Opinión
Los países han institucionalizado formas diferentes de enfrentar este asunto. El “modelo francés” es conocido por su supuesta neutralidad: creencias y prácticas religiosas están todas vedadas en espacios públicos, como escuelas y juzgados, y los símbolos de la república son todos explícitamente seculares. Ese laicismo adquirió notoriedad global en 2004, cuando estudiantes musulmanas no pudieron ingresar a la escuela pública con su velo tradicional. El “modelo británico”, por su parte, permite e incluso fomenta la expresión de las creencias religiosas en los espacios públicos. La Reina es tanto líder del Estado como de la Iglesia Anglicana, templos de todos los credos sirven de locales de votación y no es raro ver policías con uniforme y turbante Sikh.
Las primeras 48 horas del nuevo gobierno fueron muy intensas en un ámbito que no estaba en los cálculos de nadie: las relaciones entre religión, Estado y sociedad. El sábado 12 de marzo se inició temprano en La Moneda con un acto “privado” – sin acceso a la prensa – con representantes de los pueblos originarios. Desde allí, las autoridades se dirigieron a la Catedral de Santiago para participar de una “Oración por Chile”, formalmente ecuménica pero organizada por la Iglesia Católica y con la presencia de los ex arzobispos cuestionados por su rol de encubridores en casos de abuso. El fin de semana aun no concluía y la nueva administración ya tenía que retirar el nombramiento del sacerdote jesuita Felipe Berríos en un cargo dependiente del Ministerio de la Vivienda.
La separación entre Estado e Iglesia es uno de los temas fundantes de la república. Desde la independencia a inicios del siglo XIX, este fue primordialmente un asunto de delimitación de espacios de influencia: el control del espacio público le correspondía al Estado, el del mundo privado a la Iglesia Católica. Puesto que la separación entre lo público y lo privado es siempre porosa, y cambia en el tiempo, las tensiones son inevitables. Un caso evidente fue la regulación del matrimonio. Desde la ley de matrimonio civil de 1884 hubo que esperar hasta 2004 para una efectiva ley de divorcio y hasta 2021 para una de matrimonio igualitario. Algo similar ocurre en el ámbito de la educación, donde el punto de encuentro entre el espacio público y el mundo privado genera roces permanentes entre quienes, por un lado, defienden la “libertad de enseñanza” y aquellos que, por el otro, abogan por el fortalecimiento de la “educación pública”.
Los países han institucionalizado formas diferentes de enfrentar este asunto. El “modelo francés” es conocido por su supuesta neutralidad: creencias y prácticas religiosas están todas vedadas en espacios públicos, como escuelas y juzgados, y los símbolos de la república son todos explícitamente seculares. Ese laicismo adquirió notoriedad global en 2004, cuando estudiantes musulmanas no pudieron ingresar a la escuela pública con su velo tradicional. El “modelo británico”, por su parte, permite e incluso fomenta la expresión de las creencias religiosas en los espacios públicos. La Reina es tanto líder del Estado como de la Iglesia Anglicana, templos de todos los credos sirven de locales de votación y no es raro ver policías con uniforme y turbante Sikh.
A contar de la segunda mitad del siglo XX, pero con especial intensidad en las últimas décadas, la relación entre Estado e Iglesia en Chile ha experimentado una transformación fundamental: el pluralismo en los valores, creencias y formas de vida hace que las visiones de la Iglesia Católica ya no tengan una posición cuasi hegemónica. Junto con la creciente secularización de sus propios feligreses, la Iglesia se ve enfrentada a tener que justificar su posición como actor religioso “principal”. Esta nueva situación genera desafíos porque al mismo tiempo que el Estado debe continuar reforzando su autonomía en relación con las doctrinas de la Iglesia Católica, debe también ofrecer garantías de equidad a todos los credos. Así, al mismo tiempo que quienes detentan las responsabilidades más altas del país pueden, al momento de asumir, “jurar” o “prometer” según sus creencias, el presidente socialista del senado, Álvaro Elizalde, abrió “en nombre de Dios” la sesión del congreso pleno en que asumió Gabriel Boric. Junto con el tradicional Te-Deum católico, tenemos ahora una ceremonia evangélica análoga; las instituciones militares, así como La Moneda, cuentan con el apoyo de líderes religiosos de denominaciones diferentes.
Un caso aparte lo constituye el nuevo trato con los pueblos indígenas, incluida posiblemente una definición plurinacional del Estado. Ello no hará más que complejizar más las relaciones entre religión, Estado y sociedad. Es de esperar que las instituciones y autoridades del estado no se confundan en sus roles: expresar reconocimiento y solidaridad por las persecuciones de las que fueron víctimas en el pasado no puede devenir privilegiar, explícita o implícita, algunas visiones de mundo por sobre otras. El “camino chileno de la secularización” está aún dando sus primeros pasos.
