Señor Director:
“[Otras regiones] no sufren la violencia extrema que sufre la Araucanía. Y debemos preguntarnos, y la pregunta es de fondo, ¿es causa o efecto? Yo quiero señalarle aquí en esta cámara que si se termina la violencia extrema de la Araucanía, se terminan las Fuerzas Especiales en la Araucanía. […] En ninguna otra región ocurre lo que ocurre en la Araucanía.”
Así replicaba el ministro del interior, Andrés Chadwick Piñera, a una de las preguntas formuladas por la diputada Emilia Nuyado en el marco de la interpelación realizada en el congreso. ¿Causa o efecto? Para precisar esta pregunta circular habría que establecer, en primer término, que el conflicto en la Araucanía no es el problema del terrorismo. Tampoco radica solo en la presencia, per se, de Fuerzas Especiales, aunque es necesario señalar que tal presencia tiene una fundamental significancia en el conflicto, por cuanto supone la manifestación activa del poderío bélico estatal que se despliega al interior de Chile. Es por ello mismo que –y como bien señala el politólogo y economista Max Weber–, el Estado “reclama para sí, y con éxito, el monopolio de la violencia física legítima”.
Habría que precisar que la violencia en la Araucanía, además de incluir a la presencia policial, se presenta en la interrelación de un sinnúmero de relaciones de poder que hacen de aquél territorio uno de los arquetipos de la violencia estructural hacia la ciudadanía. Como bien establece el antropólogo Philippe Bourgois, la “violencia castiga desproporcionadamente a los sectores estructuralmente vulnerables de la sociedad y frecuentemente no es reconocida como violencia ni por las víctimas ni por los verdugos, que a menudo son uno y lo mismo”. De esta manera, es que se puede vislumbrar que el oficialismo haya optado por concentrar la atención en las culpas sobre el asesinato mismo, en lugar de entablar una discusión que interrogue al conflicto en su compleja profundidad. Tomar esta opción implica, por defecto, asumir las responsabilidades políticas correspondientes.
Para establecer una aproximación a la violencia en la Araucanía habría que mencionar que el Estado de Chile ha prestado particular atención en la negación de la subjetividad indígena y de su derecho de autodeterminación identitaria. No basta con una valoración nominal de los pueblos originarios que solo reconozca una imagen folklorizada y estática, carente de una identidad históricamente situada; es necesario que el reconocimiento trascienda el ámbito discursivo y sea garante de un despliegue identitario que hasta hoy ha sido dificultado. Precisamente, porque es a partir del uso del espacio y reivindicación territorial que las prácticas colectivas devienen en identidades y por tanto, en cultura. Sin embargo, la preeminencia de la matriz extractivista, de carácter eminentemente privado, entra en conflicto con la existencia de identidades diferenciales a las que establece la racionalidad de mercado. Esta tensión se agudiza en la medida en que en estos espacios se explicita la problemática territorial que va más allá del mero control entre privados. Lo anterior no es otra cosa que la manifestación contemporánea de racismos que hayan su expresión tanto en la precarización y discriminación según características de pigmentación o color de piel, como en la negación del derecho a la identidad y la existencia.
La muerte de Camilo Catrillanca no solo es el asesinato de un mapuche: es también la expresión simbólica de lo que sucede por ser mapuche. Esta muerte es una invitación al abandono y la apatía de la construcción de un proyecto de sociedad otra, de una identidad de las y los incómodos con el Chile actual. En este sentido, la muerte de Camilo Catrillanca no es solo un asesinato en la cada vez más larga lista de aquellos quienes han muerto por vivir la utopía de un mundo distinto. Su muerte es también la imposición de una manera hegemónica de ver y hacer sociedad y de propiciar el miedo al ingenio de nuevas maneras de vivir.
Comprendiendo esto, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribía: “¿qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse.”
De este modo, vuelvo a plantear la pregunta: ¿Causa o efecto? La presencia policial es solo una parte de la violencia. Es evidente que las responsabilidades de facto deben esclarecerse, juzgarse y condenarse debidamente, pero es menester incorporar las responsabilidades políticas que han sido garantes de la vigencia de modos y maneras de hacer sociedad que han repercutido en la profundización de expresiones contemporáneas de racismo y pobreza. Sin ello, las acciones del gobierno posteriores a la muerte de Camilo Catrillanca dan luces de establecer una política de la irresponsabilidad y de la incertidumbre. Solo por aportar un dato: según la encuesta CASEN del año 2017, un 57,3% de los trabajadores en la región recibe remuneraciones bajas, siendo uno de los porcentajes más altos del país en este aspecto.
No es lo mismo la culpa que la responsabilidad. El discurso del oficialismo parece ser particularmente estratégico al respecto, en la medida en que vislumbra la salida fácil: cuadrarse con el sentido común y orientar el conflicto en toda su complejidad a la mera búsqueda de los culpables del asesinato. Sin embargo, aún faltan muestras de genuino respeto al mundo indígena. Es necesario entablar en la discusión una política de la responsabilidad, la cual de muestras genuinas de preocupación por la violencia en la Araucanía, donde se garantice el derecho a ser y existir de los pueblos indígenas conforme a sus identidades, culturas y territorios.
Pablo Robledo Vallejos – Sociólogo. Investigador y educador en pedagogías críticas y praxis movimental en Kutral
