Aula Segura o Democrática: segunda parte incierta

La semana pasada asistimos a algo similar a las conferencias de prensa de dos entrenadores después de un reñido empate: ambos valoran el juego de su equipo, la estrategia diseñada y, por supuesto, sentencian que por el trámite del partido, el resultado obtenido fue un triunfo. Tanto la ministra de Educación, Marcela Cubillos, como la senadora DC Yasna Provoste –presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Alta– representaron el rol de esos directores técnicos, al evaluar, con solo un par de minutos de diferencia, el resultado de la votación en Sala del controvertido proyecto “Convivencia Escolar”, que para la secretaria de Estado se llama “Aula Segura” y para la parlamentaria es “Aula Democrática”. La diferencia en el apellido refleja en plenitud las diferencias de fondo expresadas entre el oficialismo y la oposición durante la discusión de la iniciativa del Gobierno.

Lo cierto es que el proyecto estuvo a punto de terminar en un duro revés para La Moneda. La Comisión de Educación rechazó originalmente la iniciativa compuesta por un artículo único, demostrando que la capacidad de negociación del Gobierno está lejos de la altura que requerirán para sacar adelante las reformas Tributaria, Laboral y de Pensiones. Antes, con la discusión del empleo mínimo, ocurrió lo mismo.

Pero a última hora se flexibilizaron las posiciones y se pudo avanzar, convirtiendo el cuerpo legal en dos artículos permanentes y dos transitorios, es decir, pasar de una ley de un párrafo a una de cuatro. La oposición cuestionó con fuerza la falta del debido proceso que implicaba la expulsión inmediata del estudiante involucrado en un acto de violencia expresada hacia sus propios educadores, funcionarios y compañeros de colegio. Ahora el alumno inculpado podrá ejercer el derecho a defensa –con que hoy cuentan desde un estafador de cuello y corbata hasta un asesino en serie–, aunque se le aplicará la suspensión mientras dure la investigación.

[cita tipo=»destaque»]Aunque la “cocinería” entre el Gobierno y la ex Nueva Mayoría obtuvo un triunfo por goleada –33 a 1– en el Senado, aún el proyecto está lejos de convertirse en ley. Ahora se inicia la tramitación en la Cámara Baja y el escenario proyectado será distinto. De partida, hay mayor diversidad, especialmente en la oposición. Solo entre comunistas, Regionalistas Verdes y el Frente Amplio contabilizan 32 parlamentarios, sin considerar lo que puede ocurrir en las filas de la Convergencia Progresista y la Democracia Cristiana. De ahí que La Moneda deberá replantearse la estrategia agresiva con que optó inicialmente e intentar un acuerdo, a sabiendas de que eso supone aumentar los cuatro artículos aprobados en el Senado.[/cita]

Durante la extensa discusión de la iniciativa pudimos ver cómo los distintos bloques políticos perfilaban sus posiciones ideológicas frente a esta especie de estímulo presentado por el Gobierno. Estímulo porque, en el caso de la oposición, observamos que lentamente empiezan a levantar cabeza y mostrar los primeros síntomas de ordenamiento. También presenciamos el liderazgo asumido por Provoste –que le dio un nuevo aire a su alicaído partido– y el ejercicio del rol “negociador” que sigue proyectando el cuarteto Lagos-Insulza-Letelier-Pizarro. Por su parte, el senador RD, Juan Ignacio Latorre, demostró que el Frente Amplio no tiene problemas en mantener una posición disidente, aunque incluso sea políticamente incorrecta.  

El Gobierno, por su parte, desplegó una estrategia comunicacional bastante efectiva, logrando instalar una dualidad de posiciones muy polarizada: quienes estaban por la educación segura versus los que estaban a favor de la violencia, algo muy lejano al texto de ley en discusión. Incluso, el Presidente Sebastián Piñera escribió un Twitter que pudo haber cerrado completamente las compuertas al acuerdo logrado horas después. La señal de La Moneda era clara: aprovechar el clima de opinión pública que ha generado un grupo pequeño de vándalos para avanzar en esta línea. No sería raro que en el segundo piso haya varios pensando que la ola populista y pro orden generada desde Brasil pueda tener frutos en nuestro país.

Aunque la “cocinería” entre el Gobierno y la ex Nueva Mayoría obtuvo un triunfo por goleada –33 a 1– en el Senado, aún el proyecto está lejos de convertirse en ley. Ahora se inicia la tramitación en la Cámara Baja y el escenario proyectado será distinto. De partida, hay mayor diversidad, especialmente en la oposición. Solo entre comunistas, Regionalistas Verdes y el Frente Amplio contabilizan 32 parlamentarios, sin considerar lo que puede ocurrir en las filas de la Convergencia Progresista y la Democracia Cristiana. De ahí que La Moneda deberá replantearse la estrategia agresiva con que optó inicialmente e intentar un acuerdo, a sabiendas de que eso supone aumentar los cuatro artículos aprobados en el Senado.

Donde las cosas están complicadas es en el Frente Amplio. Más allá del proyecto mismo, esta coalición vive momentos difíciles, por tanto, sus decisiones tendrán más que ver con la resolución de sus problemas internos que con lo que pase en Aula Segura o Democrática, que a estas alturas se está pareciendo a la discusión entre Régimen Militar o Dictadura.

El FA viene de dos derrotas estrepitosas, con la acusación constitucional al ministro Emilio Santelices y el intento de destitución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que dejó en evidencia la falta de manejo político de esta coalición. También han dedicado un exceso de energía a las disputas de liderazgos internos, los desaguisados de Flor Motuda e incluso la enfermedad de Gabriel Boric. Así, esta será una prueba de fuego para mostrar unidad, pero también para cumplir con el rol de dirimir proyectos en una Cámara en que ni Gobierno ni la ex NM tienen mayoría. Y el voto de Latorre es una señal clara.

En el autodenominado progresismo, la propia presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Cristina Girardi (PPD), ha manifestado críticas al acuerdo logrado en el Senado. De seguro el rol que cumplirá será similar al de Provoste, con la diferencia de que ahí no existen personajes con peso transversal para negociar una salida, como un Ricardo Lagos Weber o un Jorge Pizarro. En el PS, de sus 19 diputados, al menos 10 representan posiciones opuestas al ex canciller Insulza, por tanto, podrían sumarse en una moción de consenso con el FA y algunos PPD. Además, ya existe un grupo transversal de 5 diputados –incluida Girardi– que adelantaron que presentarán indicaciones, las que ya estuvieron en un proyecto anterior impulsado por Camila Vallejo.

Pero en el oficialismo las cosas tampoco están definidas. Aunque es evidente que existe una posición casi unánime, lo cierto es que ya la UDI ha anunciado que, en el caso que la oposición no ratifique el acuerdo, intentarán reponer el proyecto original, el que incluía la eliminación de la gratuidad a quienes estuvieran involucrados en hechos de violencia. Claro, ese ya sería un proyecto completamente distinto al aprobado.

El resultado final será una señal anticipada de cómo se moverán el Gobierno y los diferentes partidos en los proyectos legislativos que se vienen, partiendo por el de Presupuesto 2019 y terminando con la Reforma de Pensiones. Veremos si la oposición es capaz de tener un frente común y si Chile Vamos mantiene la precaria unidad que está mostrando hoy. Pero, especialmente, será un desafío para el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, quien aún no ha demostrado tener la capacidad para sacar adelante las iniciativas de mayor complejidad.