Opinión
Lamentablemente hoy, una empresa concesionaria en la comuna de Osorno ha afectado el suministro de agua potable a parte importante de los usuarios de este suministro vital por contaminación de las fuentes que la proporcionan. Esperemos que las instituciones funcionen como responsablemente lo vienen haciendo por décadas.
Los derrames en el mar se vienen produciendo desde la década de los años ‘60 especialmente en los mares del norte de Europa, lo que originó Convenios o Tratados Internacionales la mayor parte de ellos suscritos por Chile. En ellos se da origen a lo que denominamos responsabilidad objetiva, donde no se prueba el actuar sino se atribuye jurídicamente el resultado de daño al actuar de su agente, en muchos casos Buques Tanques que transportan petróleo crudo desde los productores a los consumidores, para que, en refinerías se obtengan productos tales como las gasolinas y el diesel.
En nuestro medio hubo varios eventos significativos muchos de ellos cercanos al estrecho de Magallanes y también en otras latitudes, como por ejemplo en la VIII o la V Región.
En ese contexto, es poco conocido que un buque de guerra extranjero durante una Operación Unitas, destinada a la capacitación a nuestra Armada, que tuvo una avería, derramando combustible y alterando los ecosistemas de Caleta Cifuncho, próximo a Tal Tal.
Por tratarse de buques de guerra, estos están exentos de cumplir Tratados Internacionales sobre contaminación marina. Sin embargo, los responsables se hicieron cargo no sólo de descontaminar el mar, sino que de compensar a los pescadores calculando sus ingresos mensuales por actividad extractiva y depositándoles el equivalente a 48 meses de labor en la cuenta de ahorros del Banco del Estado de esa época, suma cercana a los 24 millones de pesos por cada trabajador de mar.
Uno o dos años después, en agosto de 2001, un buque tanque extranjero rompió su casco en un canal interior a la cuadra de la Región de Aysén, actuando la Armada con prontitud por un derrame que se extendió por más de 100 millas náuticas, invocándose en esa oportunidad Tratados Internacionales a través de una demanda por daño ambiental tanto del Estado de Chile, como garante del patrimonio ambiental nacional, como por empresas salmoneras.
[cita tipo=»destaque»]Un hecho poco conocido tuvo como protagonista a un buque de guerra durante una Operación Unitas, destinada a la capacitación a nuestra Armada, que tuvo una avería, derramando combustible y alterando los ecosistemas de Caleta Cifuncho, próximo a Tal Tal. Por tratarse de buques de guerra, estos están exentos de cumplir Tratados Internacionales sobre contaminación marina. Sin embargo, los responsables se hicieron cargo no sólo de descontaminar el mar, sino que de compensar a los pescadores calculando sus ingresos mensuales por actividad extractiva y depositándoles el equivalente a 48 meses de labor en la cuenta de ahorros del Banco del Estado de esa época, suma cercana a los 24 millones de pesos por cada trabajador de mar.[/cita]
Como resultado, se indemnizó a las víctimas durante el juicio por daño ambiental por el límite del fondo de limitación de responsabilidad para ese caso o el equivalente a US$6 millones), se limpió el borde costero con materiales amigables con el medio ambiente y el resultado fue óptimo, luego de avistarse nacimientos de Ballenas Azules en el Seno de Reloncaví.
Otro importante derrame fue en 2007 a consecuencia posteriormente de la rotura de la tubería que conecta el ducto de descargas de Buques Tanques a la Refinería de ENAP en Biobío, ocasión que el Estado solicitó indemnización en función de los Servicios Ambientales que dejó de prestar el mar, específicamente su plancton, capaz de fijar contaminantes atmosféricos y devolver oxígeno al planeta.
En el caso de derrames en tierra, hubo derrames en instalaciones de empresas distribuidoras de combustibles en Antofagasta, en que el producto derramado sirvió para pavimentar con alquitrán poblaciones del sector norte de la cuidad.
Sin embargo, noticias recientes no dejan de sorprendernos como el derrame desde instalaciones de un centro de ski en la Región Metropolitana que confirmó una multa de más de 360 millones de pesos impuesta por Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ratificada por la Corte Suprema, por afectar el consumo humano de agua potable de pobladores ribereños de Rio Mapocho y otros habitantes de la zona oriente. Al respecto es importante tener en cuenta que hoy el acceso al agua para consumo humano es un Derecho Humano, según lo estableció la ONU.
Lamentablemente hoy, una empresa concesionaria en la comuna de Osorno ha afectado el suministro de agua potable a parte importante de los usuarios de este suministro vital por contaminación de las fuentes que la proporcionan o en la producción para la entrega domiciliaria. Esperemos que las instituciones funcionen como responsablemente lo vienen haciendo por décadas.
