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Presidenciables, Defensa Nacional y Fuerzas Armadas

por 17 septiembre, 2021

Presidenciables, Defensa Nacional y Fuerzas Armadas

Crédito: ATON

Una somera comparación de las propuestas de los comandos presidenciales muestra una gran heterogeneidad, coincidencias inesperadas, enfoques parciales y una desconexión entre sus concepciones de la Defensa Nacional y el rol de las FF.AA. en ellas. Lo anterior evidencia las dificultades que tiene el mundo político, hasta hoy, para darle racionalidad al desarrollo de la fuerza militar, vinculándolo con la  modernización de las instituciones castrenses, en el marco del posicionamiento internacional del país en el largo plazo.
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Desde 1973, las FF.AA. fueron refundadas, doctrinariamente, a partir de la indefinida noción de seguridad nacional e, institucionalmente, a través de los capítulos XI y XII de la Constitución de 1980, constituyéndolas como poder de seguridad. La Ley Orgánica Constitucional de 1990 consolidó su autonomía relativa al interior del Estado frente al Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto. En el caso del Ejército la extensión de roles más allá de lo profesional fue fundamentada en 2006 con su idea de “profesionalismo participativo”. Las reformas constitucionales de 2005 no eliminaron su autonomía corporativa, la que hasta hoy se ha mantenido en lo sustancial. A su vez, la modernización de la Defensa Nacional no ha sido producto de una estrategia y política de Estado aprobada por el Congreso, reduciéndose hoy al decreto de mayo recién pasado, que “Aprueba política de Defensa Nacional de Chile. Edición 2020”.

De esta forma, por más de tres décadas se ha mantenido una permanente tensión entre la necesidad estatal de institucionalizar una conducción política civil de la defensa y la autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas. Así, para mantener y aumentar la estatura y proyección político-estratégica del país es necesario integrar coherentemente la Defensa Nacional bajo un mando civil efectivo y a las FF.AA. reconstituirlas como profesionales, modernas, no deliberantes, subordinadas, jerárquicas y disciplinadas.

Algunas de estas políticas han sido incluidas en las bases programáticas de las candidaturas presidenciales. Una somera comparación de sus propuestas muestra una gran heterogeneidad, coincidencias inesperadas, enfoques parciales y una desconexión entre sus concepciones de la Defensa Nacional y el rol de las FF.AA. en ellas. Lo anterior evidencia las dificultades que tiene el mundo político, hasta hoy, para darle racionalidad al desarrollo de la fuerza militar, vinculándolo con la modernización de las instituciones castrenses, en el marco del posicionamiento internacional del país en el largo plazo.

Por más de tres décadas se ha mantenido una permanente tensión entre la necesidad estatal de institucionalizar una conducción política civil de la defensa y la autonomía corporativa de las FF.AA. Así, para mantener y aumentar la estatura y proyección político-estratégica del país es necesario integrar coherentemente la Defensa Nacional bajo un mando civil efectivo y a las FF.AA. reconstituirlas como profesionales, modernas, no deliberantes, subordinadas, jerárquicas y disciplinadas.

Muchas de estas propuestas requieren de cambios constitucionales que los programas dan por supuesto sin explicitarlos, así como no siempre consideran el corto plazo de cuatro años de la nueva administración.

Llama la atención la impropia y compartida idea de extensión de roles castrenses más allá de las tareas profesionales en las propuestas de desarrollo industrial, de presencia comunitaria y policial, inteligencia interior y protección ante un sinnúmero de indefinidas amenazas. Pareciera que las instituciones civiles responsables estuvieran definitivamente desahuciadas para desempeñar sus tareas.

Queda en claro que para las candidaturas de centroderecha el énfasis está puesto en el uso represivo de las FF.AA. y la militarización del orden interno. En las de centroizquierda se subraya el rol castrense en el desarrollo, implícitamente abogando por una acentuada interacción social entre civiles y uniformados.

El uso inapropiado de las FF.AA. en tareas civiles aparece como un intento de legitimarlas más allá de su misión de protección de la soberanía e integridad territorial del país, insinuándose su prescindibilidad en estos roles fundamentales, lo que de ser así debería explicitarse.

Esta seudolegitimación vía ampliación de roles se ve reforzada por la identificación exponencial de amenazas que, se asume, conllevan respuesta castrense, sin definir quién las define y las razones del uso de la fuerza militar ante ellas.

Así, las propuestas de reforma del Mindef y del EMCO, aunque adecuadas, son parciales, ya que no se insertan en una perspectiva sistémica. Igualmente, en la medida que se amplían los roles castrenses, las propuestas de reducción del gasto militar no consideran la redefinición de las dotaciones –la mayor proporción del financiamiento castrense, incluyendo pensiones– de acuerdo a una estrategia de Defensa Nacional.

Importante acuerdo existe en materia de control externo de probidad, así como en la necesidad de un ente independiente para la compra de armas y la reforma a la justicia militar.

Interesantes son las propuestas sobre cambios a la previsión de las FF.AA., escuela única de oficiales de Estado Mayor, la gratuidad de la educación en sus escuelas matrices, así como la necesidad de una política de educación en derechos humanos y diversidad.

En suma, este conjunto tan diverso de propuestas sobre Defensa Nacional y FF.AA. muestra que en estas tres últimas décadas no se han podido superar los obstáculos –políticos y conceptuales– originados por las refundación de las instituciones armadas durante la dictadura. Es de esperar que la Convención Constitucional proporcione el marco normativo que posibilite estos cambios. Con todo, la posibilidad de llevar a cabo tales iniciativas recaerá, fundamentalmente, en la voluntad política de quien gobierne.

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