Opinión
A inicios de los años 90, el principal déficit ambiental de Chile no era la calidad del aire. Era la contaminación de sus aguas. Las playas no se podían utilizar debido al altísimo contenido de coliformes fecales existentes en el mar por las descargas de aguas servidas. El río Mapocho y otros eran cloacas a tajo abierto.
Fruto de la decisión y visión política, los chilenos hicimos la mayor inversión medioambiental de la historia. En sistemas de tratamiento de aguas servidas se invirtieron más de US$ 2.500 millones. Las industrias tuvieron que reconvertir procesos, incorporar sistemas de producción limpia o hacer sus propias plantas de tratamiento para dar cumplimiento a las nuevas normas sobre emisión. Los beneficios colaterales son muchos: salud pública, agricultura, turismo, en fin, medioambiente descontaminado. Todo en menos de 10 años. No son muchos los países que pueden contar algo similar. Se pensó y desarrolló una política pública y, luego todos, públicos y privados, en una alianza inédita, nos abocamos a cumplirla. Hoy, Chile trata cerca de 99% de las aguas servidas de las ciudades atendidas por empresas sanitarias.
Es el mayor logro medioambiental de Chile y cabe recordarlo en esta fecha.
Hoy enfrentamos un nuevo desafío. La mayor y más profunda sequía desde que tenemos registros. Es un hecho que existen localidades rurales o semirrurales de la Región Metropolitana y de otras regiones de la zona central con problemas serios de abastecimiento. Es una pandemia oculta, silenciosa, que agrava la situación de pobreza y desamparo.
En Santiago –como en todas las zonas urbanas de Chile– el agua está en la totalidad de los hogares de manera permanente. A nivel mundial, solo 27% de la población recibe agua potable por redes de manera continua. Chile es una excepción extraordinaria: 99% de su población urbana recibe agua potable por red de manera continua y segura, lo que se ha mantenido en el contexto de la sequía.
No es mérito de uno o dos gobiernos, son décadas de políticas públicas destinadas a extender el abastecimiento de los servicios sanitarios a la población.
En el cuadro de sequía estructural que vivimos, unida a la pandemia del COVID-19, cabe preguntarse: ¿cuál es la política pública en materia de abastecimiento de agua potable para el Chile del 2030? La organización industrial del sector data de 1989, modificada en 1997. En esos tiempos no había sequía permanente, no se hablaba de cambio climático. Cuando el entorno sufre transformaciones, corresponde que los Estados adopten políticas que se hagan cargo de las transformaciones.
Tenemos problemas serios, la sequía estructural requerirá la ejecución de proyectos de inversión costosos. Plantas desalinizadoras, grandes impulsiones y conducciones, aumento sustancial de la capacidad de almacenamiento, etc. Habrá que repensar las ciudades. Plazas y parques tendrán que olvidarse del pasto y reemplazarlo por vegetación propia de zonas áridas. Habrá que disminuir el consumo individual, entendiendo que el agua potable es un bien escaso y difícil de producir y obtener. También, tendremos que pensar en la reutilización de las aguas. La economía circular es un nuevo paradigma por implementar.
En este contexto, la cooperación público-privada, en la que el Estado define las políticas y fiscaliza su cumplimiento y las empresas realizan las inversiones y operan los sistemas, será una tremenda herramienta para que Chile siga siendo exitoso.
Pero los mayores costos de las nuevas inversiones no los deben soportar los más pobres. La política de subsidio al consumo vigente no dará abasto. Habrá que pensar medidas como la instauración de tarifas por bloques de consumo. En las zonas del país donde las economías de escala prácticamente no existen o los niveles de pobreza son muy superiores a la media, tendrá que ser el Estado el que financie la inversión, sin que su costo se traspase a la población (tal como la desalinizadora de Atacama).
El llamado es a que formulemos entre todos políticas de largo plazo. No dejemos que la pandemia del COVID-19 nos desvíe de ello. No adoptemos políticas de corto plazo como si no viviéramos la sequía permanente. He leído a parlamentarios que con razón, en mi opinión, dicen que la industria de la aviación comercial es una que hay que cuidar. La industria sanitaria también.
