Señor Director:
En los últimos días, hemos sido testigos de discursos que resultan preocupantes en el escenario político y social que atraviesa Chile. Se han escuchado mensajes que aluden a la “sobrerreacción” de la población ante los múltiples daños oculares ocasionados por perdigones en las manifestaciones, otros que alaban nuestro sistema de salud pese a que se han evidenciado problemas graves como falta de insumos, retraso en el pago de licencias médicas e incluso apagones en medio de operaciones. Estos y otros desaciertos comunicacionales se suman al reciente veredicto de la jueza Andrea Acevedo, cuyo pronunciamiento ante la muerte del barrista de Colo-Colo a causa de un atropello por parte de un carabinero fue enormemente clasista y estigmatizante. El discurso de la jueza Acevedo no hace más que dejar en evidencia que la justicia es para algunos; que el poder adquisitivo importa; que mientras quienes viven en el sector oriente se sienten protegidos por los helicópteros que rondan la zona, en las poblaciones estos suponen amenaza y temor; que no es lo mismo ser de la Garra Blanca y vivir en Pudahuel, que ser hincha de la Universidad Católica y vivir en Las Condes. Pero más grave aún, este mensaje nos lleva a cuestionar la efectiva aplicación de uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución: el principio de igualdad ante la ley. Si la desigualdad permea incluso el acceso a la justicia, ¿qué podemos esperar en otros ámbitos?
No olvidemos que una de las principales causas del estallido social, y quizás la más relevante, fue la desigualdad, una desigualdad que cruza prácticamente todos los espacios y que determina la vida de las personas. Es una desigualdad que indigna, y que hace no sentirse dignos a quienes la perciben en su cara más dura. Una desigualdad que genera diferencias de trato, que hace a unos merecedores de privilegios y a otros los condena a conformarse con lo que sobra. Es esta inequidad y su materialización en la vida cotidiana la que rebalsó el vaso, sumada al discurso comunicacional de diversos actores, que profundizó la rabia y evidenció que incluso la utilización del lenguaje es desigual. El lenguaje construye realidades, y en este caso la contribución a la realidad desigual chilena fue y sigue siendo enorme.
El problema es que pareciera ser que a casi cuatro meses del 18 de octubre, esos mensajes estigmatizadores y clasistas no solo han seguido emitiéndose, sino que han profundizado la idea de que efectivamente no todos somos iguales. No olvidemos que frases como “levántense más temprano” o “ha caído el precio de las flores”, entre otras, fueron combustible para el estallido social de octubre. Hoy, otros como “esta famosa Garra Blanca cuyos hinchas no tienen un comportamiento muy acorde a las reglas sociales”, “conducta negligente justificada”, “en Francia los perdigones en el ojo no son tema” o “tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta” no hacen más que echar leña a un fuego que ya está ardiendo y que amenaza con provocar un incendio de proporciones en marzo. Y no solo refleja el nulo entendimiento de la crisis por parte de las autoridades y algunos rostros televisivos, sino que peor aún, son discursos que muchas veces son percibidos como una burla por la población.
No es sobrerreacción ni exageración, lo que la gente está pidiendo es simplemente igualdad: igualdad de acceso a la justicia sin importar el dinero ni el barrio de procedencia, igualdad de trato y de derechos. Hoy nos encontramos transitando un camino cuyo destino depende de lo que hagamos y digamos en los dos meses que nos separan del plebiscito constitucional. No basta con aprobar leyes, necesitamos un cambio integral, que involucre lo material pero también el lenguaje. Las palabras importan, y pareciera que cada día hay un nuevo desacierto comunicacional que llena el vaso, un vaso que ya rebalsó en octubre pero que está volviendo a colmarse.
Francisca Koppmann Kuester
Estudiante Ciencia Política UC
