A principios del año 2016, se entregaron los resultados del segundo estudio nacional de discapacidad ENDISC II, y los datos son sin duda preocupantes. Según ENDISC II, 2.606.914 personas mayores a 18 años viven con alguna situación de discapacidad, fijándose en un 20% de la población adulta en el país.
La elaboración de políticas públicas que permitan mejorar realidades tan complejas para los chilenos se contrapone con una acción del ex gobierno de Sebastián Piñera: haber malgastado más de 30 mil millones de pesos en un Censo que finalmente se deberá realizar de nuevo y que, de paso, deja a Chile sin datos reales sobre toda su población, transformación, dinamismo y, en definitiva, sin la conducción de estadísticas sociales en beneficio de la sociedad.
Por esta razón, considero necesario nombrar los datos entregados por la CASEN 2013 sobre inclusión Social de Personas en situación de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, donde se señala que Chile concentra más de un millón de personas con capacidades distintas.
En la actualidad los chilenos pueden acceder a una pensión básica solidaria por invalidez que bordea los $89.700, teniendo como requisito mantener una remuneración inferior al sueldo mínimo actual de $250.000 e integrar al grupo de familias dentro del 60% más pobre de la población. Sin duda, un golpe a la realidad en las personas, sobre todo si nos detenemos a pensar que con pensiones y requisitos de este tipo no se avanza en dignidad ni mucho menos en un valor justo para vivir.
Resulta importante analizar que los tres primeros quintiles de la población chilena concentran el 43% en personas en situación de discapacidad en el país (según el último Informe de política nacional para la inclusión social de las personas con discapacidad 2013-2020), donde la mayor parte no ha logrado terminar sus estudios de enseñanza básica y media, una situación que desde la mirada política no puede ser olvidada.
Conocemos que la Ley de Presupuesto 2016 establece para la cartera del Ministerio de Desarrollo Social un presupuesto (suma en miles de pesos) de $651.501.680. Mientras que el ingreso para el Servicio Nacional de Discapacidad equivale a (suma en miles de pesos) $17.731.843, aproximadamente 26 millones de dólares, similar monto al año pasado. En otras palabras, podemos decir que solo un 2,72% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social es utilizado para responder a materias de discapacidad en Chile, reflejando una cifra escasa si consideramos que solamente aumentó un 0,1% en relación con el presupuesto SENADIS 2015. El presupuesto en Defensa Nacional 2016 es un 200% superior al presupuesto en materias totales para el Desarrollo social.
De la misma forma, desde la óptica progresista preocupa sobremanera que en Chile exista solo un centro asistencial público que se dedique a trabajar con rehabilitación: el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, ubicado en la Región Metropolitana (comuna de Peñalolén), el cual –conocemos– ha recibido aportes desde el gobierno de Japón para modernizar su capacidad tecnológica.
Sin embargo, es el único centro estatal del país que brinda atención no asistencialista y de manera integral y gratuita a los ciudadanos, pero el rango de edad es para personas menores a 25 años, no contemplando las medidas de integración que exigimos mejoren, sobre todo ampliando el rango de edad para la atención. Debemos aunar fuerzas para una propuesta inteligente de trabajo que permita la buena focalización para la rehabilitación de todas y todos, sin exclusión y hacia todas las regiones.
El desarrollo de diagnóstico implica el imperativo de propuesta, y desde la vereda progresista creo fundamental:
1.– Reformular la misión y objetivos estratégicos de SENADIS y modificar su funcionalidad, ya que actualmente se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social. Los progresistas proponemos que exista directa responsabilidad desde el Ministerio de Salud.
Es fundamental que la integración mantenga el énfasis en la concepción del trabajo en salud, para luego trabajarlo en la intervención con la sociedad.
2.– El Estado debe hacerse cargo de promover urgentemente una política pública de salud integral, que elimine el carácter asistencialista hacia los chilenos en situación de discapacidad. Creando instituciones del Estado abocadas a brindar la entrega especializada en el servicio clínico. Se vuelve esencial crear centros de atención estatal para la rehabilitación, que den cobertura a todos los rangos de edad y no generen exclusión por condición socioeconómica.
3.– Además, es necesario aunar los esfuerzos con voluntad política para aumentar el presupuesto asignado al SENADIS que hoy llega a ser un 2,7% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo social. Es dable apuntar que el Congreso, junto con el trabajo del Poder Ejecutivo, demuestren la voluntad política en la discusión presupuestaria para el año 2017 y avancemos en la debida integración en materias de salud, así como en el plano social.
4.– Se debe avanzar en forma progresiva a la desmunicipalización de la administración en el servicio de atención primaria, de tal manera que el Estado tenga bajo responsabilidad directa el funcionamiento de los CESFAM, SAPU y Postas rurales. Es importante que se creen nuevos y más centros de atención integral de Salud, con plantas físicas apropiadas en tecnologías de diagnóstico y tratamientos pertinentes, insumos y medicamentos suficientes en cantidad y calidad, con equipos de salud constituidos por médicos especialistas en formación y certificados, así como la plana general de profesionales en salud, todos ellos con fuerte vocación pública y respeto hacia los ciudadanos.
[cita tipo=»destaque»] En otras palabras, podemos decir que solo un 2,72% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social es utilizado para responder a materias de discapacidad en Chile, reflejando una cifra escasa si consideramos que solamente aumentó un 0,1% en relación con el presupuesto SENADIS 2015. El presupuesto en Defensa Nacional 2016 es un 200% superior al presupuesto en materias totales para el Desarrollo social.[/cita]
Como progresista creo firmemente que el Estado debe priorizar un trabajo eficiente y efectivo en los objetivos estratégicos sobre la salud del país, que permita el desarrollo de políticas públicas integradoras para las y los compatriotas que hoy se ven afectados doblemente; mantener una enfermedad, cualquiera sea su tipo y el daño de no tener un acceso público digno en la cobertura y/o atención de calidad. Por lo mismo, los progresistas no descansaremos hasta lograr que existan las condiciones políticas suficientes para garantizar el derecho en el acceso a la salud, el cual debe ser considerado una política pública de vital importancia.
