MERCADOS|OPINIÓN
Desde algunos años, ha habido una fuerte demanda para cambiar el marco legal de la filantropía en Chile. El mes pasado, Magdalena Aninat, Gloria de la Fuente y Carolina Fuensalida publicaron una síntesis sobre el tema: «Donaciones en Chile. Análisis del marco legal vigente y propuestas para su modernización» (CEP, oct., 2020). La diversidad intelectual y política de las autoras es la garantía de un documento equilibrado y bien pensado. Las propuestas solo pueden recibir un amplio apoyo: la unificación del marco jurídico; su mejor coherencia con el estatuto de las OSC (organizaciones de la sociedad civil); una mayor transparencia de los receptores; y todo bajo el control del Estado.
El objetivo aquí es complementar este análisis con el tema de la ayuda fiscal a la filantropía, que las tres autoras omiten en gran medida, quizás para preservar el consenso entre ellas. En efecto, se limitan a afirmar que Chile debe alinearse con las normas de la OCDE en materia fiscal, afirmación que resulta sorprendente, dado que las situaciones varían considerablemente según los países. Por ejemplo, Suecia o Alemania prestan poco apoyo a la filantropía, a diferencia de los Estados Unidos o Francia, que tienen un código fiscal muy favorable.
La pregunta inicial es: ¿debe el Estado proporcionar apoyo tributario a la filantropía individual y/o corporativa? La respuesta es menos natural de lo que uno podría pensar.
Por un lado, hay ventajas colectivas al tener una vida social más rica e intensa, con lazos más variados, con ciudadanos más involucrados personalmente en el bien común, sin esperar todo del Estado. Se justifica entonces que el Estado eche una mano, conociendo los efectos positivos de esta externalidad. Por otra parte, hay que reconocer que el esfuerzo tributario del Estado es dinero que no se destina a otros usos, lo que significa más impuestos o menos gastos. El Estado delega a los ciudadanos decisiones para el bien común que están fuera del alcance de la toma de decisiones democráticas. Por lo tanto, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre estas dos limitaciones.
Digámoslo de inmediato: en una sociedad muy igualitaria, la cuestión no se plantea. El problema surge cuando la sociedad es altamente desigual, porque en realidad son los ricos los que son ayudados por el Estado en sus acciones elemosinerias. Las personas que no pagan el impuesto sobre la renta no pueden beneficiarse de la ayuda tributaria, aunque los estudios demuestran que no necesariamente dan menos en proporción. En particular, dan mucho más en términos de voluntariado, en términos de tiempo personal para fines de bienestar. El Estado ayuda a la donación monetaria, no a la donación de su propia persona, que por lo tanto tiene virtudes sociales superiores.
La respuesta habitual a esto es ser pragmático: si el apoyo tributario incentiva a la gente, rica o pobre, a dar más, el Estado y la comunidad se benefician. Entonces, ¿por qué buscar pelea? La respuesta es igual de pragmática: los estudios muestran que el incentivo funciona –el economista está contento–, pero que funciona muy débilmente –el moralista también está contento–. En los EE.UU., se estima que cuando el Estado aumenta su ayuda fiscal en un 10%, las donaciones brutas, incluyendo la ayuda fiscal, aumentan solo un 6% para las personas más ricas (Fack-Landais, 2016, Philanthropy, Tax Policy, and Tax Cheating: A Long-Run Perspective on US data).
Hubo un «experimento natural» en Francia cuando el Gobierno optó en 2002 por una ley fiscal más generosa. Le costó al presupuesto unos €500 millones; las donaciones brutas aumentaron en… €500 millones. En la práctica, es como si el Estado pusiera dinero en los bolsillos de los más ricos, para que lo gasten como quieran. De ahí la pregunta: ¿por qué el Estado no hace este mismo gasto, pero en el marco democrático del gasto público? ¿Por qué todo el mundo financia la generosidad de algunos? La pregunta tiene una dimensión de filosofía moral que no puede ser evitada.
Es de agradecer que los ricos se den cuenta de que su buena fortuna debe ir de la mano de la generosidad. Hubo el Giving Pledge lanzada en los EE.UU. por Bill Gates y Warren Buffett, un compromiso de parte de los firmantes ricos de dar el 50% de su riqueza a la filantropía. Pero es probable que estos dos iniciadores hubieran dado lo mismo sin la ventaja fiscal. Andrew Carnegie, el padre de la filantropía moderna, donaba cuando no había absolutamente ninguna ayuda tributaria. Rob Reich (Just giving, 2018) nos recuerda que la solicitud estatal llegó tarde en los EE.UU., y fue bajo la presión de los ultrarricos, más recientemente en la reforma Trump de 2017, que el estatus fiscal se hizo cada vez más generoso.
Si tenemos que cambiar la situación fiscal de las donaciones en Chile, debemos tener cuidado de no caer en los excesos que se ven en los EE.UU. Allí, el fenómeno ha adquirido dimensiones espectaculares que recuerdan a los historiadores el evergetismo de las sociedades muy desiguales de la Antigüedad, en las que los ricos eran honrados por toda la comunidad por construir templos, puentes o fuentes. El regalo acaba adquiriendo un estatus diferente; más que un ingreso al que se renuncia, se convierte en un consumo de un bien superior, que da visibilidad social, enriquecimiento moral personal, actividades variadas en el momento de la jubilación, etc. Es más, un consumo para el cual la comunidad ayuda de su propio bolsillo, y que en particular no paga el IVA, por así decirlo. Esto se conoce como warm glow, que es difícil de traducir, salvo como «un brillo que calienta más al que da que al que recibe». Evoca el sentimiento de plenitud y autoestima que proviene del acto de dar.
Cada cinco años se publica una encuesta (Richer Lives: Why Rich People Give) en el Reino Unido, país en el que la ayuda fiscal a la filantropía es muy baja. En la edición de 2012, se informa de esta sobria observación de un donante rico: «A veces voy a la ópera y a veces pienso que el disfrute de mi velada está subvencionado por alguien que vive en una vivienda social […], que no tiene interés en este tipo de cosas y no puede permitirse ir de todos modos, y sin embargo paga el precio». Este donante podría incluso formar parte del consejo de administración de la ópera, ser recibido en el cóctel ofrecido en honor de la cantante, tantos preciosos efectos secundarios.
En lo que respecta a las empresas, los méritos de la ayuda fiscal para las donaciones son aún más cuestionables. Es perfectamente legítimo, en contra de lo que decía Milton Friedman en 1970, que una empresa se comprometa en acciones filantrópicas: los clientes, empleados o accionistas pueden encontrar más eficaz «dar» indirectamente a través de la empresa que por sí mismos. Por ejemplo, la persona que quiere ayudar al comercio justo o luchar contra el trabajo infantil, será feliz si la empresa a la que le compra el café o los zapatos lo hace por ellos. Pero ¿quién negaría que la filantropía corporativa es más a menudo una forma oculta de publicidad? Hoy en día, más del 80% de la comunicación corporativa de los bancos de Europa y los Estados Unidos se refiere a sus esfuerzos caritativos a favor del clima o la cultura, aunque las sumas involucradas son irrisorias y siguen financiando la exploración de los combustibles fósiles.
Podemos entonces proponer algunos límites a la ayuda fiscal del Estado:
¿Empobrecerían tales medidas a las OSC que estamos tratando de desarrollar? No necesariamente. En primer lugar, las municipalidades, las regiones y el gobierno central también ayudan directamente a las OSC, sobre la base de opciones democráticas, y pueden hacerlo en mayor medida. En segundo lugar, la donación es también una cuestión cultural, una convención que se está estableciendo gradualmente. Si siempre pedimos ayuda al Estado, es porque nos estamos acostumbrando a que el Estado ayude. Dar hasta que duela… ¡pero no tanto! El apoyo fiscal no debe transformarse en un proceso donde el ciudadano más rico «vota» sobre qué fondos públicos deben asignarse, ya que el voto censitario fue abolido en 1925.
