El desafío migratorio y los gobiernos locales

El Servicio Jesuita de Migrantes ha elaborado el Anuario Estadístico de Movilidad Humana 2024, concluyendo que la migración sigue en aumento sostenido, constituyendo una realidad estructural más que un fenómeno coyuntural. Entre sus conclusiones destaca el cambio de distribución territorial de la población migrante.  Aunque la región Metropolitana sigue siendo una con mayor porcentaje de migración, las personas se han desplazado hacia las regiones del sur. De allí, afirma la importancia de avanzar en la creación o mejoramiento de las políticas migratorias con “una perspectiva de planificación territorial, desarrollo local e integración social”.

Es necesario avanzar hacia una mayor institucionalización y descentralización de la gobernanza migratoria, fortaleciendo las capacidades estratégicas, normativas y operativas en todos los niveles de gobierno. La adopción de un enfoque multinivel –basado en derechos humanos, con participación de actores subnacionales, la sociedad civil y las comunidades migrantes–, resulta indispensable para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Chile en el marco de la Agenda 2030, en especial la meta de “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables mediante políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. 

Ante la ausencia de un marco nacional que articule niveles de gobierno, los municipios si bien cuentan con un gran potencial para impulsar la integración de las personas migrantes en sus territorios, tienen iniciativas que son frágiles institucionalmente, ya que no existen mecanismos formales y estables que faciliten, sostengan y promuevan la generación de redes de cooperación con los sectores productivos, especialmente, en el ámbito privado.

Una política pública robusta debiera otorgar la posibilidad de que cada región pueda tener un foco especial, de conformidad con sus necesidades locales. Algunos elementos transversales para la planificación del desarrollo sustentable deberían ser: la cuestión sanitaria y humanitaria relacionada con el acceso a derechos sociales básicos; la creación de programas de colocación de empleo; y el respeto de la interculturalidad. 

En esta materia, actualmente se observa una desconexión multinivel, ya que persiste la brecha entre políticas nacionales y acción local. A nivel subnacional, mientras algunos municipios han mostrado iniciativas innovadoras, los gobiernos regionales aún carecen de un marco institucional claro que les permita incidir sustantivamente en la gestión migratoria. 

El fortalecimiento de estos tres niveles de gobernanza, bajo una lógica de corresponsabilidad, coordinación y enfoque de derechos humanos, resulta indispensable para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la movilidad humana en Chile, especialmente en contextos de creciente presión migratoria y de transición demográfica regional.