Se valora que en la reciente cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet el pasado jueves 1 de junio de 2017, se incluyera el reconocimiento y la participación política de los pueblos indígenas en la Nueva Constitución, lo que constituye una señal que se quiere avanzar y buscar caminos para terminar con un conflicto que la propia mandataria admitió “ha durado casi 500 años».
Sin embargo, los anuncios son iniciativas condicionadas a que el país cuente con una nueva carta fundamental, y esa posibilidad, aunque es resguardada por el grueso de la ciudadanía, para los políticos es una opción que no todos respaldan. Esto último, porque todos sabemos que a la élite política chilena no le conviene cambiarla, aun sabiendo que es una Constitución ya desfasada en el tiempo, incoherente con las realidades, intereses y necesidades de la sociedad actual y que sólo beneficia a un pequeño sector de los chilenos.
La Presidenta dijo también que enviará un proyecto para fortalecer el desarrollo productivo y territorial y, además, un programa de reparación de todas las víctimas de violencia en la región de La Araucanía. Uno se pregunta ¿Y eso cómo se hará? Difícil tarea para un sector de la clase política que insiste en tratar el tema como una situación de terrorismo y no como un conflicto histórico – político del Estado de Chile contra el pueblo Mapuche.
[cita]Cuando hablamos de la autonomía del pueblo Mapuche nos referimos a contar con una verdadera participación política, porque no somos una junta de vecinos, un club deportivo o una fundación. Tampoco somos una organización funcional creada por ley de otra Nación-Estado, como las organizaciones en las que nos han obligado a reunirnos. [/cita]
Sin duda, es una buena noticia que haya un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y me alegra que la Presidenta hable de la participación política de éstos, por cuanto es una petición histórica que, hasta el día de hoy, no se ha resuelto. No hay que olvidar que el tema de la participación es una verdadera institución considerada en el Convenio 169 de la OIT, al que el Estado de Chile se obligó a respetar, sin -a la fecha- dar objetivo y real cumplimiento.
Asimismo, se debe aclarar que no se ha dado solución en esa declaración de buenas intenciones a nuestros problemas de fondo. Me refiero a la demanda histórica de devolución del territorio que se viene reclamando desde que el Estado de Chile anexó por la fuerza en 1881, diez millones de hectáreas, tampoco da solución al conflicto económico territorial derivado de esta deuda histórica y que, hoy, mantiene a las familias Mapuche del Bío Bío y La Araucanía en la extrema pobreza y a las dos familias propietarias de las forestales, Angelini y Matte, Arauco y Mininco en la extrema riqueza, con propiedad sobre el 65% de la superficie total de la Provincia de Arauco.
Para tristeza de algunos críticos, esta solicitud de devolución de autonomía está fundada por los tratados del pueblo Mapuche con España, el de Quilín y con el Estado chileno, Tratado de Ipinco, Negrete, Yumbel y Trapigue.
Desde el punto de vista de la voluntad política, se valora la propuesta de la Presidenta de Chile. No sabemos si la composición del nuevo parlamento tendrá la misma mirada frente a los derechos de los pueblos originarios. De no ser así, este discurso puede quedar en nada.
En términos prácticos, me preocupa que llegue un gobierno que no sea progresista y no siga en la línea que nosotros estamos, porque cuando se aprobó el Convenio 169 de la OIT, el gobierno de Sebastián Piñera aprobó dos reglamentos del Convenio, uno es el Decreto Nº 40 y, el otro, es el Decreto Nº 66, que permiten que la consulta indígena no sea eficiente y que las empresas sigan llevando a cabo acciones en territorio Mapuche de proyectos hidroeléctricos, de redes eléctricas y mineros. Al final, con esos decretos, la consulta indígena queda más bien en una recopilación testimonial.
Esperábamos una propuesta en que el Estado, de una vez por todas, reconozca al pueblo Mapuche como nación y sujeto de derechos colectivos, con la facultad de decidir libremente su futuro. Una propuesta que solucione el problema de fondo: me refiero a un reconocimiento constitucional con un estatuto legal que regule el funcionamiento autónomo en territorio Mapuche y una estructura política que le de representación, un Parlamento Mapuche de acuerdo a identidades territoriales.
Cuando hablamos de la autonomía del pueblo Mapuche nos referimos a contar con una verdadera participación política, porque no somos una junta de vecinos, un club deportivo o una fundación. Tampoco somos una organización funcional creada por ley de otra Nación-Estado, como las organizaciones en las que nos han obligado a reunirnos.
El recuperar la autonomía nos permitiría decidir en libertad -derecho arrebatado hace 133 años- cuando el Estado violó los tratados, dejando al pueblo sobreviviente sin poder de ningún tipo, bajo un constante intento de asimilación. En palabras simples, no tenemos poder para beneficiar a nuestro propio pueblo, ese poder está en manos del 1% más acaudalado de Chile, que hace leyes que sólo los benefician a ellos.
La autonomía, insisto, es un valor en sí que -a mi juicio- debió ser incorporado en la Cuenta Pública 2017, porque el no hacerlo implica para Chile seguir tratando a las comunidades originarias con las reglas y normas propias de los occidentales, sin que se respeten sus formas de vivir arraigadas y que, por años, se ha pretendido extinguirlas y que las primeras naciones, como se les llama en Canadá, funcionen tal como el resto de los chilenos. El reconocer al otro en su verdadera dimensión, en sus formas y tradiciones sigue siendo una deuda pendiente y frente a la que, al parecer, el Estado, ni antes, ni ahora, está interesado en producir un cambio real, concreto y significativo.
No se trata de tener en un mismo Estado dos Chile, sino admitir que quienes somos parte de las comunidades indígenas, tenemos una historia propia, cultura, idioma y principios que son distintos, que el reconocimiento de esta plurinacionalidad le dan identidad desde la diversidad a Chile y que no se puede pretender asimilar a los principios de los occidentales.
