Opinión
Para Chile es importante tener en cuenta el cuadro global, ya que, aún con sus propias particularidades y especificidades nacionales, no escapa a las dinámicas y tendencias laborales del mundo. Es necesario considerar esto, especialmente en el marco de la pandemia por coronavirus que actualmente enfrentamos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha descrito la crisis económico-productiva que se producirá como la más grave desde la gran depresión que siguió a 1929. Resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 2020. Para América Latina y el Caribe, la CEPAL prevé una contracción regional promedio de -5,3%. En el caso de Chile, el decrecimiento proyectado fluctúa entre un -4,5% en la estimación más pesimista (FMI) y un -1,5% según el escenario más optimista (Banco Central). El Banco Mundial pronostica un -3%, y el mismo Banco Central un -2,5% bajo supuestos menos auspiciosos.
Por cierto, que la prioridad número uno debe ser el cuidado sanitario y las medidas de salud pública para proteger la vida, especialmente de la población de riesgo, pero no hay que perder la vista tampoco el impacto laboral de la catástrofe económica que está en curso. Según la OIT, sólo entre abril y junio de este año se perderán 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en el mundo. En Chile, según lo informado por el Ministerio de Trabajo, ya se observan los primeros síntomas de la crisis, como lo refleja el aumento significativo de cartas de aviso de despido registradas ante la Dirección del Trabajo en marzo 2020 (cerca de 300.000, cifra 38% más alta que en marzo 2019) y el incremento en las solicitudes del seguro de cesantía en abril 2020 (cerca de 120.000, 20% más que en abril 2019). Previsiblemente, estos movimientos debieran empezar a verse reflejados en las cifras oficiales de informalidad laboral y desocupación del INE para el trimestre enero-marzo 2020 y de manera más notoria en los trimestres móviles siguientes a éste.
Ante la grave situación, el gobierno ha impulsado una batería de medias para protección del empleo y los ingresos, que incluyen la ley de protección del empleo, que permite suspensión de contratos laborales o reducción de jornadas de trabajo, con reducción transitoria de las remuneraciones pagadas por el empleador complementadas con cargo al seguro de cesantía y la devolución anticipada de impuestos a la renta a trabajadores independientes. Adicionalmente, se ha iniciado un conjunto de medidas para inyectar liquidez en apoyo a las empresas, especialmente a las Pymes y otras tantas que buscan proteger el ingreso de los hogares (nuevo ingreso familiar de emergencia para hogares vulnerables, bono COVID y Fondo de US$ 2.000 millones para la protección de los ingresos de los más vulnerables).
Sin embargo, las medidas de emergencia ante la pandemia no deben hacer perder de vista los desafíos de fondo sobre las características del trabajo deseable que se quiere promover como sociedad. Una manera de afrontar esta discusión es, por ejemplo, preguntarse no sólo por la cantidad de empleo que una economía es capaz de generar sino también por la calidad del empleo. El trabajo no sólo como una fuente para obtener ingresos que aseguren la subsistencia sino también como un espacio de desarrollo de los sueños y proyectos de vida de cada cual, independiente de su edad, sexo, nacionalidad, origen socioeconómico, territorio de residencia, situación de discapacidad, entre otros. Volvemos así al concepto de “Trabajo Decente”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe “Responsabilidad compartida, solidaridad global: una respuesta a los impactos socioeconómicos de la COVID-19”, llama la atención sobre cómo la pandemia afectará los objetivos y metas de desarrollo sostenible para el 2030. Para el tema de esta columna, es de particular relevancia el objetivo n° 8 “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. ¿Cómo garantizar esta meta planetaria, si hay riesgo de recesión en actividades económicas completas, desempleo intensivo en ciertas ocupaciones y reducción de ingresos de las personas y hogares?
Con razón, el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, ha señalado que “la pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más (…) es una crisis económica, una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”.
Este enfoque es refrendado en América Latina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en una reciente resolución alerta “sobre el riesgo de que la pandemia del COVID-19 afecte gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, considerando que las Américas es la región más desigual del planeta, a lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios”. Ante ello, señala la CIDH, las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.
Así como el 1° de mayo, fecha de conmemoración y homenaje tiene un contexto histórico mayor que la explica, las políticas de emergencia para abordar los efectos económicas laborales y sociales de la pandemia deben situarse en un contexto analítico más global. El coronavirus pasará o aprenderemos a convivir con el (ojalá con el mínimo de pérdidas de vidas humanas). Pero al día siguiente estaremos en un nuevo mundo, enfrentando la continuidad de los mismos desafíos estructurales que enfrenta hoy el ámbito laboral a nivel internacional y nacional.
¿Qué nos enseñó el libro “La peste” de Albert Camus? Que las peores epidemias no son biológicas, sino morales. En las situaciones de crisis, sale a luz lo peor de la sociedad: insolidaridad, egoísmo, inmadurez, irracionalidad. Pero también emerge lo mejor. Siempre hay justos que sacrifican su bienestar para cuidar a los demás.
En este día internacional de los trabajadores, como decía alguna canción por allí, es necesario que lo urgente no haga olvidar lo importante.
