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Piñera y el desmantelamiento de las concesiones en el espacio radioléctrico

por 16 agosto, 2018

Piñera y el desmantelamiento de las concesiones en el espacio radioléctrico
Si la intención real de suspender las concesiones era modificar las políticas públicas en materia de tecnologías y concesiones, el Gobierno tiene iniciativa de Ley ante el Congreso o, incluso, puede modificar los Reglamentos a través de un Decreto Supremo suscrito por el Presidente de la República, previa toma de razón ante la Contraloría General de la República. Pero no se puede desmantelar, vía Resolución Exenta de un subsecretario o subsecretaria, una política pública completa de concesiones ya otorgadas, que estaría vigente por los próximos 20 años.
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La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha dictado la Resolución Exenta N° 1289/2018, por la cual suspenden las concesiones entregadas hace más de una década a las empresas de telecomunicaciones para operar en la banda de frecuencias 3.400-3.800 MHz, además de congelar cualquier nueva autorización para prestar servicios en dicha banda. Así, se ha puesto término a las concesiones del espectro radioeléctrico para los servicios de telefonía fija e internet que ocupa una parte de la población.

Se trata de una nueva improvisación del Gobierno, que se suma a los otros “errores no forzados”, el fallido nombramiento del hermano del Presidente como embajador en Argentina, el decepcionante comportamiento de la Superintendencia de Bancos fiscalizando el hackeo bancario, la sequía legislativa y, ahora último, la caída del ministro de Cultura. Pero el Gobierno no renuncia a su voluntarismo por decreto y agrega a la larga lista de infortunios el desmantelamiento del régimen de concesiones en materia de telecomunicaciones.

Recordemos que, en la última campaña presidencial, el entonces candidato Sebastián Piñera enarboló como una de sus principales banderas los errores del Nueva Mayoría en la implementación de las reformas. De este modo, se instaló en la opinión pública la idea que, más allá de las ideas políticas de cada sector, la economía y especialmente la “técnica” siempre han tenido domicilio en los conglomerados de derecha.

En su campaña, el actual Presidente argumentó que la seguridad jurídica era el requisito sine qua non de la estabilidad económica y la promoción de las inversiones, y que si se realizaban reformas que no respetaran los derechos adquiridos de las empresas, Chile devendría en un país apocalíptico llamado “Chilezuela”. De ahí –según él– la importancia de respetar las reglas del juego por sobre todas las cosas.

Así las cosas, la misma Resolución Exenta N° 1289 de la Subtel que fue publicada en el Diario Oficial señala, como única consideración, que es necesario “estudiar en profundidad el uso que se dará a la banda de frecuencias en concordancia con los usos internacionales”, esto es, una suerte de preocupación sobre cómo se aplicarán las futuras tecnologías en nuestro país. El regulador congela el sistema para estudiar, es decir, no tiene un conocimiento acabado del sector a regular y qué hacer. Argumento que nos recuerda los constantes llamados de atención de la Corte Suprema a la Administración por no fundar sus decisiones en ambigüedad o supuestos.

Sin perjuicio de dichas declaraciones grandilocuentes realizadas durante la campaña, el Gobierno, a través de la Subtel, ha prescindido por completo de ellas, y ha desmantelado el régimen de concesiones mediante una mera Resolución Exenta –la normas de más baja jerarquía en el derecho público–.

Cabe hacer presente que las concesiones del espectro radioeléctrico recientemente congeladas, se habían otorgado luego de largas y extenuantes licitaciones públicas realizadas a finales de la década pasada, por el plazo de 30 años y que estarían vigentes hasta bien entrada la década de 2030. Esto significa que, por vía administrativa, se puso fin a las concesiones de telecomunicaciones otorgadas, con 20 años de anticipación.

Ahora bien, ¿cuál fue el motivo para terminar las concesiones de telecomunicaciones de un plumazo y restando 20 años del plazo de concesión? En esta materia, el Gobierno ha sido incapaz de articular una explicación coherente, dando diferentes explicaciones dependiendo del interlocutor.

Así las cosas, la misma Resolución Exenta N° 1289 de la Subtel que fue publicada en el Diario Oficial señala, como única consideración, que es necesario “estudiar en profundidad el uso que se dará a la banda de frecuencias en concordancia con los usos internacionales”, esto es, una suerte de preocupación sobre cómo se aplicarán las futuras tecnologías en nuestro país. El regulador congela el sistema para estudiar, es decir, no tiene un conocimiento acabado del sector a regular y qué hacer. Argumento que nos recuerda los constantes llamados de atención de la Corte Suprema a la Administración por no fundar sus decisiones en ambigüedad o supuestos.

Sin embargo, dicho razonamiento cambia ante la Cámara de Diputados. Ahí, la subsecretaria de Telecomunicaciones invocó un razonamiento distinto, acusando a algunos operadores de telecomunicaciones de tener la “intención real de realizar conductas anticompetitivas” para evitar el ingreso de nuevos actores al sistema.

Lo anterior nos lleva a un problema de congruencia de la decisión gubernamental. No es posible que la decisión pública de suspender las concesiones tenga distintas motivaciones o leitmotiv según a quien tenga como público. En el Derecho Administrativo no vale ese viejo refrán de un destacado futbolista, que afirmaba que “no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”.

En este sentido, si la intención real era modificar las políticas públicas en materia de tecnologías y concesiones, el Gobierno tiene iniciativa de Ley ante el Congreso o, incluso, puede modificar los Reglamentos a través de un Decreto Supremo suscrito por el Presidente de la República, previa toma de razón ante la Contraloría General de la República. Pero no se puede desmantelar, vía Resolución Exenta de un subsecretario o subsecretaria, una política pública completa de concesiones ya otorgadas, que estaría vigente por los próximos 20 años.

Por el contrario, si la intención del Gobierno era reprimir las conductas anticompetitivas, lo que procedía era formular cargos a las empresas, darles la oportunidad de presentar sus defensas y pruebas y, luego, aplicarles una sanción, si es procedente. Tal como lo señaló la Corte Suprema en el bullado caso “Sbif con CorpBanca”, no se puede aplicar una sanción “de plano”, sin la realización de un procedimiento previo.

El Gobierno ha mostrado una vez más que la desprolijidad tiene domicilio en la actual coalición política que gobierna, y que el Presidente tiene un discurso diverso a sus ministros y subsecretarios, que tienen graves inconvenientes en asegurar la estabilidad económica y seguridad jurídica. Esperemos que el Gobierno recapacite y abandone el camino del “decretismo”.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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