Señor Director:
A casi un año de los anuncios del gobierno en materia migratoria que prometieron “ordenar la casa”, conviene pasar revista de sus resultados, observar si fueron efectivas las medidas, e identificar en qué consistió este orden prometido.
Los anuncios de abril de 2018 se pueden agrupar en tres grandes temas: creación y eliminación de visas, anuncio de un proceso de regularización extraordinario, y envío de las indicaciones para avanzar en la creación de una nueva ley de Migración y Extranjería. Estas y otras medidas se suman a una política sistemática de exclusión de la sociedad civil y de otras reparticiones del Estado y Organismos Internacionales. Esta política trae como efecto el cierre el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, el cese el trabajo del Consejo Técnico de Política Migratoria, y la no adhesión al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, entre otros.
En términos generales, en el ámbito de los resultados, se puede argumentar que las medidas fueron efectivas, pero en la constitución y profundización de un “racismo de Estado”, evidenciado a partir de la drástica disminución de la migración proveniente de Haití y de otras medidas “focalizadas” en este colectivo, que buscan promover el retorno mediante deportaciones encubiertas en una política humanitaria. Dicho sea de paso, el país más pobre del hemisferio, según la ONU, y sumido en una crisis con civiles muertos. Es así como el gobierno ha demostrado ser un precursor activo de políticas racistas, además de un estratega en selectividad de ciertos migrantes como potenciales votantes.
Para efectos del análisis, conviene ir revisando los resultados punto por punto para dilucidar por qué unos y no otros:
1. Creación y eliminación de visas
Con la eliminación de la Visa por Motivos Laborales, la única alternativa legal para aquellas personas de nacionalidad extranjera que quisieran permanecer en el país para efectos de dar cumplimiento a un contrato de trabajo, volvió a ser la Visa Sujeta a Contrato, la cual es a lo menos ineficiente al no representar un incentivo ni para el empleador ni para el empleado. Sin embargo, se anunció la creación administrativa de seis nuevas visas, que se constituirían como alternativas a la migración laboral y, sobre todo, calificada, las que, si bien se condicen con el enfoque del valor que representa la migración para el desarrollo del país, en los hechos concretos pareciera ser que no son coherentes con las necesidades reales tanto de oferta como de demanda de personas migrantes.
Con la Visa de Oportunidades, por ejemplo, se prometía entregar 3000 visados a noviembre de 2018 para quienes quisieran venir a Chile a trabajar en áreas definidas como prioritarias en zonas geográficas determinadas. Sin perjuicio de ello, conforme a los datos informados por el gobierno, solo se han otorgado 95 de un total de 2156 solicitudes ingresadas a febrero de 2019. De éstas, 979 están aún pendientes de revisión y 1082 no cumplían con los requisitos. Asimismo, si se profundiza en las visas de orientación nacional e internacional el escenario es aún peor, ya que prometían atraer migración calificada, y en la actualidad prácticamente no se han otorgado.
De las visas destinadas a las personas nacionales de Haití y Venezuela, para restringir y fomentar la migración, respectivamente, a marzo de 2019, las 256 visas otorgadas a personas nacionales de Haití contrastan con las casi 20 mil visas otorgadas a personas nacionales de Venezuela. En tanto, en lo que respecta a la Visa de Reunificación Familiar para personas haitianas, de las más de 1300 entrevistas que realizó en 2018 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sólo se otorgaron 144.
Como resultado, el gobierno logró reducir considerablemente la migración haitiana y relevar una visa restrictiva como la única alternativa a la migración laboral de personas que se encuentran en Chile. En tanto, respecto de la Visa de Responsabilidad Democrática para personas venezolanas, a pesar de que en los dichos esta visa se constituiría como fomento de la migración proveniente de este país, tampoco es una buena alternativa frente a la crisis en Venezuela.
2. Proceso de regularización extraordinario
A pesar de que la iniciativa a priori es valorable, su génesis se basó en supuestos errados y con un alto nivel de improvisación, evidenciando un desconocimiento real de los flujos migratorios y una idea de que estamos en Canadá o Australia, además de un alto sesgo ideológico abiertamente racista. Se desconocieron las adversidades al no hacer una evaluación de la posibilidad de obtener documentación en países en crisis; se desconocieron las capacidades de los consulados en Chile y el exterior ;se subestimó la capacidad instalada en el Departamento de Extranjería y Migración, anterior a este gobierno; se realizaron capacitaciones insuficientes por parte de gente que desconocía el proceso; se sobrestimó la cantidad de personas en situación irregular; y se restringió la posibilidad de trabajar mientras las personas esperan su visa. A esto se suman los detalles revelados recientemente por Radio Universidad de Chile respecto a serios cuestionamientos a la gestión interna del Departamento de Extranjería, que incluyen actos de corrupción, amiguismos en la contratación de servicios, visas en un día, malos tratos y denuncias ante la Contraloría. En definitiva, un proceso improvisado, viciado, y con un gran desinterés por el bienestar de las personas migrantes inscritas en el proceso.
El proceso estuvo marcado por una intención mediática de justificar las 250 o 300 mil personas estimadas de manera previa con el fin de no reconocer la sobrestimación y, para esto, se culpó injustificadamente a la sociedad civil, a la cual se le acusó de llamar a no inscribirse. Como resultado, actualmente, según informa el Mercurio en marzo de 2019, la lista de espera de 16 mil personas inscritas para citas en Extranjería duplica la del AUGE.
3. Proyecto de Ley
Una de las propuestas fundamentales del Proyecto de Ley que se encuentra en tramitación ante el Senado, y que determinará la dinámica migratoria de los próximos años, está en la imposibilidad de que quienes ingresen al territorio nacional en calidad de turistas, cambien de categoría migratoria dentro del país. Esta disposición es la que actualmente genera mayor controversia con la oposición y en un amplio sector de la sociedad civil, al pretender que, una vez estando en Chile, las personas deban tramitar su visa de trabajo en su país de origen, desconociendo acuerdos como el de residencia Mercosur, que admite el cambio de categoría dentro del país, y a sabiendas que la disposición tiene un alto potencial de generación de irregularidad, de vulneración de derechos asociados, y el efecto de que las personas deban arriesgar sus vidas para ingresar.
Todas estas medidas forman parte de una política migratoria sesgada y racista, que refleja un bajo conocimiento de la dinámica migratoria en Chile al intentar, entre otras cosas, equipararse a la realidad y modelos foráneos (Canadá o Australia), desconociendo -o más bien ignorando- la realidad regional y, sobre todo, de los países de origen y de los perfiles que se constituyen a partir de dichas realidades. Es así como resulta, por ejemplo, al menos inhumano restringir la salida desde Haití a Chile y promover el retorno de nacionales a un país como Haití, sumido en una crisis política, social y humanitaria que arrastra desde hace años. Sin embargo, tenemos a un gobierno con el foco puesto en Venezuela, asistiendo con ayuda humanitaria y abriendo la frontera para futuros votantes.
Durante el actual gobierno, la gestión migratoria se ha compuesto de un conjunto de medidas parche mal ejecutadas, caracterizada por iniciativas de “integración” de bajo impacto, estigmatización de las personas migrantes, una estrategia comunicacional que ha intentado sistemáticamente equiparar migración y delincuencia, irregularidades y corrupción en la gestión interna y, sobre todo, un alto componente de racismo y desprecio hacia algunos cuerpos que no encajan con el arquetipo chileno.
Para terminar, algunas preguntas, una hipótesis y un llamado a trabajar de manera proactiva:
La evaluación de las medidas adoptadas durante el año 2018 debiera de servir para informar, y desde ahí mejorar las propuestas del Proyecto de Ley. Desde esto generar algunas preguntas tales como: ¿Qué lógicas de la alteridad hay detrás de estas medidas? ¿Se busca una política de inclusión real o se continúa vulnerando derechos y ampliando el miedo? ¿Es realmente la migración el problema?. O bien, ¿Han funcionado las visas consulares, las cuales se solicitan en los países de origen? ¿Por qué se han otorgado tan pocas visas consulares? ¿Es la institucionalidad consular capaz de asumir estas funciones?¿Es el actual Departamento, futuro Servicio, capaz de hacerlo en su defecto? ¿Es posible para quienes desean venir a residir a Chile, cumplir con los requisitos exigidos para solicitarlas? ¿Se ha informado correcta y oportunamente a la población migrante sobre estas medidas? ¿Se han cumplido los objetivos propuestos para cada visado? ¿Cómo se va a explicitar la Política Nacional Migratoria si el Consejo de Ministros que la debiera de concertar ha sesionado una sola vez? ¿Cómo conecta la orientación de los flujos migratorios que ha venido trabajando la administración desde el año pasado con las necesidades reales de desarrollo del país? ¿Se ha trabajado de manera coordinada con los países de origen?¿Y con los de tránsito?. Las respuestas a todas estas preguntas son las que van a servir de fundamento para la Política Migratoria, para que no se siga adoptando de manera antojadiza.
Es muy probable que a un año del anuncio de las medidas en materia migratoria, precisamente, se anuncien más medidas próximamente. Es posible que estas medidas busquen, por un lado, intentar mejorar las anteriores, ya sea creando nuevas visas o alguna otra artimaña; y por otro lado, seguir regulando la dinámica migratoria sin discusión parlamentaria ni ciudadana. No es de extrañar que se fije la restricción al cambio de estatus mediante algún tipo de interpretación de la actual normativa.
Esta hipótesis nos debe llevar a un trabajo conjunto que conforme una respuesta, una contrapropuesta, con argumentos transdisciplinarios, entendiendo que al gobierno, los argumentos de naturaleza humanitaria le son insuficientes para gestionar la migración de una manera eficiente y eficaz.
Hacemos un llamado a la academia, a las clínicas jurídicas, a los municipios, a la sociedad civil, a las agencias internacionales, y a todo quien desee apelar al sentido realmente humanitario. Debemos preparar una contrapropuesta al eventual anuncio del gobierno en abril, a partir de la evidencia sobre la cual debe construirse la política migratoria, que eche por tierra todo intento de seguir regulando la migración de manera autoritaria y restringiendo toda posibilidad de que Chile se conforme como un país diverso y cohesionado. Este tipo de medidas no frenan la migración, sino que promueve el surgimiento de redes informales, lo que genera más muertes, más violaciones de DDHH y más vulnerabilidad.
No podemos seguir aceptando medidas racistas de corte aspiracional. No podemos seguir comparándonos con países altamente restrictivos que distan de la propia realidad. No podemos seguir dejando en manos de tecnócratas el derrotero del país. No podemos seguir actuando de manera reactiva. No podemos permitir que nos atrincheren en la discusión de si migrar es o no un derecho. No podemos ser agentes sin contra propuesta. Armémonos con evidencia. Trabajemos de manera preventiva para que, cuando el gobierno intente gobernar vía decreto, quede en evidencia la mala intención, ignorancia y desprecio de quienes pretenden atribuirse la responsabilidad de dejar vivir y hacer morir.
Firmantes:
– Cristián Orrego Rivera. Investigador CEDESOC/UTEM. Miembro de Fundación An Nou Palé.
– Carolina Stefoni Espinoza. Directora Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios PRIEM. Universidad Alberto Hurtado.
– María Emilia Tijoux. Coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile.
– Luis Eduardo Thayer. Sociólogo e investigador.
– Francisca Vargas Rivas. Directora Clínica Jurídica de Migrante y Refugiados UDP.
– Movimiento Acción Migrante (MAM).
