Señor Director:
Junto con saludarle, y a nombre de Track Group Chile SpA – empresa proveedora del servicio de monitoreo telemático a Gendarmería de Chile– queremos aclarar algunos puntos en referencia a la columna escrita por Francisco Acosta y Diego Rochow y publicada en su medio recientemente.
Al hablar de monitoreo telemático es preciso diferenciar entre el uso de la tobillera electrónica establecido en la ley 20.603 de 2012 que conlleva el uso de una tobillera con GPS, voz y radiofrecuencia, cuyo servicio fue adjudicado a la empresa Track Group Chile, al uso de la aplicación telefónica fundada en la Ley 21.228 aprobada en abril de 2020 y que actualmente se está utilizando por Gendarmería de Chile para la supervisión del indulto conmutativo establecido a raíz de la pandemia Covid-19, servicio que no es proveído por nuestra empresa Track Group.
La aplicación digital con GPS se debe instalar en el teléfono del condenado, dejando en él la responsabilidad de activarlo y generar los procedimientos para grabar la voz o imágenes que permitan a futuro identificar al usuario. En cambio, la tobillera cuenta con un sistema de GPS que monitorea y graba datos todo el tiempo de todos los movimientos del condenado para saber su ubicación desde el momento que es puesta, siendo esta última mucho más fiable, segura y por ello usada internacionalmente con altos estándares de eficiencia, estándares muy similares a los obtenidos en nuestro país. Dichos datos son todos monitoreados y analizados por Gendarmería de Chile en sus centros de monitoreo con personal capacitado y entrenado para tal efecto.
La tobillera electrónica, ha mostrado una efectividad de un 98% en Chile y un cumplimiento de los condenados de un 80%, mostrando el éxito de esta política pública impulsada por el Ministerio de Justicia, tanto así que de las casi 50.000 tobilleras instaladas en casi 6 años de aplicación de este sistema, el número de cortes de correa llega solo a 150 unidades, es decir sólo un 0,3%. Por otra parte, la factibilidad técnica de instalarla solo depende de la cobertura celular de voz y datos a nivel nacional, siendo estandarizada hoy a un 94,7%. En el aspecto financiero, el monitoreo telemático tiene un costo aproximado de $120.000 por condenado, frente a los $720.000 que el Estado gasta mensualmente por condenado recluido en las cárceles, es decir el costo se reduce en un 80%. Acá no se mencionan los beneficios de reinserción para el condenado.
Referente al funcionamiento de la aplicación de celular que se está probando este año no podemos referirnos, al desconocer el éxito de su uso en estos 3 meses.
Por último, no es efectivo que exista un “trato directo” que haya sido rechazado por la Contraloría General de la República en 2017 como afirma la columna y tampoco antes ni después.
Atentamente,
Andrés Briceño Sedano
Gerente Comercial Track Group S.A.
