Opinión
El 3 de marzo se cumplirá un año desde que se tuvo conocimiento del primer contagiado de Covid-19 en nuestro país. El desconcierto inicial dio paso a una serie de medidas provenientes del Ejecutivo para evitar que el número de contagios aumentara, y por ende el número de fallecidos.
La bioética es una disciplina que surgió el siglo pasado y que se fue perfilando por efecto de distintos hechos históricos como los Juicios de Nuremberg, el caso de la Talidomida, la clonación de la oveja Dolly y que hoy tiene algo que decir a propósito de la pandemia mundial que estamos viviendo.
En el caso de nuestro país, ante las dudas que se suscitaron respecto de las implicancias éticas del manejo de los pacientes enfermos de Covid-19, el Ministerio se Salud solicitó a la Pontificia Universidad Católica que a través de su Centro de Bioética redactara un documento con orientaciones éticas para decisiones médicas en el contexto de la pandemia en Chile. El documento trata los criterios de ingreso de pacientes a la unidad de cuidados intensivos, sobre los tratamientos de pacientes de la misma unidad, sobre el equipo clínico, y la gestión del hospital o clínica.
A medida que el número de contagiados aumentó, en todo el mundo comenzó la carrera en la industria farmacéutica por registrar fórmulas de inmunización contra el Covid-19. En nuestro país, el proceso de vacunación se inició el mes de febrero. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, se había inmunizado a más 2,8 millones de personas hasta el día 20 de febrero.
No podemos desconocer que la iniciativa nos hacía ver el futuro con un cauteloso optimismo y venía a dar por cierto lo que como docente de bioética y usuaria del sistema público vengo pregonando hace años, la salud primaria es la columna vertebral del sistema de salud en Chile. Pero este panorama se ensombreció al conocer que más de 37 mil personas se han vacunado sin pertenecer a los grupos etarios priorizados, ni al personal de salud, ni son residentes de hogares de ancianos, ni personal que realiza servicios esenciales o críticos, cuestión que nos hace preguntarnos: ¿qué criterios se han usado para determinar quien debe acceder a la vacuna?
Sobre el plan de vacunación impulsado en Chile sabemos que el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización se pronunció en diciembre del año pasado por vacunar en primer lugar al personal de salud clínico y administrativo en atención abierta, cerrada y urgencias, a quienes prestan apoyo en laboratorios, farmacias, administrativos, etc. Personas residentes en centros de larga estadía, en centros del SENAME o en convenio con esa institución, en instituciones de atención de salud mental y personas privadas de libertad. Personal crítico de la Administración del Estado, Fuerzas de Orden y Seguridad, y en una segunda fase a las personas mayores de 65 años y las que tengan alguna comorbilidad.
Si miramos más allá de nuestras fronteras el Comité de Bioética de España mostró su satisfacción por que la perspectiva bioética haya estado presente en un debate como es el de la priorización de las vacunas por ser un recurso sanitario tan importante. Es más, este organismo formó parte del grupo de trabajo técnico sobre priorización en el acceso a las vacunas.
En Chile no aparece información alguna en la web del Ministerio de Salud sobre el pronunciamiento de la Oficina Ministerial de Bioética sobre el proceso de vacunación, ni de alguna asesoría en este tema, como sí ocurrió con el manejo de pacientes en estado crítico.
Sabemos que el calendario de vacunación fue cambiado, que se procedió a vacunar a personal de los distintos poderes del Estado a pesar de que se encuentran desempeñando sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, que se aplazó la inmunización de enfermos crónicos hasta el 8 de marzo, y por otra parte, algunos gremios del sector de la producción claman por ser incluidos entre los grupos prioritarios. Recordemos que la vacuna es gratuita y voluntaria.
Ante este escenario, no podemos sino preguntarnos: ¿dónde queda el clásico principio bioético de justicia? ¿Va a primar la vulnerabilidad de los enfermos crónicos o el utilitarismo de reactivar la economía? Pareciera ser que la respuesta a esta última interrogante debiese ser que el Plan de Vacunación debiera estar basado en criterios sustancialmente éticos, en valores y principios asumidos universalmente, como la protección frente a la vulnerabilidad, la igualdad, la equidad y la reciprocidad, para dar la señal de preocupación por las personas, y puesto que, como han dicho por ahí, la vida está primero.
