Señor Director:
La Corte Suprema manifestó públicamente su preocupación por la ineficacia que afecta al sistema proteccional que administra el SENAME, dada la reducción y cierre progresivo que han sufrido en estos últimos años los programas ambulatorios, así como las residencias que reciben niños por graves vulneraciones de derechos. Un ejemplo de ello es el Hogar de Cristo que, en los últimos 6 años, cerró 58 programas y dejó de atender a 7.700 niños y sus familias; mientras que Aldeas Infantiles SOS cerró 7 programas, dejando de atender a 2.550 niños.
La Corte Suprema cuestionó la efectividad de las resoluciones que dictan sus tribunales en el ámbito proteccional, cuando no hay una oferta programática suficiente. Porque no basta con generar judicialmente plazas adicionales vía 80 bis (disposición legal que sólo precariza el sistema), para hacinar niños en programas que no tienen más capacidad humana, física o financiera, y que no logra dar una solución de cuidado y protección.
Como sociedad civil comprometida por décadas con la atención de miles de niños y jóvenes, sostenemos que no se trata sólo de resolver un problema asociado al sistema que administra SENAME, donde llega un 3% de la población infantil a instancias de los tribunales de justicia, sino que de ponernos de acuerdo como Estado y sociedad en garantizar, que un niño cuando es privado del cuidado de su familia por un tribunal, exista la certeza de que recibirá la mejor respuesta que necesita por parte del Estado.
Los miembros de distintas organizaciones comprometidas con la protección y restitución de los derechos de los niños, invitamos al Presidente de la República que asumirá en marzo a liderar, de una vez por todas, la implementación de soluciones definitivas.
Alejandra Riveros, abogada, en representación de Aldeas Infantiles SOS Chile, Observa sobre el derecho a vivir en familia y Mesa técnica de residencias de COS.
