“Los productos de la guerra deben beneficiar al erario y promover el bien común, y no el particular” Estos conceptos son de Maquiavelo y corresponden a ideas que expuso en relación a la forma de administrar la economía en tiempos de guerra. Y es que, según el Sr. Pinochet Ugarte, Chile se encontraba en un estado de guerra en los tiempos en que se dictó el DL 3.500 de 1981, que creó las AFP, el sistema de previsión para civiles y de financiamiento para la banca y la gran empresa.
Efectivamente, el dictador emitió la famosa frase “estamos en guerra señores”– y reafirmó en distintos términos el mismo concepto – en más de una oportunidad – sin jamás declarar que dicho estado ya no existía.
Por tanto, como se expresa en términos jurídicos, a confesión de partes, eximición de pruebas. Existía, a juicio de la autoridad, un “estado de guerra” al momento de dictarse el DL 3.500. Así y todo, se creó un negocio para beneficiar al reducido grupo de empresarios que creó las ocho primeras AFP y al complejo financiero-empresarial de Chile, con financiamiento abundante y barato, en momentos en que el país no recibía financiamiento externo y en que además se daba una grave crisis económica internacional.
[cita tipo=»destaque»]Actualmente y producto de la discusión en el parlamento de lo que se ha dado en llamar la reforma previsional, los temas que más se han enfatizado han sido los de quién administrará el famoso 4%; de quién son efectivamente los ahorros forzosos previsionales y algún otro elemento aún más secundario. Quizás, dado lo expuesto precedentemente, se podría más bien estar legislando para crear un nuevo sistema efectivamente previsional.[/cita]
Algún seguidor o justificador de las acciones y dichos del dictador, podría argumentar que su frase se refería a un contexto de guerra interna. Pues bien, si tal fuera el caso, conceptos similares a los emitidos por Maquiavelo, fueron utilizados durante la Guerra de Secesión en EEUU, para limitar e impedir la generación de negocios o emprendimientos privados, a partir de concesiones o actitudes permisivas de la autoridad. En los casos excepcionales contrarios a esta norma, se trató de actividades en los cuales el Estado recibió participación, como las instalaciones para albergar prisioneros y proveer a estos de techo y comida. Lo mismo, en las llamadas “guerras indias” Y hablamos de EEUU, no de normas dictadas por Ernesto Guevara cuando era Ministro de Economía o de Industria en Cuba o de algún comisario a cargo de la política económica durante la Guerra Civil rusa posterior a la revolución de 1917.
En Chile hay actualmente casi tres abogados por cada 1.000 habitantes. Solo el año pasado juraron 4.000. Se estima que actualmente hay cerca de 45.000 abogados en ejercicio. ¿Cómo es que dada esta profusión de dichos profesionales, no ha existido ni siquiera uno que haya evaluado seriamente la viabilidad de impugnar la legitimidad del DL 3.500? ¿Cómo es que la temática del impresentable sistema previsional que existe en Chile para la sociedad civil, sólo ha dado para generar miles y miles de documentos de enfoque social o económico, respecto al tema? Y multiplicidad de “expertos”, centros de estudio y de opinión, paneles, etcétera, que ni siquiera han logrado que los legisladores o los partidos políticos lo comprendan cabalmente. En realidad donde existe más comprensión del mismo y convencimiento respecto a la urgencia de cambiarlo profundamente, es en organizaciones sociales y agrupaciones de pensionados. Y es obvio. A ellos les duele directamente la profunda inequidad e injusticia que el sistema creado por el DL 3.500 genera.
Actualmente y producto de la discusión en el parlamento de lo que se ha dado en llamar la reforma previsional, los temas que más se han enfatizado han sido los de quién administrará el famoso 4%; de quién son efectivamente los ahorros forzosos previsionales y algún otro elemento aún más secundario. Quizás, dado lo expuesto precedentemente, se podría más bien estar legislando para crear un nuevo sistema efectivamente previsional. Y para ello habría sido crucial la declaración de ilegalidad del sistema de ahorro forzoso creado por el DL 3.500. Y de paso, muy posiblemente, el levantamiento de cargos en contra de los autores del mismo, toda vez que, entre otras cosas contraviene los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ART. 22). Si se considera además la no prescripción de las violaciones a los DDHH, quizás si hasta el mismísimo Sr. José Piñera Echeñique, estaría hoy enfrentando un escenario muy distinto al de promocionar por el mundo las “bondades” de su creación.
