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Botín de guerra electoral

por 16 diciembre, 2017

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Planteamiento

En esta segunda vuelta presidencial disputan el gobierno los partidos del pacto transicional, la recalcitrante derecha conservadora y los vestigios de la concertación disfrazada de lo que haga falta para mantener sus privilegios, esta vez, de socialdemócratas progresistas. Ambas, durante 27 años han administrado el modelo capitalista en su versión neoliberal heredado de la dictadura cívico-militar.

El neoliberalismo en Chile está hecho a la medida de unos pocos, en tanto para los comunes el empleo es precario, los sueldos siguen estancados y el costo de la vida es más caro. La venta de derechos sociales al mejor postor se tradujo en que el 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más pobre.

Las instituciones públicas no dan respuesta eficiente a las necesidades del pueblo, el aparato burocrático carece de mecanismos que permitan entregar un buen servicio y recibir soluciones adecuadas a los problemas. Cada trámite realizado es engorroso, lento y muchas veces termina en nada, existe carencia de una coordinación entre los ministerios –internos y externos-, simplificar los procesos para la gente común, hacer seguimiento el servicio entregado y otorgar una atención cordial; ser servidor público es una vocación, es ponerse a disposición de los otros para solucionar sus problemas con los recursos del Estado, en ningún caso deben ser espacios de poder que generen redes clientelares.

Según Valdebenito (2017) el sector público emplea 358.312 personas, de ellos 275.108 son contratados por el gobierno central y 83.204 por gobiernos locales. Los partidos políticos del pacto post dictatorial disputan la captura de los espacios institucionales cual tesoro de guerra, para instalar sus ejércitos de funcionarios y funcionarias que ejecuten políticas públicas neoliberales resultantes del consenso entre las élites políticas y el empresariado.

Nudo

Decía Gramsci (1925) que una revolución burguesa no es más que la sustitución de un personal administrativo por otro. Una revolución verdadera es la que se basa en una nueva clase.

Los principales desafíos para el Chile del siglo XXI son generar una sociedad democrática participativa, donde se respeten los derechos humanos y se ejerzan las autonomías culturales y territoriales de la multiplicidad de sujetos/as mediante instituciones públicas eficientes al servicio de los problemas de la comunidad.

En 2015 la mitad de los chilenos y chilenas recibió un sueldo que apenas alcanzó para mantener a su familia sobre la línea de la pobreza (Informe PNUD, 2017). Cuando se habla de desigualdad en Chile se debe entender que algunos mueren en pasillos de hospitales esperando atención médica, mientras otros seleccionan exclusivas clínicas resort; familias chilenas no tienen techo donde resguardar a sus hijos, y otros controlan el precios de viviendas comprando centenares de propiedades; niños son brutalmente vejados en centros del Sename; profesionales a honorarios en instituciones públicas no tienen derechos laborales; las mujeres son violentadas por el sistema en su conjunto -cultural, social y simbólico- en el espacio público y privado; de esto hablamos cuando hablamos de desigualdad en Chile, de violencia real y simbólica.

Rodrigo Cisternas, Manuel Gutiérrez y José Huenante son detenidos y desaparecidos en Democracia; Macarena Valdés, Lorenza Cayuhan y la Machi Francisca Linconao fueron víctimas de la represión institucional. Mientras algunos pedíamos la libertad de Linconao frente a la Moneda, el ejército de burócratas del gobierno socialista de Bachelet pasaba indiferente ante este hecho político de dignidad, justicia y verdad. El principio cuarto del partido socialista S.A. reza; “El régimen político democrático no es, por lo tanto, una simple forma de administración del orden existente sino la vía para su propia transformación”.

Las fuerzas que han gobernado Chile durante 27 años (algunos de ellos ya habían gobernado también los 17 anteriores) lo han hecho de espaldas al pueblo, han preferido ser amigos de banqueros y empresarios en lugar de defender los intereses de las comunidades. Los hombres y mujeres mencionados más arriba tienen, al menos, tres elementos en común.

Primero, acusan la impunidad que se sigue respirando en nuestra democracia. Nos recuerdan las 35.000 mil víctimas del tirano y los 2.025 que siguen desaparecidos. Segundo, la violencia política a través de los órganos de represión continúa ejerciéndose, ya sea en gobiernos de derechas o en los gobiernos del pacto. Tercero, la institucionalidad siempre que funciona, lo hace en contra del pueblo pobre, del precarizado, del que vive en región, del que no tiene redes ni contactos “poderosos”.

Los partidos que pactaron la transición chilena se hunden, cual barco destartalado, haciendo agua por todas partes. Los altos niveles de abstención electoral y baja confianza en las instituciones, dan cuenta de los múltiples episodios de corrupción, saqueo del Estado y repartija del botín fiscal.

Desenlace

El 2011 desde las calles chilenas se cuestionó al mercado que nos trata como mercancía, a los políticos que representan intereses empresariales y a los partidos que asaltan las instituciones. Un nuevo sentido común comenzó a gestarse; los derechos sociales no son transables ni se venden; se conquistan y se defienden en cada espacio del sistema social y político.

La izquierda “es un conjunto de sujetos sociales vivos con conciencia y capacidad de pensar y socializar. No sólo es un bloque político parlamentario o mera tradición de lucha”, Salazar (2009). Los principales desafíos para el Chile del siglo XXI son generar una sociedad democrática participativa, donde se respeten los derechos humanos y se ejerzan las autonomías culturales y territoriales de la multiplicidad de sujetos/as mediante instituciones públicas eficientes al servicio de los problemas de la comunidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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