Opinión
No hace falta decir que debe seguir siendo un sistema de apoyo mínimo para los ingresos bajos. No todo puede pasar por el sistema contributivo. La PGU es probablemente el instrumento adecuado en este sentido, notablemente porque puede combinarse con la pensión existente, a la diferencia de la antigua pensión básica solidaria. Pero no puede resolver todo. No puede aumentarse indefinidamente. Es necesaria una responsabilidad colectiva no estatal frente a ciertos riesgos.
Uno de los temas más importantes en el debate previsional es sin duda el lugar que debe ocupar la solidaridad. La propuesta del gobierno es integrar ciertos elementos de solidaridad dentro del sistema contributivo. Los opositores a esta parte de la reforma abogan por mantener la estricta separación actual: la función de solidaridad permanece exclusivamente entre los manos del Estado y hoy se cumple adecuadamente con la pensión garantizada universal (PGU); la función de seguro de vejez permanece en el sistema de cuentas individuales, que no debe tocarse. Esta posición ayuda a explicar la sorprendente unanimidad en el Congreso cuando se votó a favor de la PGU en enero de 2022. Para algunos de los congresistas, el trabajo se había hecho y ya no había más motivos para seguir reformando.
¿Se debe separar estrictamente estas dos funciones o, por el contrario, aceptar un cierto grado de integración? ¿Es la PGU un instrumento que puede satisfacer todas las demandas de solidaridad?
Hay dos razones fuertes, me parece, para preferir la opción de una cierta integración.
La primera es que la solidaridad expresada por la PGU concierne a las rentas bajas, pero olvida a la clase media. De hecho, no sólo las rentas bajas pueden verse penalizadas en su jubilación por ciertos “riesgos de la vida”: es el caso de una mujer que ha tenido hijos y cuya carrera se ve retrasada o afectada por ello; es el caso para quien sufrió una larga enfermedad o discapacidad, o atravesó un periodo de desempleo. Estos son hechos que pueden esperar una solicitud colectiva, sea cual sea nuestra posición en la escala de ingresos. Una solidaridad que sólo funciona a través de un mínimo, como la PGU, cubre mal estos riesgos.
La segunda razón tiene que ver con valores que me parece son compartidos por una larga mayoría, cuando se trata de nuestra convivencia. Es muy diferente, en términos de autoestima, recibir una pensión por un trabajo realizado en su pasado que una asistencia estatal. La mujer jubilada que percibe una pensión pequeña debido a una carrera interrumpida estará feliz de recibir la PGU. Pero en el fondo dirá: “He trabajado toda mi vida y aquí estoy viviendo de la caridad pública”. Cuando la solidaridad forma parte del mecanismo mismo de las contribuciones, es más silenciosa, más respetuosa y mejor aceptada por el beneficiario. Reconoce mejor la contribución de cada uno a la vida económica. El reconocimiento de sí mismo y de los demás tiene importancia.
Todas las encuestas dicen que la mayoría de los chilenos prefiere el sistema de cuentas individuales. Pero ¿qué pasaría si la pregunta se planteara del siguiente modo: “¿Está usted de acuerdo en que se aumente la pensión por causas muy precisas, como el haber sufrido una larga enfermedad o por haber criado hijos?” Bien explicada, apostamos que tal propuesta ganaría el apoyo general.
No hace falta decir que debe seguir siendo un sistema de apoyo mínimo para los ingresos bajos. No todo puede pasar por el sistema contributivo. La PGU es probablemente el instrumento adecuado en este sentido, notablemente porque puede combinarse con la pensión existente, a la diferencia de la antigua pensión básica solidaria. Pero no puede resolver todo. No puede aumentarse indefinidamente. Es necesaria una responsabilidad colectiva no estatal frente a ciertos riesgos.
Por último, hay que señalar que la inyección de una dosis de solidaridad en el sistema contributivo no prejuzga en absoluto la forma en que se organizará: ¿por un fondo colectivo?, ¿por reparto?, etc. Pero eso es otro tema.
