Opinión
Las medidas anunciadas en la última cuenta pública presidencial pusieron el acento donde la evidencia y contingencia nos interpela: las malas condiciones que están viviendo los 108.937 niños y niñas que están en la Red Sename. Especialmente los 10.497 que están creciendo en centros de acogimiento, privados del cuidado y la protección de sus familias.
A 28 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños, el Estado no cuenta con protocolos y estándares mínimos de calidad que entregue lineamientos claros y certeros para el trabajo con los niños y sus familias. Si bien, este 3 de abril se presentó un proyecto de ley que busca aumentar la subvención que reciben los organismos colaboradores, es imperioso avanzar en conjunto hacia un marco de acción que asegure una atención de calidad en los territorios y barrios donde están creciendo los niños y por sobretodo, que responda a la realidad de cada niño que perdió el cuidado de sus familias.
¿Qué debiésemos asegurar el Estado y la sociedad civil? Lo primero son estándares mínimos que enmarquen el trabajo preventivo para fortalecer a las familias y evitar que los niños sean “institucionalizados”. Para la niñez y la adolescencia, la familia es el núcleo central de su protección. Vivir en familia es reconocido como un derecho humano y como tal, debe garantizarse siempre. Por ello, la importancia de generar estándares que apunten a un trabajo integral en los barrios, donde el colegio converse con el consultorio de salud y todos quienes intervienen en el ciclo vital del niño, aunando esfuerzos para que ellos crezcan protegidos junto a sus familias.
[cita tipo=»destaque»]En particular, desde que un niño llega a una organización como Aldeas debemos trabajar fuertemente para asegurar la reintegración con su familia. Para lograr este objetivo, se fortalece al grupo familiar para ampliar sus capacidades como principales referentes de cuidado. Los esfuerzos están dirigidos a que puedan cumplir con sus responsabilidades como tales y así los niños puedan regresar junto a ellos/as lo antes posible. Para mejorar este trabajo, hoy el Estado debe pronunciarse en cómo se hará cargo de financiar estas prestaciones, que dada los contextos de alta vulnerabilidad, donde los adultos también han visto sus derechos humanos transgredidos, implica una intervención permanente y continua.[/cita]
A su vez, en necesario generar estándares para la derivación de niños, niñas y adolescentes a programas de la red Sename, donde muchas veces como una organización que trabaja la atención directa, hemos pesquisado casos donde no hay un despeje familiar y se opta por la internación del niño, sin haber indagado oportunamente la existencia de redes familiares. Y más preocupante aun es lo que nos ocurre en Arica, donde no hay más oferta en la línea de acogimiento y pese a ello, tribunales de familia insiste en la derivación de niños y adolescentes, no teniendo capacidad física, ni humana, para asumir su intervención.
Luego, todos los organismos que trabajamos con niños y sus familias, debemos además propender a intervenir de manera terapéutica e integral la vida del niño. Es necesario establecer la realización de un diagnóstico en tres dimensiones: a nivel individual, familiar y comunitario. Con él, se debe elaborar e implementar un plan de intervención individual (PII) asociado al ejercicio de todos los demás derechos, como son salud mental, educación, participación en este plan y su derecho a vivir en familia. Así, buscamos fortalecer los recursos de los niños y sus familias para que egresen del sistema de cuidado alternativo.
En particular, desde que un niño llega a una organización como Aldeas debemos trabajar fuertemente para asegurar la reintegración con su familia. Para lograr este objetivo, se fortalece al grupo familiar para ampliar sus capacidades como principales referentes de cuidado. Los esfuerzos están dirigidos a que puedan cumplir con sus responsabilidades como tales y así los niños puedan regresar junto a ellos/as lo antes posible. Para mejorar este trabajo, hoy el Estado debe pronunciarse en cómo se hará cargo de financiar estas prestaciones, que dada los contextos de alta vulnerabilidad, donde los adultos también han visto sus derechos humanos transgredidos, implica una intervención permanente y continua.
Con todo, muchos niños que perdieron el cuidado de sus familias no pueden regresar junto a ellos por múltiples factores. Por ello, las organizaciones debemos contar con estándares que nos faciliten el trabajo con jóvenes para la preparación a su vida independiente. El sistema cesa su apoyo y contención cuando cumplen la mayoría de edad y son las organizaciones, quienes con sus recursos deben preparar planes para su vida adulta. La tarea es ardua, pero si intervenimos con calidad, tendremos grandes posibilidades de tener adultos reconciliados con sus historias de vida, reinsertados en la sociedad y cumpliendo sus propios objetivos de vida.
Como organización que prontamente cumplirá 53 años de trabajo por los derechos de los niños, ponemos nuestra experiencia a disposición y esperamos ser convocados en la generación de estándares que apunten a mejorar las condiciones de vida de todos los niños y niñas que viven en nuestro país.
