Las negociaciones para un nuevo proceso constituyente y los límites del pragmatismo

El personaje que interpreta Humphrey Bogart en Casablanca, Rick (el cínico más célebre de la historia del cine), le advierte al Ilsa, el personaje de Ingrid Bergman (quizá la irresoluta más bella de la historia de cine), que “si ese avión despega y no estás [en][con] él lo lamentarás. Tal vez no ahora. Tal vez ni hoy ni mañana. Pero más tarde. Toda la vida…”. Ilsa sube al avión. Cómo no.

Esa frase y esa imagen, que una cadena de cines me permitió apreciar por primera vez en la pantalla grande (¡qué gran iniciativa, aun en cartelera!), me recordó la actitud que aparenta tener el oficialismo y la DC frente las negociaciones conducidas con la oposición para acordar un nuevo proceso constituyente. Pareciera estar primando una visión eminentemente pragmática de la cuestión. Da la sensación de que el oficialismo teme que si no se logra un acuerdo ahora (si no se sube a ese avión) lo lamentará profundamente, quizá no de inmediato, pero en el futuro, y por mucho tiempo. Pareciera escuchar, y tomar muy en serio, la advertencia de Rick.

¿Qué otra razón puede existir para que el oficialismo no resista con más firmeza la clara tendencia de la oposición a desdibujar el proceso e imponerles límites difícilmente compatibles con un verdadero poder constituyente?

Porque, seamos francos, algunos de los 12 puntos acordados ya, supuestamente para evitar “nuevas aventuras refundacionales”, limitan inaceptablemente el ámbito de discrepancia legítima dentro del potencial nuevo órgano constituyente.

No me refiero, naturalmente, a aquellos principios básicos respecto de mantenerse como una república democrática; respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas; o el principio de la soberanía popular y separación de los poderes públicos; o las alusiones a la dignidad de la persona, los derechos humanos y el anatema al terrorismo; ni al carácter indivisible del Estado.

[cita tipo=»destaque»]El oficialismo parece interpretar, pragmáticamente, que tiene un costo cero imponer desde ya esas limitaciones: la ciudadanía ya castigó duramente a un proyecto que no las respetaba.[/cita]

Me refiero a permitir que se pautee a los nuevos constituyentes (y de ese modo se pautee a la ciudadanía) en temas tales como que el Estado no podrá ser regional, ni federal, ni plurinacional, ni se podrá reconocer autonomía a los pueblos originarios; o que será obligatorio que los derechos sociales sean satisfechos siempre a través de instituciones privadas, además de las públicas; o que el Poder Legislativo deberá ser siempre bicameral; o que se prohíba de plano el pluralismo jurídico; o que deba existir sí o sí una corte constitucional (eliminando la posibilidad de que la Corte Suprema asuma el control de constitucionalidad); o el capricho de que la Constitución deba mencionar “expresamente” en su texto a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones; o que deba consagrar obligatoriamente los mismos cuatro estados de excepción actuales (de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia).

Todas estas “bases institucionales” coartan indebidamente la libertad de la ciudadanía en el siguiente proceso constitucional. El acuerdo procura protegerse frente a la soberanía popular y, tal como ocurre con la Constitución vigente, destila una obvia desconfianza hacia los electores: deben mantenerse a raya los afanes refundacionales, aun cuando la mayoría del país decidiera democráticamente que desea cambios radicales. Esa es la lectura.

Volvamos a la cuestión: ¿qué lleva al oficialismo a aceptar todo esto? Bueno, el miedo a que la oposición no cumpla su palabra y no entregue sus votos para un nuevo proceso (que no parta el avión, volviendo a Casablanca), combinado con una alta dosis de pragmatismo, conjeturo yo.

Mirado en detalle, las fuerzas del Rechazo argumentaron hasta el cansancio que la propuesta constitucional frustrada no respetaba precisamente estas mismas bases institucionales (tenían razón en una buena parte de ese alegato: la propuesta sin duda alteraba el statu quo), y ese mensaje parece haber permeado en los electores. Siendo así, el oficialismo parece interpretar, pragmáticamente, que tiene un costo cero imponer desde ya esas limitaciones: la ciudadanía ya castigó duramente a un proyecto que no las respetaba. Pero se equivoca, en mi opinión, porque coartar la libertad de los constituyentes de esa manera puede deslegitimar el proceso, en alguna medida al menos.

¿Puede empeorar todo esto? Desafortunadamente, sí, y de una manera radical.

No se ha acordado todavía ni el mecanismo ni el itinerario. Si se incorpora algún procedimiento para que un órgano externo (el Congreso, la Corte Suprema, una comisión de expertos) “controle” que esas bases institucionales se respeten; si el órgano constituyente no es 100% electo, paritario y con escaños reservados para los pueblos originarios; si participan expertos de una manera resolutiva y no meramente consultiva; si no hay espacios reales de participación ciudadana; si, en fin, se eleva el quórum de aprobación o se imponen procedimientos adicionales al mero plebiscito de salida (¡se ha propuesto que deba aprobarlo el Congreso actual por cuatro séptimos!); si ocurre algo de todo esto (advierto que no es pura imaginación: todo esto está en debate hoy), si se limita de esta manera incremental la soberanía constituyente, el proceso quedará absolutamente cuestionado. Queda un trecho por recorrer. Confío en que el pragmatismo que se ha exhibido hasta ahora no llegue a esos extremos. Es mejor un no acuerdo, que un acuerdo como ese. Es bueno el cilantro, pero…