Opinión
A mediados de la década de los noventa del siglo pasado, la salmonicultura pasó a ser un sector productivo importante o relevante dentro del PIB. Sin embargo, una década después se empezaron a conocer los impactos negativos que traería aparejada la presión sobre recursos naturales renovables o no dando a conocer una desacertada gestión ambiental. Así las cosas, esta actividad productiva tendrá dos fases de desarrollo, la primera en aguas dulces continentales ocupando lagos y lagunas principalmente de la Región de los Lagos, para posteriormente pasar su crecimiento y cosecha en aguas marinas de fiordos y canales del sur, en las Regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes. Las regulaciones eran claras, sin embargo, las fiscalizaciones magras o exiguas. Lo anterior fue confirmado por una auditoría encargada al OCDE a finales del primer decenio del siglo veintiuno, lo que obligó a diseñar una Autoridad Ambiental provista de un ente fiscalizador con dientes que pudiese revocar licencias y aplicar multas importantes. Consecuentemente, en el año 2012 entra a funcionar la Superintendencia de Medio Ambiente y ese mismo año se instala el Primer Tribunal Ambiental para hacer efectiva la responsabilidad por menoscabos ambientales. No obstante, diez años antes se iniciaba en Tribunales de la Ciudad de Puerto Montt, un juicio por daño ambiental en contra de Inversiones Errazuriz por hacer colapsar un lago privado cuyas aguas son bienes nacionales de uso público. El colapso se debió a que contando con autorizaciones de la Subsecretaría de Pesca y Servicio Nacional de Pesca para engordar alevines de salmones y truchas, con una capacidad de carga especificada en consideración a sus características, fue superada en más de 300 veces, generando un ambiente anóxico además de alterar las propiedades fisicoquímicas del agua y su columna, lo que científicamente se llama eutrificación y que en sencillo corresponde a afectar la laguna con una nata de alga entre los meses de octubre a abril, sin poseer dicho cuerpo de agua capacidad de autodepurarse. Luego de un proceso judicial de dos años, la empresa Inveraz -continuadora de Salmones Unimarc- fue condenada a reparar el fondo del lago y el agua dañada que ni siquiera cumplía con la calidad de aguas sin contacto humano recreativos, además de obligarla a indemnizar al Fisco de Chile por los perjuicios ocasionados por la alteración de la calidad del agua en su condición de Bien Nacional de Uso Público.
Por su parte en 2018, un grupo de pescadores de la Región de los Lagos, presentaron un recurso de protección en contra de las Autoridades Ambientales por autorizar el cultivo marino de salmones y posterior disposición final de toneladas de peces en descomposición en el mar, y su deficiente fiscalización. Este medio de revisión de decisiones administrativas fue resuelto por la Corte Suprema considerando que el vertimiento en el mar en un lugar autorizado por la Dirección del Territorio Marítimo y la Marina Mercante era menos perjudicial desde la óptica sanitaria, que haberlos almacenado y dispuesto en la Isla de Chiloé que mantiene hasta hoy problemas sanitarios con vertederos colapsados por capacidad o vida útil, sin existir rellenos sanitarios de reemplazo.
En los casos informados, la componente cambio climático es un detonante, ya que se vio claramente identificado con la descomposición de excesos de nutrientes que, combinados con antibióticos y la radiación solar primavera verano, alentó la eutrificación de la Laguna Auquilda y en el segundo , la mortandad de miles de toneladas de salmones en el mar se debió al aumento de la temperatura del mar en más de 1 grado, conforme lo estimaron científicos y lo refrendaron los informes de IPCC y la cumbres de cambio climático que se han realizado después de la Acuerdo de Paris.
Lo anterior da cuenta no sólo del avance del calentamiento global, sino que nuestro país es uno de los más afectados, con incendios, aluviones, 12 años de sequías y finalmente aumentos de las temperaturas de sus aguas continentales como marinas.
