Opinión
En este contexto de devaluación han cooperado —demasiado tal vez— algunas entidades encargadas de administrar el Derecho. Basta nada más con recordar un breve listado de casos resueltos por el Tribunal Constitucional para darse cuenta cómo, con razón, el respeto por éste está por el piso: la invención de la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo, Cascadas y multas a SQM, Sernac sin dientes y, ni hablar de la forma en que se han designado varios de sus miembros. En un gesto extemporáneo, casi fantasmal, hay quienes se empeñan en creer que los argumentos jurídicos permitirán calmar al gran público, Eso es inocencia o derechamente una negación que sigue aportando a la pérdida de autoridad en la época actual.
Los argumentos jurídicos solían disfrutar de un prestigio social que se ha perdido. Tres ejemplos ilustran esta idea.
Primero: a pesar de los esfuerzos de su abogada por convencer a la opinión pública que el cineasta Nicolás López tiene un derecho a la presunción de inocencia en sede penal, de ninguna manera logra detener el descrédito público de su cliente que, en pendiente resbaladiza, disminuye a medida que se sigue conociendo más información proporcionada por sus víctimas.
Segundo: un fiscal explica en un programa de televisión por qué decidió no llevar a un juicio oral por cohecho y soborno a acusados por platas sucias en política. Si bien, las razones parecen claramente técnicas y —valga decirlo— en el juicio abreviado sí hay condenados, lo cierto es que persiste una sensación pública de impunidad por la decisión del persecutor.
Tercero: en la manifestación contra la construcción de viviendas sociales en Las Condes —situación que, de paso, ha permitido mostrar lo peor de algunos vecinos de la comuna— alguien decía tener “derecho” a que no disminuyera la plusvalía de sus inmuebles, cuestión que las redes sociales no perdonaron (ciertamente, en alguna versión atomizada o monetarista del derecho de propiedad esa tesis hasta puede tener algún asidero).
¿Por qué las razones jurídicas, que parecían tener una capacidad de clausurar cualquier debate, ya no lo están logrando? En otros términos, ¿por qué apelar a la titularidad de un derecho -como en el caso de López o del propietario anti-integración social- o bien a la legalidad como lo hace el fiscal para indicar que ha cumplido puntualmente la ley, ya no tiene el efecto que los abogados esperaban, terminar con el problema?. Varias son las respuestas que pueden ensayarse.
La más obvia es que la idea de un discurso vertical como el jurídico, donde quien habla desde el derecho parece detentar un saber alejado de la mundanidad, choca de frente con la configuración de la época actual, donde la horizontalidad ha comenzado a imponerse como principio para el trato en común. Que un abogado hable en una jerga difícil de descifrar, como si estuviera diciendo algo importante, no es una razón para no tener opiniones sobre aquello, las que pueden ser morales, jurídicas o bien, provenir desde la menos instruida sensación personal. Esto último no es nada nuevo en la teoría del Derecho, pero lo que sí ha comenzado a ser novedoso es el clima que puede producirse mediante las redes sociales y las cientos o miles de opiniones que —literalmente— pueden leerse sobre un tema en particular.
[cita tipo=»destaque»]El Derecho, como todas las instituciones, está en cuestión en el presente ciclo político y social. El lugar de las razones legales está confinado a las instituciones que resuelven jurídicamente: las Cortes, la Contraloría, etc o bien, circunscrito a la discusión académica. Fuera de ahí, las decisiones de la autoridad están sujetas a un escrutinio público que ya no es técnico ni goza del prestigio de antaño. Por cierto, esto no implica que haya que darle la razón a la opinión pública, el populismo penal es el riesgo más claro para no hacerlo, pero eso no significa que no sea relevante. Hoy es necesario entender que el entorno del Derecho se ha vuelto más sofisticado y que la estrategia comunicativa de las razones jurídicas en el debate público debe modificarse.[/cita]
Hay más. Porque un segundo problema ha sido la banalización o bien vulgarización de los derechos, esa idea que cualquier posición personal puede estar, sin mucha reflexión, protegida hasta por la Constitución. No deja de ser curioso que haya sido la dictadura el contexto de proliferación de este discurso, pues, mientras por una parte las víctimas debieron esgrimir el lenguaje de los derechos para poder protegerse del régimen, por otra parte, el constitucionalismo ochentero de guerra fría fomentó la idea que la fórmula de oro para reducir al Estado y que este no interviniera en la libertad neoliberal, eran los derechos que la Constitución de la dictadura diseñó. Si ya cualquier cosa puede ser protegida como un derecho, entonces decae la relevancia de éstos.
El Derecho también ha perdido su potencia por la pulsión incontinente de los legisladores de creer que todo se soluciona con leyes, por ejemplo disminuyendo la edad para atribuir responsabilidad penal o aumentando las penas con tal de reducir la criminalidad ordinaria, cuestión que está probadamente equivocada. El punto es que, aunque se haga mediante la ley, si una política pública es mala, lo seguirá siendo y su fracaso impacta directamente a las personas que descreen de la eficacia del Derecho.
En este contexto de devaluación del discurso jurídico han cooperado —demasiado tal vez— algunas entidades encargadas de administrar el Derecho. Basta nada más con recordar un breve listado de casos resueltos por el Tribunal Constitucional para darse cuenta cómo, con razón, el respeto por el Derecho está por el piso: la invención de la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo, Cascadas y multas a SQM, Sernac sin dientes, etc, y ni hablar de la forma en que se han designado varios de sus miembros.
El Derecho, como todas las instituciones, está en cuestión en el presente ciclo político y social. El lugar de las razones legales está confinado a las instituciones que resuelven jurídicamente: las Cortes, la Contraloría, etc o bien, circunscrito a la discusión académica. Fuera de ahí, las decisiones de la autoridad están sujetas a un escrutinio público que ya no es técnico ni goza del prestigio de antaño. Por cierto, esto no implica que haya que darle la razón a la opinión pública, el populismo penal es el riesgo más claro para no hacerlo, pero eso no significa que no sea relevante. Hoy es necesario entender que el entorno del Derecho se ha vuelto más sofisticado y que la estrategia comunicativa de las razones jurídicas en el debate público debe modificarse.
A pesar de lo anterior, en un gesto extemporáneo, casi fantasmal, hay quienes se empeñan en creer que los argumentos jurídicos permitirán calmar al gran público. Esto es inocencia o derechamente una negación que sigue aportando a la pérdida de autoridad del Derecho en la época actual.
