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Corfo, SQM y Tianqui: qué mal se hicieron las cosas

por 22 mayo, 2018

Corfo, SQM y Tianqui: qué mal se hicieron las cosas
Sobre la base de su sólida posición de mercado (más del 52% de las reservas de litio están en el país), Chile bien pudo haber optado por haber suscrito un nuevo acuerdo con otro operador, que le permitiera explotar el litio mucho antes de 2030, al amparo de condiciones considerablemente más beneficiosas para el Estado en las rentas económicas del recurso. No es discutido que, según el contrato original, la cuota del señalado mineral disponible para SQM se extinguía el 2022 y, aunque la empresa podía seguir extrayendo salmuera para producir potasio y boro, estaba obligada a descartar el recurso más valioso: el litio. [ACTUALIZADA] (*)
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Más de la mitad de las reservas mundiales de litio están en Chile y pertenecen a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que desde 1993 mantiene un contrato de arrendamiento con SQM, que otorga a esta última derechos exclusivos sobre un área que abarca aproximadamente 140 mil hectáreas del Salar de Atacama.

El litio, en su calidad de mineral no metálico, es en la actualidad el mejor componente para acumular energía y tiene un enorme potencial para la industria automotriz, tecnológica, de almacenamiento de sistemas eléctricos con alta penetración de ERNC y la electromovilidad en general. A modo ilustrativo, la próxima licitación del Transantiago incluirá la incorporación de 90 nuevos buses eléctricos al sistema, lo que constituye el primer paso hacia un modo de transporte más amigable con el medioambiente.

De hecho, la Estrategia Nacional de Electromovilidad establece que, de cara al 2050, la totalidad de los buses serán eléctricos. Así, nuestro país seguiría los pasos de lugares que le han puesto fecha de término al motor de combustión. China ya anunció que pondrá fin a la producción y venta de vehículos de combustión interna en fecha aún por definir; Francia prohibirá su venta en 2040, Alemania en 2030 y Holanda en 2025.

Por otra parte, es dable recordar que en el 2013 se iniciaron acciones judiciales contra SQM, toda vez que, en opinión de Corfo, no se estaba dando estricto cumplimiento al contrato de arrendamiento suscrito con el Estado de Chile. Es por ello que, en mayo del año 2014, la referida Corporación de Fomento interpuso una demanda ante un juez árbitro, argumentando que SQM no había pagado en forma íntegra ni oportuna, las rentas trimestrales desde el 2009 en adelante. El citado proceso arbitral concluyó, luego de una negociación de más de 3 años, con un acuerdo entre las partes, suscrito a comienzos del 2018, pacto que inexplicablemente concluyó favoreciendo vigorosamente a SQM.

La verdad es que la decisión de Corfo es muy difícil de justificar, entre otras razones, por la debilidad de tales argumentos. El primero de ellos: “Los importantes beneficios para el país por ingresos fiscales” no es verosímil, porque, de no haber mediado la extensión del acuerdo suscrito entre Corfo y SQM, en febrero de este año, la minera no metálica solo habría podido producir litio hasta el año 2022, dejando un amplio espacio para que Chile, en el marco de una decisión país de fondo, y no en sigilo, entre cuatro paredes y a escasos días de terminar un Gobierno, como la realizada en febrero de este año, hubiese adoptado la decisión política, jurídica y económica de terminar la relación contractual con SQM y, consecuentemente, evaluado alternativas distintas, con mejores expectativas y retornos financieros que la que arrojó la extensión del contrato.

¿Qué puede justificar y explicar la decisión de Corfo, de renovar la confianza y transformar en socio estratégico de Chile a SQM, una empresa con litigios pendientes con el Estado y que a todas luces no era confiable?

En opinión de algunos, como el doctor en Economía Eduardo Engel, cuyos argumentos de apoyo irrefrenable a este acuerdo comercial están plasmados en una columna de opinión que figura en la página web de Corfo, expresa que “de manera inteligente se aprovecharon las limitaciones del contrato vigente para negociar un nuevo contrato con el cual Chile será el mayor productor mundial de litio, con beneficios importantes para el país en ingresos fiscales”.

Al tenor de lo expresado, son dos los argumentos basales que Corfo tomó en consideración para ratificar y ampliar la confianza de Chile en SQM, al punto de adoptar la trascendente decisión de ratificar esta alianza estratégica, el primero, los “importantes beneficios para el país en ingresos fiscales”; y el segundo, que gracias al nuevo contrato con SQM “Chile será el mayor productor mundial de litio”.

¿Tienen asidero y son correctos los argumentos que movieron a Corfo a suscribir un nuevo contrato y ampliar el plazo del mismo con SQM?

Lamentablemente, no. Un breve análisis permite explicarlo.

La verdad es que la decisión de Corfo es muy difícil de justificar, entre otras razones, por la debilidad de tales argumentos. El primero de ellos: “Los importantes beneficios para el país por ingresos fiscales” no es verosímil, porque, de no haber mediado la extensión del acuerdo suscrito entre Corfo y SQM, en febrero de este año, la minera no metálica solo habría podido producir litio hasta el año 2022, dejando un amplio espacio para que Chile, en el marco de una decisión país de fondo, y no en sigilo, entre cuatro paredes y a escasos días de terminar un Gobierno, como la realizada en febrero de este año, hubiese adoptado la decisión política, jurídica y económica de terminar la relación contractual con SQM y, consecuentemente, evaluado alternativas distintas, con mejores expectativas y retornos financieros que la que arrojó la extensión del contrato.

La primera alternativa, era la creación de una Empresa Nacional del Litio con capacidad de operación del recurso y explotación de los  salares, por sí sola o en asociación con terceros; y la segunda opción, la concesión de explotación del litio a un nuevo operador distinto a SQM.

En tal escenario, Corfo hubiese podido adoptar una decisión alineada con las conclusiones que emanaron del informe final que elaboró la transversal Comisión Nacional del Litio en el 2015, es decir, al amparo de una estrategia país de largo plazo, cuyo único norte es el beneficio de todos los chilenos. Vale decir, era el minuto para que, en el marco de una discusión de cara al país, se hubiese adoptado la trascendente medida de crear la Corporación o la Empresa Nacional del Litio y transformarla, con el paso del tiempo, en una verdadera Codelco.

En abono de esta postura, valga citar la proposición que efectuó la referida Comisión Nacional del Litio en su informe final: Se propone crear una Nueva empresa pública o sociedad anónima estatal, o bien una filial de  las actuales empresas mineras existentes, pero dedicada exclusivamente a este fin, para, entre otras funciones, asumir las siguientes: a) Asumir las nuevas labores productivas relacionadas con la explotación de los  salares, por sí sola o, preferentemente, en asociación con terceros”. A mayor extensión señaló: “La Comisión es partidaria de que el Estado, a través de esta nueva empresa, tenga un rol  controlador en todos los proyectos de explotación de salares que se desarrollen en el país”.

En la misma línea, la Cámara de Diputados aprobó una “resolución de acuerdo” en la cual se instruía a esta Comisión evaluar y proponer las bases para una “Corporación  Nacional del Litio” que permitiera al Estado de Chile empoderarse de la extracción de este mineral.

Como es fácil comprender, sobre la base de su sólida posición de mercado (más del 52% de las reservas de litio están en el país), Chile bien pudo haber optado por la segunda alternativa, vale decir,  haber suscrito un nuevo acuerdo con otro operador, que le permitiera explotar el litio mucho antes de 2030, al amparo de condiciones considerablemente más beneficiosas para el Estado en las rentas económicas del recurso. No es discutido que, según el contrato original, la cuota del señalado mineral disponible para SQM se extinguía el 2022, y aunque la empresa podía seguir extrayendo salmuera para producir potasio y boro, estaba obligada a descartar el recurso más valioso: el litio.

Se concede el punto que, en ambos escenarios, el Estado de Chile pudo haber quedado expuesto al pago de multas y eventuales indemnizaciones, pero se trataba de un momento clave, único, en el que correr ese riesgo o haber asumido esas sanciones bien pudo valer la pena, a merced de quedar liberado de una asociación que al Estado de Chile le pesa desde antiguo (Gobierno Militar) sin lugar a dudas desde el punto de vista ético y muy probablemente también desde la perspectiva económica.

El análisis que realiza Corfo para catalogar de económicamente beneficiosa la extensión del contrato con SQM hasta el 2030, es a todas luces inexacto, pues tal razonamiento lo efectúa en base a las condiciones establecidas en el contrato anterior entre las mismas partes, en circunstancias que lo serio y riguroso, habría sido realizar el cálculo tomando en cuenta su nueva calidad en un escenario de inmejorable posición a nivel mundial y en base a proyecciones de posibles nuevos contratos, ya sea como operador estatal, solo o en asociación con terceros, o con un nuevo operador distinto a SQM.

Del mismo modo, en el escenario antes descrito el Estado de Chile podría eventualmente haber sufrido una pérdida en el corto plazo en sus rentas provenientes de este recurso, dependiendo de la capacidad y los resultados de la negociación contractual con el nuevo arrendatario u operador o la puesta en marcha de la nueva empresa nacional del litio, pero sin lugar a dudas, los beneficios tanto financieros como estratégicos hubiesen sido muy superiores a los costos iniciales, descartándose de plano que el problema hubiese sido encontrar un nuevo operador.

Por otra parte, no es fácil de comprender que Corfo, hubiera ignorado por completo el comportamiento que tuvo SQM en los escándalos de financiamiento ilegal de la política y el daño enorme que le ocasionó a nuestra democracia.

Con la renovación de confianza o el “ius fraternitatis” en SQM, al parecer Corfo quiere dar a entender a los chilenos que una empresa, en su condición de “persona jurídica” es susceptible de ser evaluada en dos dimensiones, la primera: la ética o valórica y la segunda: la de carácter financiero; y no cabe duda que el Consejo Directivo de la época, privilegió y puso en un plano de preeminencia el sólido comportamiento financiero de SQM. Craso error.

En la especie, Corfo hizo caso omiso del origen espurio de la concesión otorgada a SQM durante el Gobierno Militar; soslayó su comportamiento abiertamente corrupto que puso en serio entredicho a buena parte de nuestro sistema político; minimizó su al menos cuestionable comportamiento contractual que llevó a las partes a un procedimiento arbitral por incumplimiento en el pago de las rentas, no otorgó mérito a sus infracciones ambientales, y pese a todo ello, finalmente, no trepidó en perpetuar un monopolio en Chile, extendiendo su concesión para extraer litio hasta el año 2030. Incomprensible.

Menos aún, se entiende que no haya tenido ningún escrúpulo para renovar su affectio societatis a SQM, a sabiendas que durante el 2017, el ente regulador de valores de los Estados Unidos condenó a SQM a una multa de 30 millones de dólares, por los motivos descritos en el párrafo anterior.

Además, existe una alta probabilidad que el episodio de financiamiento irregular de la Política en Chile, en el cual a SQM le cabe un rol estelar y protagónico, sea incorporado como “caso de estudio” en el Manual de Ética y Anticorrupción de la OCDE. Al parecer, Corfo olvidó completamente que un Senador de la Republica, interpuso una denuncia ante el citado organismo internacional por hechos de financiamiento ilegal de la política y para colmo, la OCDE ya fijó como fecha de visita a Chile en diciembre de 2018.

Aunque suene demoledor y penoso decirlo, al igual que el Gobierno militar, el gobierno más progresista del último tiempo, no tuvo reparos en renovar su confianza en una empresa hasta ese minuto abiertamente cuestionable.
¿Goza de veracidad el segundo argumento que Corfo tomó en consideración para suscribir un nuevo contrato con SQM, a saber, que: “Chile será el mayor productor mundial de litio”.

Lamentablemente tampoco es efectivo este segundo argumento, tanto en el plano legal como en el financiero.

Como es fácil comprender, para que Chile sea catalogado como el mayor productor mundial de litio, sería necesario que la propiedad de este recurso, su operación e ingresos, por ejemplo, a través de una empresa estatal del litio, sea de dominio de todos las chilenas y chilenos, cual es la naturaleza societaria de Codelco. En la situación analizada, SQM seguirá siendo, en virtud de su concesión, un productor u operador con accionistas privados, nacionales e internacionales, pero no lo será el Estado de Chile, como se quiere hacer parecer.

A mayor abundamiento y en el plano financiero, es fácil acreditar este aserto, pues lo que ingresa a las arcas fiscales chilenas hoy en día, no son “utilidades” por la producción del Litio, sino solo “meros impuestos o royalties, vale decir, regalías que debe pagar quien explota un recurso, a saber SQM, quien “legítimamente” según nuestro marco regulatorio tiene el derecho de recibir tales ganancias. Claro es que Chile en la práctica, no actúa con ánimo de dueño ni es el productor del recurso Litio.

Desde luego, también llaman poderosamente la atención los cambios que el nuevo contrato introduce al Gobierno Corporativo de SQM, los cuales frente a un simple examen pudiesen ser catalogados de saludables, no obstante, estos solo se encargaron de regular aspectos de la “administración de la empresa”, mas no de su propiedad o su naturaleza accionaria, vale decir, no impiden que ingresen nuevos actores a la propiedad de SQM, como de hecho así ocurrió esta semana, con el ingreso de un gigante o una “súper estrella” que maneja más del 70% de la producción mundial, denominado el Rey del Litio, como se conoce a Tianqui en el mundo.

Lo anterior abre el delicado debate de si se está o no frente a un atentando contra la libre competencia, el patrimonio fiscal, los derechos de los accionistas minoritarios, el desarrollo de la industria del litio en Chile y de la electromovilidad a nivel mundial. Que mal se hicieron las cosas.

Complejiza aún más el escenario, el total rechazo manifestado por el Consejo de Pueblos Atacameños al acuerdo entre SQM y CORFO, quienes junto con la interposición de un Recurso de Protección –última esperanza- en contra del citado pacto, (que hasta esta semana la Corte de Apelaciones no había resuelto) señalan no haber sido consultados, en materias que obligatoriamente el Convenio 169 de la OIT prescribe que procede “La Consulta” a los pueblos originarios. A nadie extrañaría una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Justicia condenando al Estado de Chile por una vulneración al Convenio de la OIT.

Qué lástima haber perdido tan buena oportunidad, de crear encadenamientos productivos, de crear el Silicon Valley de Atacama, y que los beneficios de nuestras riquezas hubiesen sido para toda gente que habita este país. Que mal se hicieron las cosas.

(*) N de la R: Posterior a la publicación de esta nota se agregaron párrafos que, por problemas en la transcripción, quedaron fuera de la primera versión.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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