Señor Director:
Las futuras autoridades municipales tendrán entre otras muchas tareas, la de proteger a los vecinos de los problemas que acarrea el consumo de alcohol, vendido y consumido en sus comunas.
Deberán así manejarse en un terreno de inevitable conflicto. Por un lado, las familias y padres que quieren prevenir la violencia en el hogar o la pérdida económica por un miembro dependiente del alcohol en casa o, que sus hijos, niños y adolescentes, se vean arrastrados a beber por la venta irrestricta de alcohol, la publicidad incitante y la presión de los compañeros. Por otro, deberán respetar los derechos y preferencias de comerciantes que administran o buscan patentes para vender alcohol, de conductores que solicitan licencias de conducir y de consumidores de toda edad y sexo.
Hoy está más que demostrado que el consumo de alcohol constituye un factor que incide en una proporción muy significativa en hechos violentos y delictivos, además de los largamente conocidos efectos nocivos sobre la salud física y mental.
¿Qué piensan los actuales candidatos de esta tarea de alto valor humanitario: contribuir a la paz en los hogares y barrios, reducir los delitos, prevenir muertes y violencias?
Algunas de las funciones propias de los municipios procuran pistas para ello, pero no siempre encuentran el necesario sustento en atribuciones institucionales.
En efecto, con la decisión colectiva de su Concejo, cada municipio tiene la responsabilidad legal expresa de otorgar, renovar y rescindir autorizaciones para la venta de bebidas alcohólicas en sus territorios, atendiendo al número de habitantes, la ubicación respecto de colegios, retenes y similares, la densidad por sector y otras.
Sin embargo, con frecuencia se constata que los municipios exceden los máximos permitidos y que en la práctica cuentan con herramientas limitadas para disminuirlos. El exiguo valor de las patentes y su cualidad de ser transferibles entre particulares, hace que rara vez caduquen por morosidad, una de las causales para ejercer esa atribución. Así las cosas, la oferta de bebidas alcohólicas es ostensiblemente mayor que el de muchos productos de primera necesidad y, es bien sabido que para todo producto, a mayor oferta, mayor consumo.
Una segunda responsabilidad de los municipios es la de fiscalizar el cumplimiento de horarios de venta por los locales autorizados.
Es curioso que sea la ley la que señala los horarios máximos de funcionamiento, y que las ordenanzas municipales puedan, sólo “en ese marco”, “fijar horarios diferenciados de acuerdo a las características y necesidades de las distintas zonas… ”. He aquí otra indefinición o conflicto de competencias, pues si un municipio intenta limitar horarios de venta, por ejemplo, a causa de hechos repetidos de perturbación del orden o la tranquilidad pública, se encuentran con que carecen de reales atribuciones y la Justicia ha fallado en contra de esas medidas.
La prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años, vigilada y, eventualmente sancionada por los municipios es una tercera función. No cabe duda que la primera responsabilidad aquí es la de los comerciantes que venden bebidas alcohólicas, pero también es cierta la dificultad de ponerla en práctica. Los municipios no son mencionados expresamente en la ley como los responsables de tal fiscalización. Sin embargo, los sancionados llegan a los Jueces de Policía Local, que funcionan bajo su alero y las multas que de ello se originan, ingresan en la Tesorería Municipal.
La entrega de licencias de conducir, otra función municipal, requiere manejar en mejor forma la que solicitan personas con hábitos riesgosos de consumo de alcohol o con dependencia a él. Confluyen aquí la necesidad de procurar seguridad en las vías y en el tránsito y la necesidad de salud del individuo.
En realidad, hay muchas otras vías para que los municipios desempeñen un rol más destacado en la amplia y compleja área de política pública, municipal y nacional, legislativa y administrativa, para controlar los efectos indeseables del alcohol. Sólo considérese el manejo de la publicidad municipal y de convenios de auspicio con empresas de bebidas alcohólicas; la injerencia en los planes de pesquisa y tratamiento de consumo problemático de alcohol en los centros de salud municipales; la práctica de permisos especiales para venta de alcohol en celebraciones en establecimientos (educacionales) del municipio; las políticas de consumo de alcohol entre funcionarios municipales (en su rol de empleador) y varias otras.
Las elecciones de alcaldes son una buena oportunidad para poner en relieve las potencialidades del nuevo período edilicio.
Alfredo Pemjean (Coordinador Salud Mental Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales (UDP); Jorge Ramírez (Académico Facultad de Medicina UDP); Sebastián Peña (Programa Santiago Sano, I. Municipalidad de Santiago)
