Opinión
Hace una semana se ha notificado al excongresista Lescano, tras cuatro años de proceso, la sentencia de la 2° Sala Constitucional del Poder Judicial del Perú que confirma la sentencia de primera instancia que declaró fundada su demanda de amparo en contra del Congreso de la República que lo sancionó ilegal y arbitrariamente el año 2019, anulando todo lo actuado por la comisión de ética y el pleno de dicho Parlamento, por violación a sus derechos fundamentales, al honor y buena reputación, así como a un debido proceso.
El Lawfare –o guerra jurídica en la que se instrumentalizan los medios de comunicación social y el aparato judicial con fines políticos– se ha ampliado, como sostiene el Observatorio de Lawfare CELAG, hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros. Este incorpora y sostiene a jueces, corporaciones, periodistas, líderes de opinión, embajadas y hasta agentes de inteligencia con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública.
En este contexto resulta emblemático el caso del excandidato presidencial y congresista del Perú Yonhy Lescano Ancieta, quien el año 2019 fue acusado, a través de los medios de comunicación social, de acosar sexualmente a una periodista anónima con mensajes de WhatsApp. Los supuestos chats se entregaron a la prensa peruana por un amigo de la presunta víctima, quien los subió a Facebook y luego los difundió en redes sociales en vísperas de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Inmediatamente, el día 1 de marzo, los medios televisivos, radiales, escritos y digitales del Perú, sin mediar verificación alguna sobre la autenticidad de los chats, exhibían sin rigor profesional en portadas y titulares los WhatsApp de la denuncia junto a la imagen del parlamentario que, incrédulo, negaba ser el autor de los mensajes. De nada sirvieron sus declaraciones, fue linchado mediática y políticamente a partir de ese momento por indignados periodistas y adversarios políticos.
El presidente del Congreso peruano, de las filas opositoras a Lescano (firme cuestionador de las exoneraciones tributarias del Parlamento a bancos y mineras), recibió a la presunta víctima y envió el caso a la comisión de ética, cuyos miembros, habiendo ya adelantando opinión ante los medios de comunicación limeños, lo sancionaron a 120 días de suspensión en su cargo de congresista sin goce de haber, en un procedimiento ilegal y antirreglamentario, con el solo mérito de los dichos de la denunciante y el WhatsApp como prueba no periciada.
La Fiscalía Peruana abrió de oficio una investigación indagatoria a Lescano por el presunto delito de acoso sexual, en medio de reportajes y entrevistas dominicales a los denunciantes que entre lágrimas pedían garantías para su vida.
Tras un año de investigación fiscal, con múltiples diligencias que incluyeron sendos peritajes sicológicos e informáticos del Ministerio Público peruano, la Fiscalía concluyó que no existía delito, disponiendo archivar definitivamente los actuados. Resolución fiscal que no fue impugnada por la supuesta víctima.
Fue determinante, para el esclarecimiento de la verdad, un informe pericial informático internacional solicitado por Lescano Ancieta a un perito que figuraba en la nómina oficial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Vladimir Cobarrubias Llantén, quien elaboró un informe técnico de 12 páginas en las que se acreditó contundentemente la falsedad del supuesto WhatsApp presentado por los denunciantes, fabricado y editado con la aplicación gráfica profesional Photoshop. El perito ratificó su informe ante el fiscal del caso en Lima, del mismo modo que los peritos informáticos peruanos que no encontraron el supuesto WhatsApp ni en el teléfono de la víctima, ni en el del denunciado. La prueba no existía.
Hace una semana se ha notificado al excongresista Lescano, tras cuatro años de proceso, la sentencia de la 2° Sala Constitucional del Poder Judicial del Perú que confirma la sentencia de primera instancia que declaró fundada su demanda de amparo en contra del Congreso de la República que lo sancionó ilegal y arbitrariamente el año 2019, anulando todo lo actuado por la comisión de ética y el pleno de dicho Parlamento, por violación a sus derechos fundamentales, al honor y buena reputación, así como a un debido proceso.
Han transcurrido más de cuatro años desde que un político de reconocida trayectoria como defensor de los consumidores, con más de 132 leyes a favor de su pueblo, fuera víctima de una venganza política que se ha demorado años en desmontar con los consiguientes daños materiales y morales para él y su familia.
No fue casual que meses antes de la calumniosa denuncia le hubieran enviado a su mismo despacho congresal una corona de muertos con una tarjeta con las siglas Q.E.P.D., a pesar de los resguardos y seguridad de una institución como el Parlamento Nacional. Este denunció el hecho, pero la amenaza de muerte fue ignorada completamente.
A pesar del caso mencionado, en la justicia peruana aún se impone la verdad; funcionan las garantías a la tutela jurisdiccional efectiva de derechos a través de la doble instancia y otros principios consagrados en su constitución. Los avances tecnológicos y profesionales competentes coadyuvan a la tarea del Poder Judicial de encontrar esa verdad y hacer Justicia.
Como sociedad civil, también es nuestro deber cooperar con ese afán desde el lugar donde nos encontremos, para no amedrentarnos y lograr que casos como el de Lescano no se repitan en ninguna parte de Latinoamérica.
