Señor Director:
No es la primera vez que una nota periodística nos sorprende con malas noticias respecto a la industria del salmón en Chile. El Mostrador y otros medios han desplegado sus capacidades para evidenciar lo que artículos científicos (del ámbito natural y social) vienen demostrando hace más de una década: el crecimiento de la industria salmonera en Chile no considera las restricciones que su mismo medio biótico le impone, sin hablar de la resistencia de sus medios sociales y culturales. Se declara como manufactura, pero la salmonicultura en Chile ha funcionado bajo una lógica extractivista que consiste en solo ver como horizonte ganar nichos de mercado y satisfacer la demanda internacional.
De una u otra forma, la industria del salmón en Chile ha construido su legitimidad. Satisfacer la falta de proteína en el mundo, aunque sea un producto que no consumen las masas. Contrarrestar la crisis pesquera, aunque por el denominado “fishmeal trap” sea parte del problema en vez de la solución al tratarse de peces carnívoros (Nahuelhual y colegas 2018). Otra estrategia menos elaborada ha sido el llamado “blackmail job” o chantaje del empleo, que por cierto no es exclusividad de este sector productivo y ampliamente analizado en las ciencias sociales internacionalmente. También como lo hacen otros sectores como el minero o el forestal aumentando lo que en el mundo corporativo se denomina “valor compartido” o “políticas del buen vecino”, empujados por certificaciones internacionales que parecen ser más eficaces que las agencias estatales chilenas. Pero quisiera resaltar una última estrategia: la batalla desde la evidencia científica. En 2016 se instala fuertemente el concepto de “controversias” para establecer que las evidencias científicas no eran consensuadas respecto al daño que podría producir el vertimiento de miles de toneladas de salmones muertos o cómo esto interactuaba con otros factores no antrópicos. En ciencia no es bienvenido declarar algo como definitivo, pero también hemos entendido de que la ciencia no se desarrolla en un vacío político y social. Y eso hemos aprendido los que hemos estudiado lo sucedido en 2007 con el virus ISA, especialmente si seguimos el trabajo de la Dra. Bustos quien demuestra cómo la evidencia científica fue altamente funcional a producir más y mejor, pero no para lograr superar y menos evitar crisis sanitarias como la de 2007.
La salmonicultura 2.0 fue el ave fénix de la industria del salmón después de la crisis ISA. Hablo de una crisis que había sido prevista por científicos 10 años antes, donde se evidenciaron irresponsabilidades como usar licencias chinas más baratas de fármacos. En aquel entonces el propio embajador de la época tuvo que escribir al New York Times para denunciar las supuestas injurias que el periódico estadounidense había puesto en sus páginas respecto a una industria líder en la sustentabilidad de la acuicultura mundial. Como en sus comienzos, el Estado tuvo que ir en su ayuda de esta industria siendo garante de préstamos y empujando una nueva legislación que entre otras cosas les abrió las puertas de la Patagonia. Si bien las concesiones marítimas dejaron de ser ilimitadas, pudieron ser hipotecadas y así obtener sendos prestamos para pagar los costos de la crisis y las nuevas exigencias sanitarias y ambientales. Si bien las exportaciones disminuyeron en esos años, esto fue para tomar impulso y sobrepasar pocos años después el récord histórico. Se hablaría entonces de una industria que había aprendido, que había sido capaz de renovarse y emerger con mas fuerza.
El Mostrador irrumpe con su nota de ayer sobre los “Salmon Leaks”. Una firma noruega orgullosa de no usar antibióticos en los mares prístinos de la Patagonia y certificada internacionalmente manipula los niveles de mortandad de salmones y da reportes falsos a la entidad fiscalizadora estatal. En términos de mercado internacional, asumo que no es una buena noticia para dicha entidad de certificación internacional, ni para la World Wild Fundation (WWF), que ha promovido esta estrategia de gobernanza globalizada. Habrá que ver cómo se van desarrollando las consecuencias en ese sentido. Por el momento, hay dos aspectos dignos de resaltar producto de esta investigación. El primero es que Sernapesca sigue teniendo problemas organizacionales (dotación, implementación, etc.) para la fiscalización y es un asunto urgente y recurrente en muchos diagnósticos respecto a la sustentabilidad de la acuicultura y de la pesca. El segundo aspecto es la criticidad de la confianza pública. No es posible construir una “gobernanza para la sustentabilidad” (en palabras del Dr. Jonathan Barton) con señales de corrupción. No es posible que para saber del funcionamiento de un sector productivo que según la evidencia ha dinamizado la economía de toda la región austral de Chile, debamos tener filtraciones desde dentro de las propias empresas de información confidencial.
Debería ser obvio que la acuicultura genera un producto (peces) que es directamente afectado por la mayoría de sus externalidades negativas (contaminación, hacinamiento, etc.). Pero la historia parece demostrar lo contrario. Es urgente entonces que tanto las organizaciones de trabajadores del salmón como organizaciones ambientalistas aúnen fuerzas para denunciar estas prácticas y no estén en veredas opuestas como ha sucedido en el sector forestal. Sin una industria del salmón (seriamente) sustentable no habrá ni empleo ni ecosistema que se salve.
Ricardo Rivas
Doctor en Sociologia
