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Notarios: la reforma que no llega

Notarios: la reforma que no llega

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José Antonio Valenzuela M.
Por : José Antonio Valenzuela M. Director de Asuntos Legislativos de Pivotes
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En una señal tan poderosa como desalentadora para quienes creemos que es urgente entregarle una solución a una ciudadanía que padece de los muchos defectos de mercado, la Convención da la señal de que no hay espacio para cambios y que el lobby en esta materia es especialmente efectivo. Algo huele mal en la industria de la fe pública, y pareciera que no hay forma de que se vaya.


El 7 de enero de 2020 ocurrió un hecho inédito: la Cámara de Diputados aprobó una reforma al sistema de notarios, conservadores y archivadores. Desde que se presentó el primer proyecto de reforma a esta industria, hace 10 años, la iniciativa se mantuvo congelada en el Congreso. Por un año y ocho meses el proyecto nunca se puso en tabla en el Senado, pese a que el Ejecutivo asignó en 34 ocasiones suma urgencia y 6 veces discusión inmediata, todas sin éxito. 

Tuvo que estallar un escándalo producto del rechazo de la candidatura presidencial de Diego Ancalao, quien presentó 23.135 firmas irregulares, varias de ellas certificadas por un notario fallecido, para que la Comisión de Constitución de esta Corporación se abriera a conocer el proyecto. El entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló: “Esta situación es completamente inexplicable, por qué no avanza este proyecto para mí es un misterio”. Paradójicamente, dos semanas después el proyecto se vería por última vez hasta hoy. 

Los dos intentos anteriores de reforma ya habían fracasado, el primero del Gobierno del Presidente Piñera y el segundo de la Presidenta Bachelet. Ninguno tuvo avances significativos en el Congreso. Sin embargo, en junio de 2018 fue publicado un estudio de la Fiscalía Nacional Económica que evidenciaba una serie de ineficiencias y defectos en el “mercado” de la fe pública, incluyendo ingresos exorbitantes de notarios y conservadores, poca transparencia en materia de nombramientos, cobro de aranceles de entre el doble y hasta 11 veces el valor máximo permitido y ausencia de notarías en un número importante de comunas, entre muchas otras. Este impulso permitió la aprobación del ahora estancado Boletín N° 14.711-07 en la Cámara de Diputados, el que solo se ha tramitado tres veces en el Senado, a pesar de que en su momento se le asignó en 34 ocasiones suma urgencia y 6 veces discusión inmediata. ¿Sorprende? La verdad es que no.

El último capítulo de esta triste historia provino en la Convención Constitucional, ese espacio paritario, plurinacional e independiente, donde la nueva política hacía presagiar una menor efectividad del lobby notarial en el bloqueo de reformas. Sin embargo, la realidad fue otra. El día 27 de enero se presentó el Boletín 541-6, con autores de todos los sectores, desde Chile Vamos hasta Pueblo Constituyente, con firmantes del Colectivo Socialista y los Escaños Reservados. Un caso excepcional de transversalidad dentro de la Convención Constitucional. Este proyecto creaba un “Servicio Nacional de Fe Pública”, ente estatal en el que se radicaba el “registro, guarda, custodia y almacenamiento de los instrumentos públicos y privados que determine la ley”. En síntesis, la iniciativa ponía fin a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros como los conocemos hoy. 

Este proyecto fue aprobado en general de forma unánime en la Comisión de Sistemas de Justicia y en su primer trámite fue objeto de modificaciones menores. El 3 de mayo el informe completo fue rechazado en general, con sus 91 artículos, por lo que el artículo del Servicio Nacional de Fe Pública no pudo ser votado por el Pleno. El día 13 de mayo se votó el informe de reemplazo, el que luego de una negociación de la que no hay actas ni grabaciones, se reemplazó la idea original por la opuesta, la constitucionalización de estas instituciones en los mismos términos en los que funcionan actualmente, asegurando su negocio. Afortunadamente esta norma no obtuvo los 103 votos y quedó fuera del borrador de propuesta constitucional.

Lo narrado obliga a preguntarse ¿qué pasó entre el 3 y el 13 de mayo en la Comisión de Sistemas de Justicia para que hubiese un cambio tan abrupto en su propuesta en materia de fe pública? Llama la atención que un órgano como la Convención Constitucional, tan proclive a las reformas, hubiese dado un giro radical para mantener la fe pública bajo el dominio privado en un mercado tan objetado y criticado como el de notarías, archivos y conservadores.

Este último capítulo de la saga de intentos de reforma a la regulación de la fe pública, esta vez en la Convención Constitucional, es una señal tan poderosa como desalentadora para quienes creemos que es urgente entregarle una solución a una ciudadanía que padece de los muchos defectos de este mercado, la señal de que no hay espacio para cambios y que el lobby en esta materia es especialmente efectivo. Algo huele mal en la industria de la fe pública, y pareciera que no hay forma de que se vaya.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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