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EDITORIAL

Zona de sacrificio ambiental: la miseria moral de un Estado burocrático

por 29 agosto, 2018

Zona de sacrificio ambiental: la miseria moral de un Estado burocrático
No es fútil sostener que daños como los ocurridos en la bahía de Quintero y en Puchuncaví son solo el resultado de un persistente enfoque económico de uso de modos productivos añejos que alejan a las empresas y al país de la competitividad limpia en los mercados globales. Un enfoque que traspasa los costos ambientales al hábitat y al resto de la sociedad, produciendo una rentabilidad tramposa que finalmente pagan los ciudadanos con su mala calidad de vida, sus enfermedades y la degradación de sus territorios. Y que es posible por la omisión o acción cómplice del Estado.
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La reiteración de los mismos o semejantes hechos que generan graves consecuencias en las personas y el medioambiente en ciertos lugares, incluidas enfermedades que causan la muerte, es algo que solo se explica por la desidia de las autoridades y la miseria moral de un Estado, cooptado por un productivismo salvaje en el funcionamiento de sus instituciones y sin preocupación por la gente. Nada justifica que a través de múltiples políticas públicas, por más de cuarenta años, en decisiones pensadas y fundamentadas de la autoridad, se convierta un territorio como la bahía de Quintero en una “zona de sacrificio ambiental”. Lo ocurrido, gracias a la lógica de un enfoque económico de productividad salvaje, ha creado en ese territorio un verdadero campo de concentración, que aunque sin alambradas, implica para las personas que viven en él todos los males que un confinamiento social de condenados les puede producir. No tienen ni salud, ni valor de propiedad, ni la real libertad de mudarse, porque son infinitamente pobres en todos sus derechos.

Lo de Quintero Y Puchuncaví no es lo único ambientalmente grave en el país, pero es un ejemplo palmario del desinterés y la incapacidad del Estado para asegurarle a las personas aquello que la Constitución Política ordena sobre la materia, cual es, “El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”. La misma Carta Fundamental le permite a la autoridad “establecer restricciones específicas a determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

El Estado de Chile no solo  ha sido incapaz de poner reglas que impidan ese funcionamiento salvaje de la economía, sino que también lo sustenta con sus propias empresas y permite que las autoridades regulatorias le hagan trampas a la ley y omitan derechamente sus obligaciones de manera flagrante para que empresas privadas actúen y generen desastres ambientales.

En Puchuncaví, hace apenas 8 años, se produjo uno de los peores hechos cuando el 31 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Firmada por Patricia Poblete, ministra de Vivienda, y Edmundo Pérez Yoma, en calidad de Vicepresidente de la República, fue un traje a la medida para que la empresa Aes Gener consolidara su proyecto termoeléctrico de Campiche, y burlara así la sentencia de la Corte Suprema que había declarado ilegal el permiso ambiental.

Es extraño que en la actual crisis la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sin mayores pruebas ni fundamentos técnicos, emita declaraciones sobre la culpabilidad de Enap y Codelco –que perfectamente pueden tenerla, o a lo menos parcialmente-  y haya omitido a las empresas privadas Gasmar, a Oxiquim o a Aes Gener, parte importante del enjambre contaminante de esa zona. Ello es parte de la tradición. Lo distintivo es que su premura comunicacional ha dejado la duda de si la omisión de la empresa Oxiquim fue intencional o no, dado que su marido, el abogado Gonzalo Molina Moreno, fue socio -hasta hace solo un par de meses- de Fernando Barros Tocornal, quien preside el Directorio de Oxiquim y es uno de los abogados más cercanos al Presidente Sebastián Piñera.

En el hecho intervinieron concertadamente todos los órganos pertinentes del Ejecutivo, pese a estar comprobado ambientalmente que el terreno no era apto para instalar una generadora eléctrica a carbón, y que la comunidad organizada había logrado detenerlo judicialmente. El Minvu actuó a través de la División de Desarrollo Urbano dirigida por Luis Eduardo Bresciani, y la propia ministra de Vivienda; el ministerio de Energía a través de su ministro Marcelo Tokman y el ministerio del Interior a través de Edmundo Pérez Yoma (que firmó siendo Vicepresidente de la República). Todo, pese a los daños efectivos de salud en la población en lugares como La Greda y al extenso historial de problemas ambientales en esta zona que se ha transformado en “zona de sacrificio ambiental”.

Por ello no es extraño que en la actual crisis la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sin mayores pruebas ni fundamentos técnicos, emita declaraciones sobre la culpabilidad de Enap y Codelco –que perfectamente pueden tenerla, o a lo menos parcialmente-  y haya omitido a las empresas privadas Gasmar, a Oxiquim o a Aes Gener, parte importante del enjambre contaminante de esa zona. Ello es parte de la tradición. Lo distintivo es que su premura comunicacional ha dejado la duda de si la omisión de la empresa Oxiquim fue intencional o no, dado que su marido, el abogado Gonzalo Molina Moreno, fue socio -hasta hace solo un par de meses- de Fernando Barros Tocornal, quien preside el Directorio de Oxiquim y es uno de los abogados más cercanos al Presidente Sebastián Piñera.  Sus dichos han concitado una fuerte respuesta corporativa de la empresa estatal Enap, en la que han estado alineados incluso los sindicatos.

Lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví –y en varias otras partes del país- no es un problema de la economía necesariamente, ni un resultado natural del crecimiento económico. El paradigma de un crecimiento con sustentabilidad ambiental ya era foco de análisis en los primeros informes del Club de Roma a fines de los años 60 del siglo pasado, y materia de discusión en todos los foros económicos. El cambio climático y el fin inevitable de la energía fósil ha acelerado y complejizado ese debate, que hoy ocupa lugar prioritario en la agenda pública.

Es más, de manera creciente el país impulsa programas de energía limpia y muchas empresas, incluida la minería de punta, entienden el cambio de paradigma productivo y se proyectan con innovaciones en este campo.

Por ello, no es fútil sostener que daños como los ocurridos en la bahía de Quintero y en Puchuncaví son solo el resultado de un persistente enfoque económico de uso de modos productivos añejos que alejan a las empresas y al país de la competitividad limpia en los mercados globales. Un enfoque que traspasa los costos ambientales al hábitat y al resto de la sociedad, produciendo una rentabilidad tramposa que finalmente pagan los ciudadanos con su mala calidad de vida, sus enfermedades y la degradación de sus territorios. Y que es posible por la omisión o acción cómplice del Estado.

Este es un problema en Chile: existe irresponsabilidad política de las autoridades, si no derechamente impunidad, ya que pueden actuar de manera reiterativa y cómplice sin experimentar ningún reproche o sanción, ni rendirle cuentas a nadie.

En Quintero y Puchuncaví hay una responsabilidad política que debiera ser perseguida sobre las autoridades actuales y, en lo que se pueda hacia atrás en el tiempo, sobre todas las anteriores, porque no se trata de un evento ocasional ni casual, sino que de una acción sistemática del Estado a través de los años, con transgresiones de ley y dolo frente a las personas, muchas de las cuales ya han perdido la vida.

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