Con cierta ingenuidad los cinco senadores socialistas han dado su respaldo y publicidad a un documento elaborado por economistas y una abogada.
El respaldo de los senadores no es casual: dos de ellos son economistas, uno es médico, Isabel Allende es socióloga, y Quinteros, dentista. Entre los consultados predominan economistas sin especialidades notables.
La gran ausencia: ingenieros civiles y especialistas en industrias manufactureras y desarrollos tecnológicos. Tal vez por eso en el documento no se elabora una estrategia para sacar a Chile de su dependencia de la producción derivada de recursos naturales. La tónica del documento de los economistas socialistas es que las cosas deben hacerse mejor, pero las mismas cosas.
También influye mucho en el documento el posicionamiento para las candidaturas y los cargos en un nuevo gobierno. Un gran problema actual: el sistema de AFP que genera pensiones muy bajas para la mayoría de la población no se toca. Reindustrialización, Nuevas Empresas Estatales, Iniciativas con Tecnología de Punta, protección a industrias nuevas en formación, son temas que se evita mencionar.
En ningún país del mundo se da tanta relevancia como en Chile a los economistas .No solo en las finanzas, sino en la mayoría de los ministerios sectoriales, en los directorios de empresas y servicios públicos y en las embajadas. Para la mayoría de las personas los asuntos financieros y económicos son un área misteriosa en la que solo gente que domina su magia, puede actuar. Si además, como en Chile, se llaman “ingenieros”, pueden prácticamente hacerlo bien en todos los negocios. Es un sistema de autoelogios, que se autorrealimenta.
Lo decía el destacado ingeniero civil industrial, Herman Schwember, ex Vicerrector de la Universidad Católica, fallecido prematuramente, quien trabajó como experto en los países africanos en sus años de exilio desde Inglaterra: “Chile es el único país que está dirigido por los contadores auditores”.
Pero hay que entrar en materia:
Tal vez en lo que un especialista aporta más ideas e iniciativas al texto corresponde al ingeniero Jorge Inostroza Sánchez, en ese momento presidente de los Ferrocarriles del Estado. Propone mejorar y aumentar el transporte de carga, apoyar la inauguración de los trenes que partiendo desde Santiago permitirían transportar pasajeros a Melipilla, Batuco y Rancagua, siguiendo un plan moderno de crear ciudades satélites que desconcentren la metrópoli y permitan el rápido desplazamiento de las personas. Ese plan ya fue planteado por el Gobierno de Piñera y estaba siendo continuado por el Directorio de EFE. ¿Y, por qué no, el tren rápido Santiago-Valparaíso?
La primera sorpresa ocurre apenas publicado el documento de los senadores socialistas: renuncia a EFE Inostroza y es reemplazado por el dirigente socialista y destacado sociólogo, Germán Correa quien apenas a horas de asumir, decide postergar esos proyectos, seguramente afectados por las reducciones presupuestarias impuestas por el Ministro de Hacienda.
Es curioso que para proyectos que afectan tan directamente a las personas en tiempo de transporte y medio ambiente, no se pueda suscribir un préstamo internacional o utilizar parte de los fondos soberanos, que están durmiendo en el exterior a la espera de que los Asesores Financieros de Hacienda lo decidan. ¿Es eso apoyar una política contracíclica, como dice el documento?
En el tema de las concesiones en infraestructura (autopistas, aeropuertos, hospitales y otras) evita recalcar el hecho de que ellas fueron concedidas aceptando hace 20 y más años rentabilidades en UF (sobre la inflación) que están cercanas al 8% anual. Eso ha sido una gran carga para los usuarios y sobreexceden las tasas de retorno actuales. Uno esperaría que socialistas propusieran que, al terminar los plazos de las concesiones, no se renovaran, sino que se relicitaran para ampliarlas o bien que fueran administradas por el Fondo de Infraestructura, a objeto de financiar nuevas obras. Prolongar los plazos es ofrecer condiciones abusivas para los usuarios y no rebajar las tarifas a los niveles actuales de los mercados. Por algo las concesiones se traspasan de una empresa a otra, revalorizándolas grandemente.
Si bien en el documento de los senadores se critica la falta de calidad en la ingeniería de los proyectos, tal vez impresionados por el desastre del puente levadizo de Cau-Cau, proyecto en el cual no tiene responsabilidad directa ningún economista, no se dan alternativas para mejorar esa ingeniería. Uno podría escuchar como propuesta volver a tener en el Estado chileno una gran empresa de ingeniería, como en el pasado existió en la ENDESA estatal, en la propia CAP y en Telecomunicaciones.Si bien una golondrina no hace verano, una empresa de alto nivel provocaría un cambio cualitativo en la forma en que se hacen los proyectos en Chile y no tendríamos que estarlos encargando al exterior con tan malos resultados.
Se menciona, vinculado con este tema, la creación de Centros Sectoriales de I+D (de Inversión y Desarrollo), pero no se plantea que el grueso del esfuerzo debe crearse en la regionalización del país, dándoles iniciativa y recursos a los gobiernos regionales, actualmente tratados como menores de edad y cuyas decisiones importantes se toman en la calle Teatinos de Santiago .
[cita tipo=»destaque»]El documento plantea en sus inicios que se deben lograr mayor bienestar, seguridad e igualdad. No está claro si para los socialistas esos logros pueden conseguirse sin cambiar las bases de la actual sociedad. Si bien se propone un Estado proactivo basado en una alianza público-privada, no se explicita ninguna propuesta al respecto. ¿Incluiría esta alianza el derecho del Estado a una planificación indicativa y a aceptar algunas restricciones al libre mercado, para asegurar el desarrollo, la sustentabilidad y el medio ambiente de la nación?[/cita]
En Chile existe un curioso sistema en que las inversiones en las regiones, incluida la Región Metropolitana, una vez aprobadas en la Ley de Presupuestos y con minucioso control por los parlamentarios de sus zonas, continúan siendo decididas paso a paso por un sistema de sectorialistas de la dirección de Presupuestos, que son famosos por autocelebrarse diciendo: “Desde aquí se maneja el país”.
Si se va a proponer eliminar trabas burocráticas de las que está lleno Chile, el nudo gordiano se cortaría decidiendo que la Dirección de Presupuestos termina su trabajo cuando se aprueba el Presupuesto y se promulga la ley en el mes de noviembre. Los gobiernos regionales deben ser los responsables de la ejecución de los proyectos, sin interferencias centralistas. El flujo de dinero para las inversiones debe ser regular y predeterminado, de forma que se puedan negociar buenos contratos con los ejecutores. Esa es la única manera que en los Gobiernos Regionales que tendrán un Intendente elegido en votación directa, establezcan equipos de especialistas radicados en la región para proyectar y ejecutar los proyectos de inversión.
Y si bien no hay en el documento de los senadores socialistas ninguna propuesta concreta para mejorar la productividad de los trabajadores chilenos, uno esperaría una referencia a que Chile es uno de los 5 países en que los trabajadores trabajan más horas al año .Uno de los factores más influyentes para mejorar la productividad sería reducir la actual jornada laboral de 45 horas a solo 40 horas, es decir, 5 días laborales de 8 horas cada uno.
Cuando se propuso hace 12 años reducir las 48 horas a las 45 horas, también se produjo un griterío como que la economía se iba a venir abajo. Nada pasó y los trabajadores agradecieron poder llegar a sus casas media hora antes. A menor fatiga laboral, mayor productividad.
El documento plantea en sus inicios que se deben lograr mayor bienestar, seguridad e igualdad. No está claro si para los socialistas esos logros pueden conseguirse sin cambiar las bases de la actual sociedad. Si bien se propone un Estado ProActivo basado en una alianza público-privada, no se explicita ninguna propuesta al respecto. ¿Incluiría esta alianza el derecho del Estado a una planificación indicativa y a aceptar algunas restricciones al libre mercado, para asegurar el desarrollo, la sustentabilidad y el medio ambiente de la nación?
En Holanda se ha establecido un plazo de 10 años para prohibir la circulación de vehículos motorizados con combustión interna, después solo se permitirá la circulación de vehículos eléctricos.
¿No habrá llegado el momento de tomar una decisión similar, con distintos plazos, para Chile?
¿Podrán llevarse adelante este tipo de decisiones cuando en el sector privado predominan grandemente las rentabilidades a muy corto plazo? No será fácil para un Estado ProActivo, como se dice en el documento, sin definirlo claramente, llevar adelante esa idealizada alianza público-privada.
