Encuestas, memoria y la responsabilidad de no banalizar el autoritarismo
Señor Director:
El reciente sondeo de Cadem que ubica a Augusto Pinochet como el segundo “chileno más admirado” merece ser analizado más allá del dato noticioso. El problema no radica únicamente en que un 10 % de la población manifieste esa preferencia, sino en la decisión de la propia encuestadora de ofrecerlo como opción de respuesta, situándolo en igualdad de condiciones con líderes democráticos, humanistas o culturales.
Toda encuesta es una construcción: no refleja de manera neutra la realidad, sino que la encuadra, la interpreta y, en muchos casos, la amplifica. Al incluir a Pinochet en una categoría de “admiración”, Cadem no solo registra una opinión existente, sino que contribuye a normalizar y a visibilizar como legítima una visión que relativiza crímenes de lesa humanidad.
En Chile existe un consenso internacionalmente reconocido: durante la dictadura se cometieron violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, documentadas por la Comisión Rettig, la Comisión Valech y organismos como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Estas violaciones no son objeto de disputa política, sino de verdad histórica. En ese marco, las instituciones que producen información pública encuestadoras, medios de comunicación, centros de estudios tienen la obligación ética y la responsabilidad de no trivializar esos hechos ni otorgar espacios simbólicos que los relativicen.
El derecho internacional de los derechos humanos establece, además, un deber de memoria. No se trata solo de reparar a las víctimas, sino de garantizar que hechos como la tortura, la desaparición forzada y la represión política no sean blanqueados en la esfera pública. La inclusión de Pinochet como “admirable” en una encuesta incumple ese estándar, porque lo equipara a figuras que contribuyeron a la democracia y a la cultura, diluyendo la gravedad de sus crímenes. No se trata de censurar la opinión ciudadana ni de negar que existan sectores que lo reivindican. El punto es distinto: cuando una encuestadora de alcance nacional convierte esa opción en parte del repertorio oficial de respuestas, está enviando un mensaje político sobre qué visiones son consideradas válidas para el debate democrático. Esa decisión no es inocua, y lo mínimo exigible es rigurosidad y responsabilidad metodológica. Según la propia ficha técnica, este estudio se realizó mediante encuesta autoadministrada en el panel online de Cadem. Esto implica que los participantes no propusieron libremente nombres, sino que escogieron entre opciones previamente definidas.
Chile vive un momento complejo en torno a la memoria democrática. La normalización de discursos autoritarios avanza cuando dejamos que crímenes de Estado se representen como meras “opiniones” a medir. Precisamente por eso, encuestadoras y medios tienen un deber ético de producir información con conciencia histórica, en sintonía con estándares internacionales de verdad, justicia y reparación. El desafío no es impedir que algunos expresen su admiración por Pinochet; el desafío es evitar que las instituciones que producen datos públicos lo legitimen simbólicamente como una figura equiparable a quienes dedicaron su vida a la democracia y los derechos humanos.
Atentamente,
Emilia Parra,
Abogada, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional
