Aborto: legislar con evidencia
Señor director:
En la discusión legislativa del proyecto de ley que busca legalizar el aborto hasta la semana 14, representantes de la Fundación Jaime Guzmán sostuvieron que la iniciativa no tendría carácter de urgencia y que respondería más bien a una inquietud ideológica. No es poco común que se utilice el término “ideológico” con un sentido peyorativo, para restar relevancia o negar la dimensión práctica de un debate. Sin embargo, el debate sobre el aborto no es sólo una abstracción o un enfrentamiento de principios: es una discusión sobre la vida real de las mujeres.
Frente a quienes reducen la discusión a un conflicto de valores, las profesionales de la salud recordaron que detrás del debate hay evidencia. La Asociación de Ginecólogas de Chile y la Asociación de Médicas Feministas llevaron al Congreso datos concretos, poniendo el foco en la realidad sanitaria. Sus argumentos mostraron que restringir el aborto no disminuye su número, sino que lo vuelve más inseguro; que la penalización impide aplicar las mejores prácticas clínicas y genera ambigüedades peligrosas en la atención médica. Respaldadas por la evidencia internacional, recordaron que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia consideran el aborto seguro un servicio esencial de salud reproductiva que los Estados deben garantizar. Recordar que el aborto no debe ser abordado desde la prohibición punitiva, sino desde el derecho a la salud.
Las únicas políticas efectivas para disminuir los abortos son la educación sexual integral y el acceso universal a anticoncepción, ámbitos en los que Chile sigue en deuda. Las ginecólogas también mostraron que la experiencia comparada en la región demuestra que la legalización no aumenta el número de procedimientos, sino que reduce muertes y complicaciones.
En definitiva, a través de sus exposiciones las médicas pusieron en la mesa un argumento que debería ser ineludible para cualquier discusión legislativa: el aborto es, ante todo, un problema de salud pública. Reducirlo a una mera disputa “ideológica” no sólo empobrece el debate, sino que desconoce su impacto real en la vida y la salud de las mujeres. En democracia, lo mínimo que podemos exigir a quienes nos representan es que legislen con honestidad y se guíen por la evidencia científica y no por convicciones personales.
Laura Dragnic y Lieta Vivaldi,
ABOFEM
