Opinión
Zona de sacrificio es un término utilizado mundialmente para denominar a asentamientos humanos que han sufrido degradación y devastación ambiental por causa del abandono del estado y la acción del desarrollo industrial. El INDH de Chile, en su informe anual de 2011 define las zonas de sacrificio como una situación de injusticia ambiental evidente, por cuanto los beneficios que genera una industria se reparten difusamente entre la sociedad toda, mientras que los costos ambientales son soportados por personas en situación de vulneración social y económica. Quintero, Puchuncaví y Con Con califican como “zona de sacrificio”.
Los casos de intoxicaciones masivas ocurridos en la segunda mitad del del año pasado en la zona de sacrificio alertaron nuevamente sobre la necesidad imperiosa de actuar firmemente para poner un freno a la “desenfrenada” carrera industrial por ampliar la ocupación de un territorio saturado de contaminación. Recordemos que entre agosto y diciembre fueron atendidos en los servicios de urgencias de Quintero y Puchuncaví más de 1.500 personas debido a cefaleas, vómitos, diarrea, mareos, desvanecimientos, síntomas y signos neurológicos, cuya causa común fue diagnosticadas como una intoxicación por contaminantes atmosféricos de origen industrial. Y todo esto ocurre en las narices un estado inoperante para enfrentar las condiciones legales, reglamentarias y administrativas y salir en defensa de los derechos humanos fundamentales pasados a llevar directamente o como consecuencia de la contaminación ambiental de la actividad industrial. En relación con los episodios del año pasado, a la fecha ni siquiera se ha determinado el o los responsables de las intoxicaciones ni se ha identificado el compuesto químico que lo provocó.
El escándalo actual que moviliza con urgencia a las organizaciones locales es la autorización para la construcción del “Terminal Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero”, un muelle portuario que desde su construcción hasta su operación inevitablemente agravará la situación de contaminación del aire y del mar en la zona, amenazando directamente la salud de todos sus habitantes, además de afectar la actividad productiva, principalmente la relacionada con la pesca artesanal. La exigencia de las organizaciones y de la comunidad es la invalidación de la RCA N° 16 del 23 de enero del 2017 que autoriza su construcción debido a que en la revisión del proyecto hubo antecedentes que no fueron adecuadamente evaluados durante el proceso.
La construcción consiste en un muelle de más de un kilómetro de largo que implica el dragado del fondo marino extrayendo 1.600.000 toneladas de sedimentos del fondo de la Bahía de Quintero, acumuladas por más de medio siglo y contaminadas con sedimentos de metales pesados, entre ellos mercurio y arsénico. Estas serán arrojadas frente a la costa de Horcón, sobre un ecosistema que actualmente permite sustentar pesquerías de merluza, jibia, entre otros recursos. La evaluación ambiental no consideró todas las variables que esta acción provocaría en el ambiente marino.
Tampoco en la revisión del proyecto se consideraron adecuadamente los contaminantes del aire que conlleva la operación del puerto. El proyecto contempla el embarque al año de 1.800.000 toneladas de concentrados de cobre y la descarga anual de 3.800.000 toneladas de carbón y 400.000 toneladas de gráneles líquidos como combustibles y productos químicos. Esta actividad producirá la emisión de toneladas de material particulado y gases que fueron los responsables de las intoxicaciones masivas del pasado año. La revisión del estudio minimiza el efecto de estos contaminantes no evaluándose los impactos y emisiones fugitivas que el almacenamiento de combustibles y químicos generara durante su estadía en la Bahía de Quintero.
No se necesita ser experto para advertir que la construcción de un nuevo muelle portuario para aumentar la actividad industrial en una zona saturada, así como la ampliación de cualquier otra actividad industrial sólo contribuye a empeorar las condiciones ambientales y a aumentar el sacrificio de sus habitantes.
Por ello, 33 organizaciones locales, 43 organizaciones regionales y nacionales, 13 representantes de la Sociedad Civil en el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social Quintero-Puchuncaví y 24 organizaciones y autoridades políticas firmaron una declaración en la que acuñan su convicción y su exigencia:
¡No más proyectos industriales para Quintero y Puchuncaví!
¡No a la ampliación del terminal multipropósito Oxiquim!
¡No más zonas de sacrificio en el país!
Es hora de que las pasajeras preocupaciones a las que nos llevan las contingencias mediáticas den paso a un permanente, amplio y efectivo compromiso país con las causas de los habitantes de la zona se sacrificio.
