Señor Director:
La Superintendencia de Salud publicó recientemente un estudio que evidencia el notable impacto del COVID-19 sobre la salud mental de las personas en Chile. Ello provocó un aumento de las licencias médicas y del gasto sanitario en los últimos años. Sorprendentemente, la propuesta legislativa para abordar la “crisis de las licencias médicas” es aumentar los trámites y las penas para los médicos en general, como forma de frenar a quienes emiten licencias médicas fraudulentas. Sin desconocer la importancia de resguardar la sostenibilidad económica del sistema de salud ni de perseguir a las bandas delictuales que abusan del sistema, es muy lamentable que la discusión pública respecto al tema haya sido acaparada por grupos de interés económico que priorizan la contención de costos por sobre la salud de las personas, dejando fuera la voz de médicos especialistas y de pacientes.
Según datos de la Superintendencia de Salud, las ISAPRES rechazan el 80% de las Licencias Médicas (LM) emitidas por un Trastorno de Salud Mental. Al mismo tiempo han llevado a cabo una estrategia de amedrentamiento judicial y mediático sobre cientos de médicos que trabajan en salud mental por la supuesta emisión de licencias médicas fraudulentas. Ese prejuicio de “fraudulentas”, se basa en el cuestionamiento del propio contralor de la ISAPRE, sin siquiera realizar una evaluación del paciente.
Es fácil comprender que la muerte de 61 mil personas y el contagio de 5 millones por COVID generen un aumento en los trastornos de salud mental en nuestra población, especialmente entre los más vulnerables. Por el contrario, es absurdo pensar que 8 de cada 10 licencias por trastornos de salud mental sean de personas y médicos que están cometiendo un fraude. Parece que las consecuencias negativas de suspender unilateralmente el reposo y el subsidio por incapacidad de personas con trastornos psiquiátricos graves y la criminalización del acto médico de quienes trabajan en salud mental no es relevante para nuestras autoridades. El punto es gravísimo porque en el Congreso sigue avanzando el proyecto de Ley (BOLETÍN Nº 14.845-11) que valida los abusos de las ISAPREs y que no aborda las verdaderas falencias del sistema de licencias médicas. Contener costos abusando de los pacientes con trastornos de salud mental no debiese continuar dejando indiferentes a nuestras autoridades ni quedando fuera del debate público.
Carlos Ibáñez P.
Comisión de Profesionalismo y Políticas Públicas. Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN)
Flavia Gal A.
Presidenta Fundación Circulo Polar, Integrante del Consejo Asesor en Salud Mental de MINSAL
