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El gobierno municipal y la nueva Constitución

Cuarentenas dinámicas que poco aportan a la seguridad sanitaria de la población; ordenanzas que sometieron botillerías y ferias libres al arbitrio municipal, en circunstancias que, en situación de emergencia o catástrofe sanitaria, corresponde a la autoridad central la toma de decisiones. Esto, sumado a medidas populistas como la entrega de cajas de alimentos, ineficiente y peligrosa desde el punto de vista sanitario, caracterizó la desorientación gubernamental. Lo más grave vino después, con el famoso plan “Paso a Paso”, que incluyó el desafortunado permiso para salir de vacaciones a todas las familias que lo quisieran hacer, con el resultado que estamos viviendo hoy: una nueva ola del virus y su secuela de muerte.


Lo vivido entre el estallido social y la pandemia desde hace más de un año ha afectado duramente las administraciones municipales del país, especialmente en aquellos territorios donde las desigualdades de desarrollo que tiene Chile, son inmensas y carentes de instrumentos de mitigación. El costo en salud y vidas humanas, en materia económica y de seguridad y, sobre todo, en el equilibrio emocional de los ciudadanos, privados de los más elementales mecanismos de bienestar, ha sido muy duro. Ello nos ha obligado a un arduo ejercicio de gobierno local, en el que hemos debido hacer de todo, desde multiplicar los exiguos recursos financieros hasta un incansable despliegue territorial con ayudas de todo tipo. Pero pese a los problemas y el dolor acumulados, también hemos adquirido enseñanzas de profunda significación.

Entre ellas, el enorme capital social que significa contar con nuestra gente. Su espíritu solidario y comprensión de la realidad local, incluso para resignar algunas de sus justas aspiraciones y objetivos. Ello ha sido una motivación constante para la acción. Pues la crisis económica y la pandemia, que amenazan persistentemente la precaria calidad de su sustento diario, no logra amilanar su espíritu cívico.

Lo Prado es una comuna pequeña en extensión, pero densamente poblada. Heredera de la comuna de Barrancas, ha sido protagonista social y cultural, desde el siglo XX hasta hoy, de un crecimiento sostenido gracias al esfuerzo de su gente, que hoy se ve amenazado.

Las consecuencias sociales y económicas de este período han perjudicado no sólo a los sectores más pobres de la comunidad lopradina, sino a todos sus habitantes por igual, produciendo un retroceso del que llevará tiempo recuperarnos. Los emprendedores locales, pequeños comerciantes, artesanos, mujeres jefas de hogar, profesionales, dirigentes comunitarios y adultos mayores por igual, han experimentado los efectos negativos. Disminución de sus ingresos, pérdida de sus trabajos, cierre de sus comercios. Peor aún, en su dignidad a la veleidad de los subsidios y ofertones institucionales que, o nunca se hacen realidad, o tardan o no llegan a sus manos, y si lo hacen, son tan precarios que los obligan a recurrir a sus ahorros previsionales o de cesantía, para sobrevivir.

El momento es también de una complejidad política mayor. Luego del macizo triunfo del Apruebo en el plebiscito constituyente, que en Lo Prado dio como resultado un 87 % de votos favorables y con Convención Constituyente, se instaló una atmósfera de esperanza sobre la posibilidad de concretar los cambios que Chile necesita. Garantizar derechos sociales, terminar con la inequidad y fortalecer las comunidades locales y sus municipios, para hacer un país más igualitario y justo.

Pero todo el proceso ha estado enervado por la pandemia, y decisiones del Poder Ejecutivo que llenan de incertidumbre a los chilenos. Cuarentenas dinámicas que poco aportan a la seguridad sanitaria de la población; ordenanzas que sometieron botillerías y ferias libres al arbitrio municipal, en circunstancias que, en situación de emergencia o catástrofe sanitaria, corresponde a la autoridad central la toma de decisiones. Esto, sumado a medidas populistas como la entrega de cajas de alimentos, ineficiente y peligrosa desde el punto de vista sanitario, caracterizó la desorientación gubernamental del primer período. Lo más grave vino después, con el famoso plan “Paso a Paso”, que incluyó el desafortunado permiso para salir de vacaciones a todas las familias que lo quisieran hacer, con el resultado que estamos viviendo hoy: una nueva ola del virus y su secuela de muerte.

Mientras tanto, se realizan campañas políticas para elegir a los constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Por su diversidad, sus problemas y anhelos, Lo Prado es un escenario propicio para compartir las ideas del cambio. Y pese a las dificultades, al igual que el resto del país, a eso está abocado. Con la esperanza de convertir la comuna en un auténtico gobierno local, con facultades y recursos para enfrentar emergencias como la que estamos viviendo.

Para ello, se requiere de una nueva Constitución, capaz de expresar la sensibilidad mayoritaria de la gente por los cambios. Que permita un orden territorial más justo en el país, y se materialice en nuestro caso, en un gran acuerdo local del Plano Regulador de la comuna. Que permita ordenar las formas de ocupar el territorio, su organización y las aspiraciones de los vecinos, con instrumentos de participación y democracia directa de carácter vinculante, y con igualdad de género y de derechos entre todas y todos los que habitan en la comuna.

Lo Prado lucha por su identidad y un modelo de gobierno local que no lo obligue a tener que salir a concursar, o simplemente mendigar al poder central, los recursos para tener pavimento, luminarias, plazas y mejores servicios. Eso debemos exigirle a la nueva Constitución.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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