si están cometiendo delitos o si están en su casa reencontrándose con su familia, pero suponemos lo primero.

Vemos con preocupación cómo cada vez toleramos menos que las personas se equivoquen, no permitimos segundas oportunidades. Pues claro, nadie se pone en el caso en que sea uno mismo quien se equivoque y necesite una segunda oportunidad, pues los que erran siempre son “los otros”, “ellos”, “los delincuentes”. Jamás nos ponemos en el supuesto de que seamos nosotros o nuestros amigos y familiares quienes vayan a cometer un delito (o, incluso, a ser acusados injustamente de cometer uno) quienes vayan a tener que pasar por ese absoluto juicio ciudadano.

Probablemente todos quienes estén leyendo esto alguna vez hayan mentido, pero porque alguien mintió una vez no se nos ocurriría decir “anda un mentiroso suelto por la ciudad, no hablen con él porque les va a mentir, no le crean nada de lo que dice”. Lo mismo sucede con las personas que han cometido un delito: si robaron una vez, ya son unos “ladrones”, unos “delincuentes”, que ojalá pasen el resto de sus días estar encerrado en una isla rodeada de tiburones.

También nos preocupa el tratamiento que los medios de comunicación le han dado al tema, cuestión que viene siendo ya muy propia de estas instituciones en materia penal. Sin ningún argumento, estudio ni experto que los avale, se han dedicado a afianzar los prejuicios de las personas, con el sólo afán de buscar la atención de las mismas, la cual redunda, por supuesto, en ganancias económicas.

La falta de rigor periodístico en el tratamiento de los temas penales es un verdadero cáncer que ha provocado funestas consecuencias: personas que no tienen ni auto, ni portón, viven atemorizadas por los “portonazos”, pues muestran cinco delitos ocurridos en algunas comunas de Santiago, o bien un puñado de resoluciones judiciales donde “dejan libre a un delincuente”, creando la sensación de que esa es la realidad que ocurre en cada rincón de nuestro país.

Para qué hablar de ciertos políticos (la mayoría de ellos). Nos prometen solucionar la delincuencia aumentando el número de personas en la cárcel, aumentando la duración de las penas, aumentando la cantidad de delitos e inmiscuyéndose en nuestras libertades (con el control preventivo de identidad, entre otras medidas). No mencionan siquiera políticas de resocialización o aumento de funcionarios carcelarios (gendarmes) ni mucho menos políticas públicas de fondo, como la mejora en la educación pública escolar y preescolar, en el SENAME, el transporte, la vivienda, las condiciones de trabajo, entre tantos otros asuntos que constituyen una "agenda larga" contra la delincuencia.

Esto tiene una explicación clara: No hay nada más barato para el Estado, para los políticos, que aumentar las penas. Nos mandan un mensaje ficticio, “estamos trabajando para solucionar sus problemas, queremos acabar con la delincuencia”. Es lo más fácil, además de tener una grandísima aceptación de los ciudadanos, que siempre felicitan y agradecen estas medidas.

Y mientras todos estamos embobados pidiendo mano dura contra el que hurta víveres en el supermercado o ropa en las multitiendas, los delitos de cuello y corbata son prácticamente impunes en nuestro país. Las penas del hurto, robo y receptación no han hecho más que subir, llegando al absurdo de que el robo por sorpresa (o lanzazo) puede llegar a tener penas de varios años de cárcel, mientras que el coludirse con la competencia para subir arbitrariamente los precios, lapidando silenciosamente nuestros bolsillos, no es siquiera delito. Y claro, mientras nosotros reclamamos porque le suban las penas al “hurto hormiga”, los ricos que cometen delitos nos observan cómodamente desde su sitial privilegiado, donde el derecho penal, la cárcel, la miseria y la violencia no llegan.
Esa es la realidad del derecho penal en nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿vas a seguir perpetuando el discurso?

Departamento de Ciencias Penales – Centro de Estudios Aurora

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